La Audiencia condena a 3 años al general Navarro y a 18 meses a los otros dos acusados por el Yak 42

• Condena a los tres militares por un delito de falsedad en documento oficial
• Les encuentra responsables de las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas
• Es la primera vez en su historia que la Audiencia condena a un general
• La sentencia considera probado que Navarro asignó "identificaciones aleatoriamente"
• Navarro podría evitar su ingreso en prisión, de momento, si recurre ante el Supremo
• El ex ministro Trillo defiende a los condenados ya segura que "no comparte la sentencia"
• Consulte la cronología de los seis años del accidente hasta las primeras condenas

El general Navarro condenado a tres años de prisión

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de los militares fallecidos en el accidente del Yak 42. Es la primera vez que la Audiencia condena a un general en toda su historia. La sentencia considera probado que Navarro era "plenamente consciente" de que los turcos le entregaban 30 de los 62 cuerpos sin identificar y que decidió "falsear la verdad".

Navarro es condenado como "autor" de un "delito de falsedad en documento oficial por funcionarios públicos" y a Ramírez y Saéz como "cómplices" del mismo delito, según el fallo. El fiscal había pedido cinco años para Navarro y cuatro años y medio para los otros dos acusados.

El fallo impone también dos años de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas a Navarro, que tendrá que pagar una multa de seis meses (1.800 euros), e indemnizar con 10.000 euros a los familiares de cada una de las 30 víctimas mal identificadas. Si recurre ante el Supremo podría eludir, de moemnto, la cárcel.

Los otros dos condenados son condenados, además, a un año de inhabilitación y una multa de tres meses (900 euros). Si ninguno de los tres acusados pueden pagar las indemnizaciones será el Estado el que deba hacer frente a las indemnizaciones.

Las familias, que recurrirán la sentencia, se han mostrado "emocionadas" y con "ánimo" para seguir con la búsqueda de la verdad. La Fiscalía en cambio no la recurrirá. Mientras, que el ex ministro de Defensa Federico Trillo ha "roto su silencio" para defender la actuación de los militares condenados. "Tengo que respetar la sentencia, pero no la comparto, máxime cuando no es firme".

Navarro asignó identificaciones "aleatoriamente"

La sentencia considera probado que Navarro "actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad al emitir documentos con identificaciones aleatoriamente asignadas".

"A pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos [en referencia a las fichas elaboradas a partir de la inspección ocular] todos los cuerpos, Navarro elaboró una lista en la que junto al número asignado a cada cuerpo aparecía un nombre y apellidos correspondiente a uno de los 62 militares españoles, de modo que aparentaba que todos ellos habían sido identificados, cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria en treinta casos", señala el capítulo de hechos probados, informa Europa Press.

El tribunal sostiene que el general Navarro y los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez actuaron "con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad", y añade que el teniente general José Antonio Beltrán, encargado de coordinar las tareas de repatriación, también conocía las irregularidades.

El acta turca: sabían lo que firmaban

La sentencia afirma que "no es verosímil" que dos generales del Ejército español [Navarro y Beltrán] firmen un documento en el extranjero (...) sin conocer el contenido de lo que están firmando" en referencia al acta de entrega de los cuerpos redactado por las autoridades turcas, en el que se explicitaba que 30 cuerpos no estaban identificados.

No obstante, exculpa a Beltrán de cualquier responsabilidad penal en estos hechos porque, a pesar de que suscribió el acta, Navarro le aseguró que todos los cadáveres habían sido reconocidos, "lo que no se correspondía con la realidad".

Con respecto a Ramírez y Sáez, el tribunal explica que ambos "sabían que 30 cadáveres no podían haber sido identificados con los datos que poseían". Se trataba, según el tribunal, de "un hecho evidente para un profano, por tanto más aún para dos personas con su cualificación profesional, cuanto de lo declarado por los forenses turcos, con los que trabajaron codo con codo".

Colaboración de las autoridades turcas

En relación con la actuación de las autoridades de Trabzon, a las que Navarro culpó de los errores en las identificaciones, la sentencia destaca la "colaboración" que existió "entre españoles y turcos". Así, el acta de entrega fue "redactada de mutuo acuerdo, sin que sea cierto que éstos pusieran innumerables obstáculos a las identificaciones", como señaló Navarro durante el juicio.

Según la sentencia, el general también "era conocedor de que los turcos habían tomado muestras de ADN", a pesar de lo cual "intentó desacreditar el valor de esas muestras manifestando que todas se tomaron con el mismo bisturí y sin mascarilla".

La resolución judicial también pone de relieve que el equipo militar español que llevó a cabo las tareas de repatriación contó en todo momento con "un buen intérprete", tal y como acreditó durante la vista oral el entonces cónsul español, Raimundo Ezquerra.

Dulcificar la tragedia, "una excusa"

El tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, también califica de "excusa" el argumento esgrimido por Navarro según el cual omitió los detalles sobre los daños que sufrían los cuerpos para "dulcificar" la tragedia a las familias.

"Las omisiones no trataban de evitar a las familias un mayor dolor. A sugerencia del acusado Navarro, con la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación", sostiene.

Además, justifica la concesión de 10.000 euros por familia en concepto de indemnización por "el daño moral derivado de la prolongación del duelo complicado" que éstas sufrieron "como consecuencia de las falsas atribuciones de identidad".

Sin embargo, rechaza las solicitadas por los allegados de los 32 militares que fueron correctamente identificados porque no fueron víctimas de los hechos enjuiciados. En todo caso, el tribunal asegura compartir "el dolor de las familias" y se manifiesta "consciente de que aquéllas cuyos parientes estaban correctamente identificados han sufrido cierta zozobra, inquietud o desazón, al enterarse de que había identificaciones erróneas".

Navarro podría eludir la cárcel si recurre ante el Supremo

El general Navarro podría eludir la cárcel, de momento, si recurre en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional, informa Europa Press. La doctrina del Alto Tribunal establece que en los casos de condenas inferiores a cinco años y siempre que el condenado pida la anulación de la resolución, queda eximida la obligatoriedad de comenzar a cumplir la pena en prisión, según informa Europa Press, hasta que el Supremo se pronuncie para ratificar la condena, modificarla o anularla.

Por este motivo, fuentes de los abogados de las familias consultadas por Servimedia explican que no descartan pedir la ejecución provisional de la sentencia para que Navarro ingrese en prisión.

El juicio del Yak 42

El juicio quedó visto para sentencia el 21 de abril tras nueve sesiones y más de una veintena de testimonios. El fiscal Fernando Burgos solicitó cinco años de cárcel para el principal imputado, el general de Sanidad, Vicente Navarro, y cuatro años y medio para los dos médicos, también militares, que realizaron los informes de necropsia: el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Burgos imputaba a los tres un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identificaciones.

Las familias de las víctimas solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio la orden" de repatriar los cadávares para celebrar el funeral de Estado tan sólo dos días después del accidente.

El juicio comenzó el 24 de marzo con la declaración del principal acusado. Vicente Navarro admitió que era "evidente" que hubo errores en la entrega de los cuerpos pero no en las identificaciones y responsabilizó a los turcos de "manipulaciones, cambios de saco y de números".

Los otros dos acusados, José Ramírez y Miguel Sáez, en su comparecencia, asegurararon que se limitaron a seguir órdenes y que fue el propio Navarro el que les garantizó que todos los cuerpos estaban identificados y que volvían a casa.

Las "prisas" por volver

Sin embargo, fueron varios los testigos que aseguraron que los españoles tenían prisa por volver. Entre ellos, dos forenses turcos que afirmaron que "insistían en llevárselos [los cadáveres], incluso, sin identificar" para llegar al funeral de Estado y que "prometieron" terminar el trabajo de las identificaciones en España.

Pero antes, también hizo referencia a las prisas, el general José Antonio Beltrán, encargado de coordinar la repatriación, que reveló que el ex ministro de Defensa Federico Trillo le pidio traer los cadávares "cuanto antes". Uno de los enfermeros, que trabajó con José Ramírez en los trabajos, también afirmó en el juicio que "había que darse prisa para enferetrar" para llegar al funeral.