La entrevista en 24 Horas de RNE ha abordado la brecha entre los buenos datos macroeconómicos y la percepción de las familias. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha asegurado que "actualmente nuestra preocupación mayor es que la buena marcha de la economía española se traslade a las familias de las personas trabajadoras" y ha advertido de que, pese a liderar el crecimiento en la eurozona, España sigue siendo "el tercer país de la Unión Europea en riesgo de pobreza", con "4,3 millones de personas en riesgo de exclusión severa". Luján ha insistido en que los salarios cercanos al SMI "se han estancado o no han crecido" al ritmo necesario, lo que ha impedido que la mejora macroeconómica se haya traducido en bienestar cotidiano.
Por su parte, el analista económico Alberto Montero ha explicado que entre 2021 y 2024 el PIB español "ha crecido prácticamente un 13%", pero ha detallado que el reparto de esa riqueza "se ha ido, básicamente, a los beneficios empresariales", que se han llevado un 6,5% del crecimiento frente al 5,1% destinado a salarios. Además, ha subrayado que, descontada la inflación, "el salario en términos reales ha caído prácticamente en un punto", por lo que "la percepción de que la economía va bien, pero las economías domésticas no van tan bien, no es una percepción, es una realidad". Montero ha atribuido esta pérdida de poder adquisitivo al impacto de la inflación tras la guerra de Ucrania y al encarecimiento de productos básicos.
Ambos expertos han coincidido en la necesidad de reforzar las políticas públicas y la redistribución. Luján ha defendido una subida salarial general del 4% anual durante tres años y ha criticado que "los márgenes empresariales han subido un 13,9%" mientras se ha rechazado trasladar esos beneficios a los convenios. Montero, por su parte, ha señalado que el Estado del bienestar español ocupa el puesto 16 de 28 en capacidad redistributiva y ha advertido de que "España tiene la vergüenza de ser el segundo país de Europa con mayor tasa de pobreza infantil". Sobre la vivienda, Luján ha reclamado que deje de tratarse como un activo financiero y pase a garantizarse como derecho: "El Estado tiene que intervenir en el mercado y garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho universal".
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afea a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que haya entrado a los ataques personales contra él por no sumarse a la subida del SMI: "A la ministra cuando no le das la razón, va a atacarte. Vas de la mitad de mi sueldo va para Hacienda, que se lo lleva ella para gestionarlo". Defiende que su sueldo "es público" y acusa a Díaz de "romper" el contrato social: "Me parece que utilizar estos medios me recuerda a alguna política de algún país de Sudamérica".
Pese a todo, Garamendi asegura que los puentes "no están rotos" y que siguen "abiertos a hablar" y que "no van a romper ninguna mesa". Aun así, lamenta las formas y que asegura que el acuerdo por el SMI no entra dentro del diálogo social, porque ellos no han participado. Critica que en el cálculo de la subida del salario no se ha tenido en cuenta a la agricultura o el servicio doméstico. Además, apunta que tienen un "impacto en la negociación colectiva".
Garamendi defiende el derecho de la patronal a también "poder hablar de cualquier cosa" sin "que te pongan a parir". Asegura que es fundamental "el respeto". Cree también que el Gobierno "no está a la altura del país" aunque evita pronunciarse sobre un cambio en la Moncloa. En este sentido, una de estas cuestiones es el absentismo laboral. Según el presidente de la CEOE hay más de 1 millón de personas en esta situación y exigen un "sistema de bajas que funcione".
El Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo que elevará un 3,1% el salario mínimo profesional (SMI), hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Esto implica un alza de 37 euros cada mes para 2,5 millones de trabajadores, y el SMI queda fijado en 17.094 euros brutos anuales.
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El Salario Mínimo Interprofesional subirá un 3,1% este año, hasta los 1.221 euros en 14 pagas, y se aplicará de forma retroactiva desde el pasado 1 de enero. El Consejo de Ministros aprobará, posiblemente este martes, el aumento de 37 euros mensuales en la nómina que llegará a casi 2,5 millones de trabajadores. Supone la octava subida desde el 2018, con un incremento de más del 66%. El acuerdo se ha firmado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en presencia del presidente del Gobierno y con la patronal ausente tras desmarcado del consenso por sexta vez. A ella se han dirigido los firmantes para pedirle que cumpla su parte y pague más, mientras destacaban que el aumento del SMI "no destruye empleo sino pobreza".
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Los médicos comienzan una huelga que en principio durará una semana al mes hasta junio. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, explica en Las Mañanas de RNE que exigen una negociación propia de su estatuto marco. Asegura que en la negociación se ha hecho con sindicatos en los que ellos "no tienen representatividad". Niega que sea una petición "elitista" y lamenta que lleguen a hacer jornadas de "70-80 horas semanales" con horas extra que se pagan "por debajo del convenio" y que no computan para la jubilación: "Si esto es elitista, que venga Dios y lo vea".
Advierte a la ministra de Sanidad, Mónica García, que la negociación no puede ser a espaldas del colectivo: "Esperamos que la ministra recapacite. Hay dos caminos: o se llega a un acuerdo o la sanidad se va a quedar sin médicos". Cree que si no ha habido negociación separada es por la "presión" de los otros colectivos sanitarios y advierte que ya hay médicos jóvenes que están yéndose a Europa y que cada vez más los profesionales prefieren ir a la privada. Pese a los paros, asegura que se garantizará la atención urgente.
Primera de las reuniones de los representantes de los trabajadores de Tubos Reunidos con el Gobierno vasco y ayuntamientos.
La instituciones insisten la vía es reconducir la deuda el gobierno vasco se ha mostrado dispuesto a reestructurar la parte de la deuda que le corresponde 16 millones
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Las bajas laborales han aumentado en los últimos años. Concretamente, han pasado de 3,5 millones en 2013 a 8,5 millones en 2024, y en ese año costaron un total de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social y 14.000 millones a las empresas, según datos de la asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec). Por ello, los empresarios proponen medidas para atajar el gasto que suponen, entre ellas, que las mutuas sean las encargadas de dar el alta a los trabajadores, algo a lo que se oponen los sindicatos y el Gobierno.
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En el estudio de nuestra serie de Conversaciones con José María Brunet recibimos hoy a un sindicalista de largo recorrido, iniciado en 1975, en una empresa mítica de Barcelona, por su relación con momentos clave del desarrollo industrial de España. Nuestro invitado es Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y la sociedad a la que se incorporó cuando contaba con 18 años era La Maquinista Terrestre y Marítima. Fue un siglo antes, en 1875, cuando la planta de La Maquinista, dedicada a la construcción de toda clase de maquinaria pesada, empezó a recibir energía eléctrica en una ciudad, la capital catalana, en la que la instalación de cables y la iluminación de espacios públicos no comenzaría hasta la década de los 80 del siglo XIX. Ya a comienzos del siglo XX, en 1917, La Maquinista llegó a contar con una plantilla de 3.000 empleados. Por fuerza, Pepe Álvarez debió encontrar en una empresa con estos antecedentes y dimensiones el ámbito idóneo para ir haciéndose una idea del valor de la tarea sindical y de representación de los trabajadores. El mismo año de su ingreso en plantilla nuestro invitado se afilió a la UGT, y unos meses más tarde era nombrado secretario de acción sindical en la correspondiente sección de esta sociedad, para pasar a ser en 1978 secretario de organización de la Federación del Metal de la UGT de Cataluña y miembro del comité confederal. Este ritmo de progresión continuó en los años siguientes y ya en 2016 fue elegido secretario general del sindicato socialista. Pepe Álvarez lleva por tanto diez años al frente de la UGT, y con muchos retos pendientes para defender conquistas sociales y conseguir otras. De todo ello hablamos con nuestro invitado, del necesario incremento de los salarios –empezando por el salario mínimo-, de la inmigración y el mercado laboral, de la reducción de la jornada semanal, de la financiación de los sindicatos y su grado de afiliación, así como de la negociación colectiva y las relaciones con el Gobierno y la patronal.
Han pasado tres décadas. En esa España de los 90, sin teletrabajo o teléfonos inteligentes, cada día fallecían tres personas en accidentes de trabajo, la mayoría en la construcción. Ahora conviven peligros antiguos y nuevos, pero la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la misma. Trabajo y los sindicatos han pactado modernizarla. La patronal se ha quedado fuera del acuerdo. Foto: EFE/ Borja Sánchez-Trillo
"Acuerdo histórico". Así han calificado los sindicatos mayoritarios el pacto por el que desconvocan la huelga ferroviaria. Transportes se compromete a aumentar la inversión en mantenimiento y reforzará Renfe y Adif con 3.600 trabajadores más. Ha sido una jornada complicada con retrasos y más de 1.000 trenes suspendidos. Foto: X/@oscar_puente_
Las bajas laborales se han triplicado en España durante los últimos siete años y duran más tiempo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo que supervisa las cuentas públicas, le pide a la Seguridad Social mayor control sobre esas bajas porque disparan el gasto. Los sindicatos, en cambio, creen que no se puede poner el acento solo en el gasto, sino en la salud de los trabajadores.
