Sandra y Santiago, dos de los activistas de la flotilla a Gaza, han relatado la misma mecánica empleada por las autoridades israelíes tras ser interceptados en alta mar: traslado al puerto de Asdod y un calvario de incomunicación sin abogados ni cónsul durante el fichaje; así como la estancia en el muelle y el traslado a prisión. Han denunciado humillaciones (desnudamientos y registros corporales para buscar tarjetas), juicios acelerados en la misma cárcel y deportaciones improvisadas (sin maleta, pasaporte ni dinero) en un procedimiento que han calificado de estandarizado e ilegal.
Los activistas han señalado que la sanción se ha endurecido: lo que antes derivaba en prohibiciones de 10 años ahora se tramita como penas mucho más duras (incluso hablan de hasta 100 años) y amenaza con imputaciones por terrorismo para "reincidentes", una vía inédita y alarmante. Ambos han concluido que no se trata solo de Gaza: es la batalla entre la ley de la fuerza y la ley del derecho y recuerdan que, aunque el derecho internacional les ampara, falta que los Gobiernos actúen para que esa protección deje de ser papel mojado.
Foto: YARA NARDI
