La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que su Ministerio estudiará "todas las vías legales" para investigar lo que denomina "corrupción institucional" en la sanidad madrileña y denuncia el "flujo incesante de pacientes y dinero de la pública a la privada" como "modus operandi" para beneficiar a grupos privados como Ribera o Quirón en la región.
Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, donde ha insistido en que el modelo del PP en la sanidad se centra en una "desviación de pacientes con la connivencia de Ayuso y de la Comunidad de Madrid". Lo ha denominado "parasitación público- privada".
Así se ha referido al ser preguntada por la grabación del CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y dado a conocer por El País. En el audio pide a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este miércoles en el programa 'Mañaneros 360' de TVE el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid por las supuestas prácticas de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz para "aumentar su beneficio económico", después de que el diario El País haya publicado un audio del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en el que pide rechazar pacientes o procesos no rentables.
"El modelo del Partido Popular, el modelo de la señora Ayuso, lo hemos escuchado de manera obscena en un audio, básicamente (...) Y cuando dice la Consejería y la Comunidad de Madrid que lo va a investigar, no es que lo vaya a investigar, es que es el modelo que está promoviendo (...) Esto es lo que nos ofrece el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es priorizar los negocios por encima de la salud", ha declarado García durante una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE.
Tras ello, ha prometido iniciar "todas las acciones legales necesarias" desde Sanidad y desde Más Madrid para llegar "hasta el final" de la investigación y "poner en orden" este modelo "depredador". FOTO: EFE / OLIVER HOSLET
Las primeras declaraciones de la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas desde la dana del 29 de octubre en las que pide perdón y apunta a la responsabilidad del expresident Carlos Mazón y a sus múltiples versiones marcan esta jornada de lunes. El Gobierno la acusa de dejación de funciones y de "mentir" de "forma distinta en cada ocasión" tras la riada, mientras la Asociación de Víctimas Mortales 29-O cree que la exconsellera intenta "victimizarse".
Sanidad confía en aprobar con las comunidades un protocolo común frente a la gripe el próximo 3 de diciembre. Mónica García, ministra de Sanidad, ha asegurado en el informativo 24 horas de RNE que "ya se ha llegado a un acuerdo con las comunidades, tenemos el documento técnico, es básicamente que las medidas políticas no se interpongan en las sanitarias." Habla de un protocolo que sea preventivo y que dé confianza y seguridad a los ciudadanos: "Es normal que venga la gripe, pero lo que no lo es, es que no tomemos todas las medidas preventivas posibles para minimizar esos riesgos después de haber pasado una pandemia."
Sobre la entrada en prisión de Ábalos, Mónica García ha asegurado que desde Sumar están "tranquilos", pero que no tienen problema "apuntalar en aquellos que han delinquido. Quien tenga que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel."
El Ministerio de Sanidad espera que el próximo 3 de diciembre se apruebe junto a las comunidades un protocolo común para hacer frente a la epidemia de gripe, un conjunto de medidas acordadas a nivel técnico pero que el año pasado no se pudo aplicar por la falta de acuerdo con las autonomías del PP.
La titular de esta cartera, Mónica García, ha confiado en que "los consejeros del PP no van a anteponer sus intereses políticos frente a la salud de la población", según ha afirmado este viernes en una rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial. Se aprobará, si no se vuelve a dar una oposición de las autonomías, en la próxima Comisión de Salud Pública.
FOTOGRAFÍA: RODRIGO JIMÉNEZ / EFE
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su "deriva ultra" al negarse a elaborar y presentar el registro de objetores de conciencia que dicta la ley del aborto, motivo por el que el Ministerio llevará a los tribunales al Gobierno regional.
Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, en la que ha insistido en que se trata de un registro "obligatorio" y que el Gobierno regional "debe cumplir la ley".
Considera la ministra que Ayuso ha iniciado una "cruzada, ya no contra el Gobierno, sino contra las propias mujeres". Con esta negativa "ataca a las mujeres y al Estado de derecho", ha aseverado, para explicar que sí existe en la Comunidad de Madrid ese registro de objetores para practicar la eutanasia.
"Hay que poner freno a esta rebeldía de Ayuso contra las mujeres", ha concluido.
Sanidad va a llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales y dice que Isabel Díaz Ayuso está en rebeldía. Es el único territorio que se ha negado a respetar la ley del aborto y a presentar un registro de objetores. La Comunidad de Madrid no considera legal lo aprobado por las Cortes Generales y no va a cumplir sin sentencia de por medio. En el informativo 24 horas Fin de Semana, Angela Alemany, portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cree que Madrid debería cumplir con la ley "o haberla impugnado en su momento si consideraban que esa parte de la ley no era legal". Critica que la administración regional no tuvo ese criterio con la ley de la eutanasia, que también requería un registro de objetores. Este sirve para "garantizar el servicio para las mujeres que quieran abortar".
El Ministerio de Sanidad va a iniciar los trámites jurídicos para presentar un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid por su negativa a presentar un registro de objetores de conciencia del aborto, tal y como fija la ley del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de 2023. El plazo legal para ello terminó este viernes y el gobierno regional confirmó que no estaba dispuesto a presentarlo.
El Ministerio de Sanidad va a iniciar los trámites jurídicos para presentar un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid por su negativa a presentar un registro de objetores de conciencia del aborto, tal y como fija la ley del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de 2023. El plazo legal para ello terminó este viernes y el gobierno regional confirmó que no estaba dispuesto a presentarlo.
La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha desplazado hoy a Sevilla para mantener un encuentro con Amama, la asociación que ha denunciado los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Durante la reunión, García ha anunciado que su departamento estudia acciones legales y administrativas para que las comunidades gobernadas por el PP entreguen los datos de los programas de detección precoz, acusando a la Junta de Andalucía de haber "perdido el control" del sistema sanitario y calificando los fallos como una "negligencia estructural". En el 24 Horas hemos hablado con Ángela Claverol, presidenta de la asociación, quien ha relatado cómo se ha desarrollado el encuentro con la ministra García. Según Claverol, le han solicitado "un canal distinto para atender a estas mujeres", y ha destacado que la ministra ha sido "muy asertiva con nosotras y lo va a estudiar con el ministro de Justicia", mostrando disposición a considerar sus propuestas.
Sobre la reunión con el consejero de la Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, Claverol ha señalado que "nosotros le hemos afeado la campaña tan horrible que han hecho contra las víctimas, contra mí personalmente", y ha añadido que Sanz ha reconocido que "había límites que no se podían traspasar, y él ha estado de acuerdo".
Los consejeros de Sanidad del Partido Popular se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en plena crisis por los cribados de cáncer. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo califica como un boicot a "su propia credibilidad y a su capacidad de dar respuesta a una alarma social". Refiriéndose a la consejera en la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, la ministra se pregunta: "¿Una consejera de Salud no sabe cuáles son los criterios y los indicadores de un programa de cribado? Esto sí que es grave". Habla de una "estrategia incomprensible" e insiste en que el PP "ha sido desleal no solo con el Ministerio, sino con las mujeres que ahora están preocupadas". Mónica García apunta que los datos están a disposición de los ciudadanos y asegura que, si los consejeros del PP "no son capaces de ser transparentes en los programas de cribado del cáncer de mama, cérvix y colon, me tienen que contar qué están ocultando".
Este viernes, Almeida ha reconocido que fue un error apoyar la propuesta de Vox para informar de un supuesto síndrome postaborto, pero ha rechazado declarar nula la medida. "El señor Almeida sigue cavando hacia abajo en su error, no existe ningún "síndrome postaborto" [...] Vemos a un PP que nos quiere hacer retroceder a un mundo en blanco y negro, reaccionario y con argumentos tramposos", asegura en el informativo '24 Horas' de RNE.
El PP ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumplirá la ley que le obliga a elaborar un registro de objetores de conciencia del aborto, pese al rechazo de ésta a "señalar" a los médicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que estudiarán qué medidas tomar contra ella en caso de incumplir.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que el Gobierno supervisará el cumplimiento del registro de objetores de conciencia al aborto, "con todas las herramientas jurídicas, legales, normativas y administrativas" que tenga a mano para garantizar el cumplimiento de la ley. En el entorno de Ayuso siguen sin dar pistas. Insisten en que protegerán el derecho de esos objetores para que no se les estigmatice. Mientras, Vox acusa al PP de cobardía por quedarse cortos después de que Almeida haya reculado con lo de obligar a los médicos a informar sobre un supuesto síndrome postaborto.
FOTOGRAFÍA: PÉREZ MECA / EP
El cannabis medicinal podrá ser dispensado en hospitales y recetado por especialistas "cuando los tratamientos convencionales no funcionen". El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su uso, que restringe al ámbito hospitalario y no podrá venderse en farmacias. Además, solo podrá recetarse en el caso de dolencias muy específicas. "Estará indicado únicamente para acciones muy concretas, como pacientes que puedan tener dolor crónico, espasticidad, epilepsia o también personas que sufren náuseas y vómitos posteriores a la quimioterapia", ha aclarado la ministra de Sanidad, Mónica García.
García ha asegurado que "esta regulación va a permitir que cuando los tratamientos convencionales no funcionen, tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica y con toda la seguridad para que se pueda recurrir a preparados de cannabis estandarizados con la dosis precisa y la máxima garantía".
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