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En el segundo de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, hablamos con Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en Las Mañanas de RNE: "Los jueces son un poder del Estado, como tal no se pueden ni se deben poner en huelga", afirma.

"Supone una manifestación clarísima de una Justicia militante que queda fuera de lo que debe ser la Justicia imparcial, al margen de los debates políticos", el magistrado hace referencia al filósofo francés Montesquieu: "La peor tiranía es la judicial que se ejerce a la sombra de la ley y al calor de la Justicia", dice. Por tanto, un juez no puede potenciar una "ruptura institucional", eso no quiere decir que no requiera una reforma. Aunque, según Giménez, "hay que entender que esta reforma supone una lesión contra el Estado de Derecho, nos olvidamos que Poder Judicial tiene que respetar al Legislativo", concluye.

Este martes han arrancado los tres días de huelga convocada por jueces y fiscales contra la reforma del Gobierno porque consideran que amenaza la independencia judicial. Ningún organismo oficial comunica el seguimiento porque el paro no tiene regulación legal, pero las asociaciones lo cifran en el 75%. El Ministerio de Justicia habla de normalidad casi absoluta.

Foto: EFE/ Javier Blasco

En el informativo 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales. "Haré servicios mínimos porque tengo que atender posibles incidencias, pero ejerceré mi derecho de huelga", explica.

Vigil asegura que la reforma del acceso a la carrera judicial supone "una auténtica cortapisa a la financiación de las asociaciones profesionales". "Lo que provocaría sería que la carrera judicial estaría integrada por una serie de personas que no habrían superado los baremos de excelencia a los que yo me tuve que someter en su día para ser juez. Eso debilitará la calidad de la justicia", nos cuenta el magistrado en RNE. Defiende que el sistema actual lleva funcionando bien en los últimos años y considera que la composición de la carrera judicial sea "plural y que responda a todos los sectores sociales sin dificultad alguna". Vigil asegura que los jueces "no somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, sino jueces que servimos a la ciudadanía".

El día que se cumplen ocho meses de la dana que arrasó Valencia y dejó 228 fallecidos, una manifestación ha recorrido las calles de Valencia capital para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su "negligente gestión" de la tragedia.

La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha cifrado en unas 5.000 personas los asistentes a la protesta, 4.500 según la Policía Local de Valencia.

100.000 personas asistieron en Budapest a la marcha del Orgullo, según agencias de prensa, más del triple que en la anterior edición. Una cifra que la propia Policía eleva y que, según la organización, superaría las 200.000. Ha sido la más multitudinaria en los 30 años que se lleva celebrando, aunque solo aparece tímidamente en la prensa nacional, mientras el Gobierno impulsa una legislación para sancionar o prohibir los medios críticos.

Orbán ha dicho en un grupo cerrado en redes sociales que el Orgullo ha sido una campaña organizada desde Bruselas, en la habitual retórica que acusa a la Unión Europea de atacar la soberanía del país. También ha dicho que la marcha incluyó escenas "repugnantes y vergonzosas".

Foto: Lisa Leutner/REUTERS — Una pancarta con una imagen de Orbán en la marcha del Orgullo de Budapest

Este domingo se cumplen ocho meses de la dana que arrasó Valencia y dejó 228 fallecidos. Con motivo de este día, tendrá lugar la octava manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por las calles de Valencia capital. Más de 200 entidades y asociaciones exigen responsabilidades. Una de ellas es la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre. Su presidenta ha atendido al Canal 24 horas. Mariló Gradolí reclama que "nadie ha asumido la responsabilidad política ni social" y considera que "la reconstrucción no puede seguir adelante con una persona que no estuvo y no protegió a los valencianos", en referencia a Mazón.

Foto: EFE / Biel Alino

A pleno sol y frente al símbolo del poder judicial, el Tribunal Supremo, este sábado se han manifestado jueces y fiscales de cinco asociaciones diferentes que coinciden en su denuncia: creen que la reforma del Gobierno supone una clara injerencia en el poder judicial.

Y piden al Ejecutivo que la retire de forma inmediata. Centran sus críticas sobre todo en dos aspectos concretos, en los cambios a la hora de acceder a la carrera judicial y fiscal y la modificación del estatuto que deja en manos de los fiscales la instrucción de causas penales.

"No puede admitirse en una instrucción con garantías que un fiscal pueda recibir una orden singular de su superior, son incompatibles con un fiscal instructor independiente", señala el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares.

Han anunciado que mantienen la huelga prevista para la semana que viene y el ministro de Justicia les ha respondido: "Pido que se lean el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados, no hay absolutamente nada que afecte a la independencia judicial ni al Estado de derecho", ha recriminado Félix Bolaños.

Al final de la concentración, un grupo de personas han intentado impedir que los medios de comunicación, especialmente Televisión Española, informara sobre el acto.

Foto: EFE/ JP Gandul

Cinco asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo para pedir la retirada de los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. La concentración, celebrada en la madrileña Plaza de las Salesas, ha servido de anticipo de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio. Foto: Thomas COEX / AFP