- El partido de Pablo Casado está ultimando el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo
- Y asegura que el PP está legitimado para recurrir los indultos porque los perjudicados son "la mayoría de españoles"
Los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el 'procés' han salido de la cárcel de Lledoners, Wad-Ras (en Barcelona), y de Puig de les Basses (Girona) y después de que llegaran, a las 10:30 horas los mandamientos del Tribunal Supremo tras aprobar el Consejo de Ministros su indulto por "razones de utilidad pública". Todos ellos se han dirigido a las personas que se encontraban esperándoles para recibirles. El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho a su salida de la cárcel que trabajan "por todas las personas que son injustamente perseguidas" y por "la libertad de este país y que la independencia es la libertad de este país". La cárcel, ha asegurado, "no nos pliega a nada", y "no se acaba nada, todo continúa". [Sigue en directo toda la actualidad sobre los indultos]
Foto: El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, uno de los nueve líderes independentistas catalanes indultados, saluda con el puño en alto tras salir de la prisión de Lledoners. Josep Lago/AFP.
Ascensión Martín, portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, ha explicado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que no debería haber ningún “impacto” entre los juristas por la concesión de los indultos a los políticos presos por el ‘procés’, a pesar de que este se haya otorgado con un informe contrario del Tribunal Supremo. “Los juristas estamos acostumbrados. Tenemos que respetar la separación de poderes”, ha asegurado Martín que ha explicado, además, que la competencia para admitir los recursos la va a tener la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la administrativa. “Normalmente la puede recurrir el propio afectado, los familiares y las personas interesadas”.
El Consejo de Europa debate y vota hoy en Estrasburgo el informe que recomienda la puesta en libertad de los políticos presos por el ‘procés’ y la retirada de la petición de extradición de Puigdemont y para Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, esta declaración parece dar a entender la idea de que los tribunales españoles están al servicio de una decisión política. “Detecto un intento de deslizar la idea de que el Tribunal Supremo ha sido conscientemente utilizado y ha asumido ese papel como un instrumento de ejecución, como una especie de persecución política. No se dice así, pero es la idea que está latente”, ha afirmado Fernández Vaquero, que cree que esta decisión del Consejo de Europa podría influir, además, en la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En 'Las Mañanas de RNE' con Íñigo Alfonso, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha asegurado que desde las instituciones españoles no se ha sabido transmitir hacia el exterior “los matices que configuran los hechos que ocurrieron en 2017 en nuestro país”.
Este viernes, el principal investigador en la Gürtel, Manuel Morocho, ha seguido declarando ante el juez cómo sus jefes intentaron boicotear el caso para proteger al Partido Popular. TVE ha tenido acceso a los audios de su declaración en los que denuncia las presiones que, dice, recibió durante años. Asegura que recibió órdenes de sus superiores para quequitara de sus informes nombres de altos cargos del PP, entre ellos el del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Foto: Óscar Cañas / Europa Press
El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel, Manuel Morocho, expuso el pasado martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que sus mandos en la Policía le pidieron quitar nombres de responsables políticos del Partido Popular de sus informes, entre ellos el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que él preveía citar respecto de documentos relativos a "determinadas contraprestaciones".
FOTO: Manuel Morocho, en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la Operación Kitchen, el pasado mes de marzo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo