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El doctor Juan Carlos García Moncó, jefe de Neurología del Hospital de Basurto, lidera la unidad de COVID persistente de Osakidetza, creada hace un año.

Este equipo multidisciplinar incluye especialistas en medicina interna, neumología, rehabilitación y psiquiatría.

Los principales síntomas del COVID persistente son fatiga intensa, niebla mental (deterioro cognitivo) y dolores generalizados, que resultan muy invalidantes: más del 90% de las personas atendidas en consulta están en situación de baja laboral.

La unidad ha realizado 220 atenciones presenciales y casi mil consultas, con una gran mayoría de mujeres.

El balance es positivo según las propias pacientes, que perciben una buena asistencia y han mejorado su calidad de vida, principal objetivo del equipo.

Por el momento no existe cura para el COVID persistente, y aunque se ofrecen diversos tratamientos, no funcionan igual en todas las personas.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas.

El nuevo texto establece un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y busca garantizar una mayor supervisión económica y asistencial en aquellos hospitales cuya gestión esté en manos de compañías privadas. El objetivo, según el Gobierno, es reforzar el carácter público del sistema sanitario y asegurar un uso más eficiente de los recursos.

La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud limitará la colaboración público-privada, con el fin de "poner coto al ánimo de lucro". Este texto derogará la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que, con su anteproyecto, el Gobierno quiere "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione".

La norma exhibe, a su juicio, la "absoluta obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid, que muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo", y ha asegurado que en otras regiones como Cataluña se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas. Díaz Ayuso ha augurado que el anteproyecto de ley no saldrá adelante, "pero ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución".

FOTOGRAFÍA: RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

Elisabeth Navas Moya, coordinadora médica del programa de donación y trasplantes del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ha destacado en una entrevista concedida al Canal 24 Horas la buena evolución del primer trasplante de cara realizado en el mundo llevado a cabo gracias a una donante a la que se le aplicó la eutanasia.

La receptora, Carme, "ha recuperado una calidad de vida que no imaginaba que pudiera volver a tener". Navas Moya ha explicado que el trasplante está evolucionando favorablemente, tanto desde el punto de vista estético como funcional. "No se trata solo de tener una cara, sino de que esta sea funcional", ha señalado. En este sentido, la paciente ya ha recuperado la sensibilidad, respira mejor, puede tragar con normalidad y ha vuelto a alimentarse por vía oral, algo que no podía hacer antes de la intervención.

Además, la recuperación le ha permitido volver a salir a la calle y recuperar su identidad, aunque la coordinadora subraya que "lo más importante es que la funcionalidad está evolucionando muy bien". Actualmente, Carme realiza ejercicios diarios para fortalecer y activar la nueva musculatura facial.

Navas Moya también ha recalcado que uno de los aspectos clave en esta fase es evitar el rechazo del trasplante, por lo que la paciente está siguiendo un tratamiento con inmunosupresores. Asimismo, ha destacado la importancia de la planificación del procedimiento: "Tenía que ser un trasplante extremadamente bien organizado, y el hecho de disponer de varias semanas para prepararlo, al tratarse de una donación programada procedente de una paciente sometida a eutanasia, fue determinante".

FOTOGRAFÍA: DAVID ZORRAKINO / EP

Según un estudio de la Universidad de València, casi 800.000 personas en España viven a más de una hora de un hospital. En Castilla la Mancha, casi un 8% de la población vive a una hora o más de un centro hospitalario, y es la comunidad con mayor número de población alejada de estos centros. Extremadura y Castilla y León ocupan la segunda y tercera posición con un 6.45% y un 6.44% de la población a más de una hora de distancia.

Se estima que la primera hora es decisiva para muchas situaciones sanitarias de emergencia. En Madrid, Cataluña y País Vasco es donde menos tardan de media.

Desde 2010, el número de personas que viven a una hora de un hospital se ha reducido. El 74% de españoles viven a menos de 15 minutos. Ese sería el tiempo idóneo, según los expertos.

En Mediodía RNE hablamos con el agente Juan Antonio Sánchez Porras, policía local de Alcorcón, que le ha salvado la vida a un bebé de 18 meses que se había atragantado. Nos ha explicado que encontraron a sus padres en el coche, haciendo luces largas y con los 4 intermitentes: "Estaban muy nerviosos, el bebé no respiraba". En un primer momento, le hizo las obras de reanimación y seguía en parada, volvió a intentarlo y ya notó una leve respiración. Él y su compañero les escoltaron hasta el hospital donde avisaron de la situación y ya les esperaba el equipo médico. Asegura que es un momento que "le remueve mucho" pero que le hace sentirse orgulloso desde el punto de vista personal y personal: "Son las intervenciones que te hacen crecer".

Los ataques contra centros sanitarios, ambulancias y personal médico en zonas de conflicto se están multiplicando en los últimos años. Sudán, Palestina y Ucrania concentran las agresiones contra quienes tratan de aliviar el sufrimiento de la población civil.

Médicos sin Fronteras (MSF) ha recopilado datos de organizaciones internacionales y considera que el momento es muy grave, con Estados dirigiendo ataques sistemáticos contra infraestructuras sanitarias con absoluta impunidad.

Las conclusiones del informe desvelan que el año pasado fueron asesinadas un total de 1.981 personas en 1.348 ofensivas contra instalaciones médicas. Una cifra que se duplicó con respecto a las 944 registradas en 2024. Sudán fue el país más afectado, con 1.620 trabajadores sanitarios, humanitarios y pacientes asesinados, seguido por Myanmar, con 148; Palestina, con 125; Siria, con 41; y Ucrania, con 19 personas asesinadas.

Foto: Omar AL-QATTAA/AFP — Un palestino pasa corriendo junto a la clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF), en el barrio de al-Rimal, Ciudad de Gaza