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La lista de altos cargos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria que acabaron en el bufete fundado por Montoro es larga.

Ricardo Martínez Rico fue nombrado Secretario de Estado de Presupuestos durante la última etapa de José María Aznar como presidente. Tan solo tres años después se convertía en socio fundador de Equipo Económico y poco después entró en el Consejo de Administración de Abengoa, empresa que, por cierto, en esos años facturó al bufete casi 4 millones de euros.

Otro caso es el de Manuel Vicente Tutor. Entre 2001 y 2004 ocupó altos cargos en la Agencia Tributaria y cuatro años después se incorporó como socio director de Equipo Económico. También en este caso compaginó su puesto con otro en la empresa de energía renovable Solaria, que, según recoge el informe, también contrató los servicios del bufete, pagando altas sumas.

El último ejemplo es del Pilar Platero. Su puerta hizo un giro completo. Primero fue asesora de Montoro durante el Gobierno de Aznar. Luego fue nombrada socia de Equipo Económico y en 2011 volvió a la política. Esta vez como secretaría de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

No solo hablamos de puertas giratorias, sino también de colocaciones a dedo. En la época en la que Pilar Platero era secretaria de Hacienda, su antiguo compañero del bufete le recomienda a un amigo suyo para el puesto de delegado de Hacienda en Málaga, según recoge el sumario. Ella le responde que lo pondrá en marcha y tres meses después, su nombramiento fue publicado en el BOE.

El sumario del caso Montoro detalla cómo operaba el entramado que investiga la justicia. Sugerían a las empresas contratar al despacho que fundó el exministro en 2006, junto a ex altos cargos de Hacienda. A cambio de sumas importantes, ese despacho actuaba como intermediario y conseguía leyes a medida para ahorrarse impuestos.

En el caso de las empresas de gas, dos operaciones clave tuvieron éxito: una reforma en 2014 que redujo un 85% el impuesto de electricidad. Las arcas públicas perdieron así 59 millones en plena crisis, y otra rebaja fiscal en 2018, por un cambio en el Impuesto de Actividades Económicas. Estas medidas levantaron fricciones incluso dentro del Gobierno de Mariano Rajoy.

Foto: Eduardo Parra / Europa Press / ARCHIVO

Por un lado, están las empresas gasistas, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Según refleja el sumario, habrían contratado a Equipo Económico para que utilizara su influencia sobre el Ministerio de Hacienda y así introducir reformas que favorecía a empresarios dispuestos a pagar por ello.

Pero esta red de influencias no solo se limitaba al sector del gas. El auto del juez también amplía la operativa a otras empresas como la polémica Madrid Network, Ferrovial y Abengoa. En el sumario se muestra como, por ejemplo, Abengoa fue cliente de Equipo Económico, llegó a pagarle casi 4 millones de euros entre 2009 y 2015.

De hecho, esta asesoría cobró al Grupo un total de 3.979.280,74 euros, entre 2009 y 2015. Y también se pueden observar los importes que Equipo Económico facturó a Ferrovial.

Aunque el gabinete también ejerció su influencia en otros sectores, como el mundo del juego. Según recoge el auto, habrían prestado servicios a la empresa de juegos de azar Codere, vinculada al exministro de Justicia, Rafael Catalá, lo que supuestamente habría desembocado en un cambio en el régimen fiscal, que beneficiaba a las empresas operadoras del juego.

¿Y cómo se distribuían las ganancias?

Según revela la investigación, el sistema ideado para distribuir los recursos generados por las presuntas operaciones ilícitas se haría de dos maneras: a través de altas nóminas para sus socios y a través de un entramado de sociedades.

Los investigadores creen que el objetivo de este entramado de empresas era ocultar el destinatario final de ese dinero y que pudieron ser utilizadas para esconder el dinero obtenido en el extranjero. Desde el sindicato de técnicos de hacienda inciden en que la labor de los lobbies tiene que estar sujeta a mucha más regulación y prohibir que políticos o expolíticos formen parte de esos gabinetes.

Foto: Ricardo Rubio / Europa Press

RTVE ha accedido al sumario de la investigación a Cristóbal Montoro por beneficiar presuntamente a empresas gasistas, eléctricas y de energía renovable cuando era Ministro de Hacienda. Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), ha declarado en el informativo '24 Horas de RNE': "Los hechos que se relatan en el auto por el juez son contundentes. Queda por ver si las pruebas pueden relacionar los pagos a Equipo Económico con las decisiones del marco legislativo".

Carlos Cruzado cree que ha habido un daño "importante para las arcas del Estado". Sobre esta imputación al exministro de Hacienda afirma: "Durante esos años se comentaban muchas cosas en el Ministerio [...] no me ha sorprendido mucho [...] Había muchos comentarios, fuimos muy críticos con Montoro", concluye.

El Tribunal Supremo ha acordado este miércoles que la indemnización por despido improcedente no se puede incrementar en vía judicial, según informa el alto tribunal en una nota.

Con esta decisión el Supremo aborda de nuevo la indemnización por despido improcedente y llega a la misma conclusión que en una sentencia de diciembre de 2024, pero ahora añade que tampoco la Carta Social Europea avala que los trabajadores puedan conseguir en los tribunales aumentar sus indemnizaciones.

En la nota, el Supremo explica que dicha indemnización no puede verse incrementada en vía judicial con cuantías adicionales justificadas en las circunstancias concretas de cada caso y que ello no vulnera el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni el artículo 24 de la Carta Social Europea, "en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada".

FOTO: Getty Images

La vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Pablo Bustinduy llevarán al Consejo de Ministros la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas. En 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Jaime Cabezas, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Vigo y vicepresidente de la AEDTSS (Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). "Da la impresión de que tanto trabajadores como trabajadoras, y funcionarios públicos se podrán beneficiar de estos permisos de paternidad", piensa Jaime Cabezas. Según el catedrático, la compatibilicación con la actual reforma laboral y las subidas del salario mínimo no afectará con los permisos parentales: "Son medidas de seguridad social, no serán un coste para la empresa, si no una prestación gestionada entre la persona beneficiaria y la empresa gestora", aclara.

Asimismo, se debe transformar el modelo de cuidados para mejorar la protección a las personas dependientes: "Ese es el gran reto, a nivel europeo vamos un paso por detrás [...] Se deben mejorar los derechos laborales y de Seguridad Social en torno al cuidado de las personas dependientes a cargo de los trabajadores y trabajadoras", señala el vicepresidente de la AEDTSS. También estas medidas podrían corregir la desigualdad social que arrastra España: "Creo que estamos produciendo una normativa de corresponsabilización entre hombres y mujeres", señala Cabezas.