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Caso ERE

La Audiencia de Sevilla despeja hoy con su sentencia si Chaves y Griñán son condenados por el 'caso de los ERE'

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La Audiencia de Sevilla despejará este martes con su sentencia si Chaves y Griñán son condenados por el 'caso de los ERE'

La Audiencia de Sevilla comunicará este martes la sentencia sobre la llamada 'pieza política' del caso de los ERE, que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por presuntamente haber creado y mantenido durante una década un procedimiento supuestamente ilegal para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que habría permitido -según sostiene la Fiscalía Anticorrupción- el reparto "arbitrario" de hasta 680 millones de euros.

[Quién es quién en el caso de los ERE]

El expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra, Magdalena Álvarez, se enfrentan a una petición de 10 años de inhabilitación por presunta prevaricación. Por su parte, José Antonio Griñán, que sucedió a Álvarez como responsable de Economía y Hacienda antes de presidir la Junta, se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Es la misma pena que la Fiscalía pide para el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, otro de los principales acusados.

Sin embargo, la pena más alta -8 años de prisión y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación- la pide la Fiscalía para diez de los 21 acusados, entre ellos, para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que llegó a calificar de "fondos de reptiles" la partida presupuestaria de la que salían las ayudas repartidas presuntamente de forma fraudulenta aunque luego se desdijo durante el juicio. Los dos, de hecho, estuvieron en prisión provisional durante la fase de instrucción del caso aunque quedaron en libertad tras pagar sus fianzas.

En el punto de mira está el convenio que firmó en 2001 la Consejería de Empleo con el instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía). En virtud de este acuerdo, desde el programa presupuestario 31L -el que Guerrero llamó "fondos de reptiles"- se inyectaba dinero mediante transferencias de financiación al IFA-IDEA para el reparto de ayudas. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostuvieron en el juicio que la ley no permite usar las transferencias de financiación para pagar ayudas porque estas tienen que ser fiscalizadas.

Sistema de concesión de ayudas "totalmente opaco"

La Fiscalía sostiene que este sistema de concesión de ayudas "totalmente opaco", que eliminó "todos los mecanismos de control establecidos", era una situación "conocida y buscada" por los 21 acusados, que no hicieron nada para acabar con él a pesar de los informes de la Intervención General de Andalucía que advertían de las irregularidades. A pesar de sus informes, el interventor también está acusado porque el Ministerio Público cree que debió tomar medidas no solo advertir.

Durante el juicio, Chaves se defendió asegurando que sabía que se daban ayudas sociolaborales pero que no correspondía a su "ámbito político de decisión" cómo se adjudicaban. Griñán aseguró que desconocía el programa de ayudas y que "jamás" fue alertado de las irregularidades porque en ningún informe de la intervención se requería que él actuara como consejero de Hacienda.

El interventor Gómez Martínez, por su parte, insistió en la vista oral en que hasta tres consejeros recibieron sus advertencias sin hacer nada: José Antonio Griñán (Hacienda), Antonio Fernández (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación). Su letrado sostiene que su cliente es el "clavo ardiendo" al que se están agarrando los ex altos cargos de la Junta juzgados "para eludir responsabilidades".

La Audiencia de Sevilla determinará la responsabilidad de cada uno, en caso de condena, en la sentencia que se conocerá este martes, un año después de que terminara el juicio que comenzó en diciembre de 2017 tras cerca de siete años de instrucción. Los magistrados tienen que pronunciarse sobre si el sistema era legal o no, independientemente de las posibles irregularidades que luego se cometieran en la concesión de cada una de las ayudas concedidas, informa Efe. Esas posibles ilegalidades se juzgarán en piezas separadas.

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