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El primer juicio del caso de los ERE en Andalucía arranca con Chaves y Griñán en el banquillo

Las claves del primer juicio del 'caso de los ERE' con Chaves y Griñán en el banquillo

  • La Audiencia de Sevilla juzga a 22 ex altos cargos socialistas de la Junta

  • Están acusados de crear un sistema de "reparto discrecional" de ayudas

  • La cantidad presuntamente malversada asciende a 855 millones entre 2000-11

  • El Fiscal pide 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación

  • Para Griñán, 6 de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

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El primer juicio del caso de los ERE arrancó el 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla con 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo, entre ellos, los expresidentes socialistas de esta comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros. Están acusados de crear y mantener un sistema de concesión ilegal de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que presuntamente permitió un "reparto discrecional" y "arbitrario" de cerca de 855 millones de euros de dinero público a través de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, según la instrucción.

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Chaves por prevaricación y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por prevaricación y malversación. El Ministerio Público reclama las penas más graves, 8 años de prisión y 30 de inhabilitación, para 12 de los encausados en esta presunta trama de corrupción, como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, responsable último del reparto de las subvenciones sin ningún tipo de control a pesar de "carecer de competencia para ello".

El PP andaluz, que ejerce de acusación popular, pedía dos años más de prisión para todos ellos por un delito de asociación ilícita, al considerar que se confabularon para tejer una "red clientelar", pero el tribunal lo rechazó en las cuestiones previas.

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (4d) y José Antonio Griñán (3d) Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (4d) y José Antonio Griñán (3d)

Las tres primeras jornadas del juicio se dedicaron a la lectura de los escritos de la acusación y la defensa. El 9 de enero retomaron las sesiones con la exposición de las cuestiones previas y el juicio volvió a arrancar el 12 de febrero con los interrogatorios.

El caso de los ERE fraudulentos saltó a la luz a finales de 2010 como parte del caso Mercasevilla al detectarse prejubilaciones falsas en esta empresa. Siete años después se juzga la llamada 'pieza política' o 'pieza del procedimiento específico' sobre cómo se diseñó el sistema de ayudas. Estas son las principales claves del juicio:

1. Qué se juzga en la 'pieza política' del 'caso de los ERE'

La 'pieza política' del caso de los ERE se centra en la responsabilidad penal de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están acusados de prevaricación y malversación por el diseño y sostenimiento del presunto sistema ilegal de ayudas, "un procedimiento particularísimo" sin paralelo dentro o fuera de la administración autonómica.

El juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín Gómez concluyó en el auto con el que puso fin a la investigación, iniciada por la juez Mercedes Alaya, que "entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento (...) cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía" para disponer de partidas presupuestarias para estas subvenciones.

El objetivo de este "procedimiento específico" era el "reparto discrecional o, incluso, arbitrario" de este dinero destinado a financiar, entre otros, el coste de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en varias empresas y a pagar las prejubilaciones de los trabajadores afectados. Entre los receptores de estas ayudas se detectaron los llamados 'intrusos', personas que recibían las indemnizaciones sin haber trabajado nunca en la empresa afectada por el ERE en cuestión. Entre los intrusos había familiares y allegados de los encausados.

En julio de 2015, la juez María Núñez, que sustituyó a Mercedes Alaya, dividió la investigación en varias piezas como pedía la Fiscalía: esta que se juzga ahora sobre el procedimiento por el que se concedían las ayudas; otra sobre las sobrecomisiones supuestamente cobradas por aseguradoras y sindicatos por su tramitación; y un tercer bloque con más de 200 piezas por cada ayuda sociolaboral o directa a las empresas concedida sin publicidad.

2. Más de 854 millones presuntamente malversados

El instructor concluyó en su auto que el procedimiento diseñado por la Junta de Andalucía permitió disponer de partidas presupuestarias para ayudas sociolaborales y a empresas "en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros", es decir, más de 854,8 millones de euros en una década.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, rebaja esta cifra a 741,6 millones de euros en su escrito de acusación al detallar el dinero del que deberán responder solidariamente los autores del delito de malversación para su devolución a la Hacienda Pública andaluza como responsables civiles.

El objetivo último de la concesión de estas ayudas, según declaró Guerrero durante la fase de instrucción, era "mantener la paz social" al ser destinadas a sufragar los ERE de empresas en dificultades y al pago de prejubilaciones. Sin embargo, la primera juez del caso, Mercedes Alaya, señaló en la exposición razonada que envió al Supremo para que investigara a Chaves y Griñán que "bajo la publicitada finalidad de la paz social, en función de una política discrecional de favores", se enmascaraba "una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo".

3. Cómo funcionaba el "fondo de reptiles" para las ayudas

La Junta de Andalucía empleó el instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) para el "reparto discrecional" de las ayudas, según los hechos relatados por el instructor. El dinero para las subvenciones se inyectaba en este instituto, dependiente de la Consejería de Empleo, a través de transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L, denominado "fondo de reptiles" por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero

De esta manera "se tramitaban como transferencias de financiación lo que debía tramitarse como expedientes de gasto de subvenciones excepcionales, con postergación de su régimen correcto de control y concesión", según las conclusiones del instructor, que señala que se hicieron para ello modificaciones presupuestarias y "manipulaciones en los presupuestos" de la Junta de Andalucía, gobernada en el decenio investigado por el PSOE.

Para que el IFA-IDEA pudiera después disponer de estos fondos a favor de terceros fueron claves los convenios firmados entre la Consejería de Empleo o su Dirección General de Trabajo y el instituto. El más importante fue el convenio marco de 2001, que "identificaba como competente para otorgar ayudas y subvenciones" a Francisco Javier Guerrero, cuando su cargo "carecía de competencias para ello".

Con este mecanismo se eludía la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se obviaba la convocatoria pública para las ayudas, se infringían los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación y no había control posterior del destino dado a la subvención.

4. "Avisos de irregularidad" ignorados

El juez instructor Álvaro Martín Gómez señaló que para que el sistema instaurado en el año 2000 se pudiera mantener en el tiempo tuvieron que darse dos condiciones. "La primera, que se le siguiese dotando, de manera irregular, de los fondos públicos precisos para su discrecional, o arbitraria, distribución. La segunda, que se dejase de atender a los avisos de irregularidad sobre el sistema y, por ende, que se dejasen de adoptar, se omitiesen, las medidas necesarias para terminar con él".

En este sentido, el magistrado recuerda que en julio de 2005 la Intervención General de la Junta de Andalucía ya alertó del "uso inadecuado de las transferencias de financiación" en un informe sobre el año 2003, en el que se concluía que se "estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento" que establece la Ley General de Hacienda Pública de la comunidad "para la concesión de subvenciones".

Las advertencias se repitieron en informes anuales posteriores y en los denominados "informes trimestrales de seguimiento" que elaboraba la Intervención en el marco del control financiero permanente al que estaba sujeto el IFA-IDEA desde el año 2005. A estos avisos, se sumaron también los realizados por la consultora Price-Walterhouse en las auditorías de las cuentas del instituto en varios ejercicios y un informe encargado al despacho Garrigues sobre la legalidad del "procedimiento específico".

"Pese a las irregularidades y situación de descontrol que, de modo reiterado, denunciaban estos informes (...) no se adoptó medida alguna para enmendar el sistema. Muy al contrario, se continuó nutriendo el mismo con fondos públicos, empleando, si era preciso, instrumentos tales como la modificación presupuestaria a aprobar por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Hacienda", concluye el instructor.

5. El papel de Chaves y Griñán, según la investigación

El juez instructor sostiene que Manuel Chaves "como responsable máximo del gobierno" de Andalucía "impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías" para su reparto. José Antonio Griñán, por su parte, "como responsable de la Consejería de Hacienda" entre 2004 y 2009 y presidente después "mantuvo" este procedimiento.

Manuel Chaves en el monitor de la sala de prensa del juicio de los ERE Manuel Chaves en el monitor de la sala de prensa del juicio de los ERE

Ambos aprobaron las modificaciones presupuestarias necesarias y los proyectos de presupuestos para Andalucía que "contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación" sabiendo, según el juez, que tanto este procedimiento como la concesión en sí de las ayudas y subvenciones eran "irregulares".

Sin embargo, en su declaración ante el Tribunal Supremo, que se encargó de la investigación mientras fueron aforados, tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán negaron su participación en los hechos. Chaves, que gobernó Andalucía durante 19 años, aseguró que "nunca, jamás, en el Consejo de Gobierno" que él ha presidido "ni se ha conocido, ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad" y achacó lo ocurrido a "conductas individuales". Por su parte, Griñán reconoció que "hubo un gran fraude" pero negó que hubiera "un gran plan" para ello y aseguró que no recibió los informes que alertaran sobre las irregularidades.

6. Quiénes se sientan en el banquillo y qué penas pide la Fiscalía

Finalmente se sentarán en el banquillo 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, aunque la investigación inicial incluía a medio centenar de exresponsables del Gobierno autonómico. Entre los encausados, están los presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exconsejera y exministra socialista Magdalena Álvarez, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez. El juez les acusa a todos ellos de "dictar una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero".

El fiscal pide hasta 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para doce de los encausados
  • La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación por prevaricación para siete imputados: Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009; Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia (1996-2009); Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda (1994-2004); José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda (1990-2004) y exconsejero (febrero y mayo de 2004); Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda (2000-2004); Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos (2002-2009); y Francisco del Río Muñoz, exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía (2001-2008).
  • La petición del fiscal es de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación para tres encuasados: José Antonio Griñán, expresidente de la Junta (2009-2013) y exconsejero de Economía y Hacienda (2004-2009); Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera de Hacienda (2004-2009) y exconsejera (2009-2013); y Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 y 2010).
  • La Fiscalía pide 8 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación para 12 imputados: Antonio Fernández García, exviceconsejero de Empleo (2000-2004) y exconsejero (2004-2010); Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación (2004-2009); Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo (2004-2010); José Antonio Viera, exconsejero de Empleo (2000-2004) y expresidente de IFA-IDEA (2003-2004); Jesús Mª Rodríguez, exviceconsejero de Innovación (2005-2010) y vicepresidente de IFA-IDEA (2005-2008); los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero (1999-2008) y Juan Márquez (2008-2010); Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004), Innovación (2004-2010) y exdirector de Finanzas IFA-IDEA (2010-2012); Javier Aguado, ex secretario general de Trabajo (1994-2000) y ex secretario general técnico de Empleo (2004-2008); Lourdes Medina, secretaria general técnico de Empleo (2008-2012); y los ex directores generales de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano (2004-2008) y Jacinto Cañete (2008-2009).

7. Cómo es el primer juicio del 'caso de los ERE'

El juicio por la pieza política de los ERE arrancó el 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla con los escritos de las acusaciones. Se reanudó el 9 de enero con las cuestiones previas, que ya han sido resueltas, y el lunes 12 de febrero se retomó con los interrogatorios.

Los primeros en declarar han sido el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, el exviceconsejero de Empleo Antonio Fernández y exconsjero de Empleo José Antonio Viera. Estos dos últimos firmaron el convenio marco de 2001 que designaba al primero como persona responsable de las subvenciones sin tener competencia. Guerrero y Fernández estuvieron en prisión preventiva durante la fase de instrucción.

José Antonio Griñán ha sido el antepenúltimo de los 22 encausados en declarar y Manuel Chaves el penúltimo, por delante de Juan Francisco Sánchez, ex secretario general técnico de Empleo.

En el juicio están citados 117 testigos y una docena de peritos, informa Europa Press. Tras la declaración de los acusados y los testigos, se escuchará la pericial de cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y dos de la Dirección General del Seguros, según los datos facilitados por el TSJA. En total hay más de 150 profesionales de 37 medios de comunicación locales, regionales, nacionales de prensa, agencias, radio, televisión e internet acreditados.

8. El caso que puso en jaque al PSOE andaluz

El caso de los ERE provocó en agosto de 2013 la dimisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán, que adujo entonces que quería preservar a la Junta de la "erosión" que estaba provocando a la institución la investigación de las ayudas irregulares. Quince meses antes, en marzo de 2012, el PP andaluz había ganado unas elecciones autonómicas tras el escándalo de los ERE, pero el PSOE logró mantener la Junta con el apoyo de IU.

Susana Díaz, que sucedió a Griñán, adelantó las elecciones un año y en marzo de 2015 consiguió que el PSOE volviera a ser la fuerza más votada en Andalucía. Sin embargo, para lograr ser investida tuvo que contar con los votos de Ciudadanos, que le exigió firmar un pacto con varias medidas sobre corrupción, entre ellas, que las personas imputadas no pudieran formar parte de listas electorales.

Griñán, que fue designado como senador autonómico tras dejar la Junta, acabó dimitiendo de este cargo en la Cámara Alta en junio de 2015 antes de que el Supremo confirmara su imputación. Manuel Chaves, entonces diputado en el Congreso, dejó también su acta en la Cámara Baja junto a Zarrías y Viera cuando el alto tribunal se pronunció y le mantuvo como investigado. Cs había amenazado a Díaz con una moción de censura si no dejaban sus cargos públicos.

El caso de los ERE también provocó que se constituyera en el Parlamento andaluz la primera comisión de investigación de esta cámara autonómica en 2012 aunque concluyó sin que se aprobara un dictamen final.

La Junta de Andalucía como acusación particular pidió en octubre de 2016 el archivo de la pieza política de los ERE que afecta a Chaves y Griñán alegando que "no existe prueba alguna" de prevaricación o malversación. En el escrito admitía que se produjeron "múltiples irregularidades administrativas" pero que las posibles responsabilidades penales debían dilucidarse en cada uno de los procesos abiertos por cada expediente.

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