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El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo EFE

El Gobierno aprueba dos proyectos de ley sobre contratos públicos para limitar la corrupción

  • Los condenados por corrupción privada no podrán ser contratistas

  • No podrá haber contratos sin publicidad porque sean de menor cuantía

  • Partidos, sindicatos y patronal tendrán que seguir un procedimiento público

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El Gobierno ha aprobado este viernes dos proyectos de ley sobre contratación pública para adaptar esta última a la normativa europea y mejorar la publicidad y la trasparencia y luchar contra la corrupción, según explica el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros.

La nueva normativa, que se remitirá ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación, incluye por ejemplo la prohibición de contratar a condenados por corrupción entre particulares y la obligación de que partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales sigan un procedimiento público para adjudicar sus contratos, en determinados supuestos, cuando se financien mayoritariamente con fondos públicos.

Otra de las novedades, es la supresión del llamado procedimiento abreviado que permite en la actualidad adjudicar contratos sin publicidad si están por debajo de una determinada cuantía. Se crea un nuevo procedimiento, el abierto simplificado, con duración muy breve (alrededor de un mes) y que será totalmente transparente, con publicación obligatoria.

Trasposición de tres directivas europeas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo que los proyectos obedecen a la trasposición de tres directivas europeas que tenían que haber sido incluidas en la legislación española antes del pasado 18 de abril, por lo que su tramitación es urgente.

La normativa se distribuye en dos proyectos de ley, uno referido a la contratación en el sector público en general y otro más específico referido a determinados sectores, ha explicado.

Además de las medidas para luchar contra la corrupción, las cargas administrativas se reducirán y se agilizarán los procedimientos, entre otras vías gracias a las denominadas "declaraciones responsables" por las que el empresario asegura cumplir los requisitos exigidos y solo tiene que demostrarlo si resulta adjudicatario.

Facilitar la participación de las pymes en los contratos

Además, pretende facilitar la participación de las pymes mediante la división de los contratos en varios lotes, la restricción de los "medios propios" -entidades creadas por la propia Administración para realizar las actividades- o la posibilidad de exigir al licitador que se cumplan determinados plazos de pago.

Otro de los objetivos es lograr que la contratación pública sirva como instrumento para las políticas medioambientales, sociales y de innovación mediante la exigencia de certificados de calidad o las licitaciones "de asociación para la innovación" para necesidades no cubiertas por el mercado y que, por lo tanto, requieren investigación y financiación.

Las nuevas leyes pretenden mejorar la cooperación entre administraciones, para lo que prevén la creación de un Comité de Cooperación, con la participación de comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, dentro de la Junta Consultiva de Contratación del Estado.

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