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Anticorrupción pide fianzas equivalentes a lo gastado con las tarjetas opacas de Caja Madrid

  • La Fiscalía lo pide para seis de los diez imputados que han declarado
  • Los exconsejeros dicen que el uso de las tarjetas cambió con Miguel Blesa
  • Andreu trata de aclarar si las tarjetas eran retribución o gastos de presentación
  • Preferentistas reciben a los exconsejeros al grito de "golfos y mangantes"

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Anticorrupción solicita fianzas civiles para los imputados por las tarjetas opacas de Caja Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado fianzas civiles equivalentes a lo que cada uno gastó con su visa opaca para seis de los diez imputados por delitos de administración desleal y apropiación indebida por el escándalo de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid que han declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

En concreto, el representante del Ministerio Público ha exigido fianzas civiles para José Antonio Moral Santín (exconsejero a propuesta de IU); el exalcalde socialista José María Arteta (137.617); Pedro Bedia (CC.OO.); el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que se ha negado a declarar; el socialista Ramón Espinar; e Ignacio de Navasqües.

Por el contrario, no ha pedido cantidad alguna para Gonzalo Martín Pascual (UGT), Juan José Azcona y Rodolfo Benito (CC.OO.), así como Guillermo R. Marcos Guerrero (Unipyme), han informado fuentes jurídicas. Todos ellos han atribuido el uso de sus plásticos a gastos de representación. No obstante, para los dos últimos la Fiscalía ha reservado la posibilidad de pedir una fianza más adelante.

Su "naturaleza" y "uso" cambió con Blesa

Los exconsejeros -entre ellos Moral Santín- han afirmado que los gastos de las visas eran una parte de su retribución que podían destinar a gastos como ropa, viajes u obsequios y que no tenían que declarar sus tarjetas a Hacienda porque Caja Madrid lo debía hacer por ellos.

Varios de ellos, como Arteta, han añadido además que fue "costumbre" que se les permitiera usarla incluso tres meses después de su cese, extremo del que le informó el también imputado José Manuel Fernández Norniella. El sindicalista de CC.OO. Pedro Bedia ha dicho incluso que desde la dirección de la entidad se le pidió que utilizara más la tarjeta porque la estaba usando "poco".

En sus declaraciones ante el juez, los exconsejeros han discrepado sobre el objeto con el que se les entregó esas tarjetas de la entidad, si bien han coincidido en afirmar que su "naturaleza" y "uso" cambió con la llegada de Miguel Blesa al frente de la entidad. entonces se generalizaron los "gastos personales" con las tarjetas, que eran utilizadas con una gran "flexibilidad".

Este es el primer grupo de los 78 beneficiarios de esas tarjetas imputados por el magistrado, y entre los que se encuentran dirigentes del PP, PSOE e IU, así como de los sindicatos CC.OO. y UGT y de la patronal CEOE.

Una veintena de preferentistas les han recibido al grito de "golfos" y "mangantes". Las personas que compraron preferentes de la entidad han aguardado desde primera hora de la mañana a las puertas del órgano judicial portando pancartas en las que se podía leer "Estafa bien preparada y consentida por los grandes partidos. ¿Dónde está nuestro dinero? ¡Justicia ya!".

Quiénes son los imputados

Los imputados que han declarado este lunes son José Antonio Moral Santín, que cargó 456.552 euros a las tarjetas; José María Arteta (137.617 euros gastados), Juan José Azcona (99.300 euros), Pedro Bedia (78.200 euros), Rodolfo Benito (140.600 euros), Gerardo Díaz Ferrán, que gastó 93.984 euros, Ramón Espinar (173.999 euros cargados a las tarjetas), Guillermo Ricardo Marcos Guerrero (130.947 euros), Gonzalo Martín Pascual (129.700 euros) e Ignacio de Navasqües (191.981 euros).

El martes, deberán comparecer Jesús Pedroche (132.200 euros gastados de Caja Madrid), Alberto Recarte (139.900 euros), José María de la Riva (208.900 euros), Antonio Romero (252.009 euros), Ricardo Romero de Tejada (212.216 euros), Estanislao Rodríguez Ponga (255.400 euros), Francisco Baquero (266.433 euros), José Manuel Fernández Norniella (175.400 euros), Mercedes Rojo (199.300 euros) y Virgilio Zapatero (35.977 euros).

Por último, el miércoles están citados María Enedina Álvarez, que disfrutó de 47.000 euros; Luis Blasco (51.700 euros), Carmen Cafranga (175.200 euros), Arturo Fernández (37.726 euros), Jorge Gómez (98.200 euros), Javier López Madrid (34.807 euros) y José Ricardo Martínez Castro (44.200 euros).

Además, Andreu ha citado como testigos el viernes próximo al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, bajo cuyo mandato situó Blesa el origen de las tarjetas; a los cuatro exdirectivos que nunca las usaron -Francisco Verdú, Féliz Manuel Sánchez, Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera-, así como al director corporativo de Auditoría Interna de Bankia que destapó el escándalo, Iñaki Azaola.

"Serias dudas" sobre el carácter de los gastos

En su auto del 28 de enero, Andreu explica que debe dilucidarse el concepto por el que se emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos, de ahí que en este momento el juez distingue entre los administradores y los directivos.

Andreu considera que existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.

El juez hace constar que, si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido, y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación.

De ese modo, su entrega se convirtió "en una remuneración irregular, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello, teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa". Debido a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas, el magistrado tiene serias dudas de que se tratara de tarjetas de empresa.

Ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron.

Tampoco se explica "por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo del que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos tendrían derecho".

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