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Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por incumplir la norma sobre vertederos

  • También lleva ante la Corte de Luxemburgo la línea ferroviaria Sevilla-Almería
  • Expedienta a España y otros 17 países por retrasos en el Cielo Único Europeo
  • La Comisión avisa que ese retraso aumenta los costes entre un 30% y un 40%
  • Abre otro expediente a España por un retraso en el plan de pesca con dragas

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La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la legislación sobre vertederos de basura y por la falta de un informe de impacto medioambiental adecuado en el proyecto de línea ferroviaria entre Sevilla y Almería. "En un esfuerzo por instar a España a rectificar", Bruselas ha remitido ambos casos a la Corte de Luxemburgo a recomendación del comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik.

Además, el Ejecutivo comunitario ha abierto sendos expedientes a España por los retrasos en la puesta en marcha del Cielo Único Europeo -un proyecto cuyo objetivo es aumentar la eficiencia en la gestión del espacio aéreo y reducir así los retrasos de los vuelos- y por retrasar la elaboración de un plan de pesca con dragas en el Mediterráneo. La apertura de expediente es el primer paso de un procedimiento de infracción.

Deberían haber cerrado 28 vertederos que infringen la normativa

Respecto a  la gestión de los residuos en vertederos, Bruselas señala que "pese a las advertencias previas de la Comisión, muchos vertederos españoles siguen en funcionamiento pese a no cumplir la legislación de la UE".

La directiva europea que regula el vertido de residuos establece un conjunto de normas sobre los vertederos para prevenir sus efectos negativos para la salud humana, el agua, el suelo y el aire. Según esa legislación, los vertederos que estuvieran en funcionamiento en 2001 tenían que cerrar sus puertas, como muy tarde, el 16 de julio de 2009, "salvo que cumplieran las normas de la UE destinadas a garantizar su funcionamiento seguro", recuerda la Comisión.

Sin embargo, según la información de la que dispone Bruselas, "casi cinco años después de expirado el plazo para el cese de sus operaciones, en España siguen en funcionamiento 28 vertederos que infringen la normativa, y otros tres siguen pendientes de renovarse para adaptarse a la legislación vigente".

La línea de alta velocidad Sevilla-Almería "no debió aprobarse"

En cuanto al segundo caso, el Ejecutivo comunitario asegura que "no se realizó una evaluación de impacto ambiental adecuada" sobre el proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Almería, aún en fase de construcción, "que ha tenido graves repercusiones en las Campiñas de Sevilla, una zona de gran importancia para la conservación de las aves", protegida por la legislación españolay europea.

"Pese a que numerosas pruebas científicas avalaban desde hacía tiempo la importancia de esta zona, España no otorgó el estatus de zona de protección especial hasta que el Tribunal de Justicia de la UE dictó sentencia al respecto, y para entonces ya se había autorizado la sección correspondiente del proyecto ferroviario Sevilla-Almería y habían comenzado las obras de construcción", señala el comunicado de Bruselas.

Este retraso -continúa la nota- provocó que el procedimiento de impacto ambiental del proyecto no tuviera "debidamente en cuenta" ese estatus de zona de protección. "Ahora resulta evidente que, tal y como se presentó, el proyecto no habría debido aprobarse, ya que está causando un deterioro del hábitat y una perturbación de las aves protegidas, situación que podría acentuarse si la línea ferroviaria de alta velocidad se pusiera en funcionamiento", concluye la Comisión, que justifica la denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en que "España no ha adoptado las medidas necesarias para reparar el daño causado".

"Hay que acabar con las fronteras en el espacio aéreo"

En lo referente al retraso en el Cielo Único Europeo, además de a España y a Portugal, el expediente afecta a Austria, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía y Reino Unido.

Bruselas pide a estos países que mejoren los bloques funcionales de espacio aéreo que les corresponden -en el caso de España, el bloque es conjunto con Portugal- y los servicios de navegación aérea. Estos bloques conforman un espacio aéreo común estructurado en torno a los flujos de tráfico y no en torno a las fronteras nacionales, y según la legislación de la UE deberían haber estado operativos, a más tardar, el 4 de diciembre de 2012.

Una vez enviada la carta de emplazamiento por la apertura del expediente, los países afectados disponen ahora de dos meses para responder al Ejecutivo comunitario, que puede acabar llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Ya es hora de que acabemos con las fronteras nacionales en el espacio aéreo europeo", ha reclamado el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Transportes, Siim Kallas. "Por el momento, estos espacios aéreos comunes solo existen sobre el papel; se han creado formalmente, pero todavía no están funcionando. Insto a los Estados miembros a mostrarse más ambiciosos e impulsar la implantación del Cielo Único", ha reclamado el comisario.

Aumento de hasta el 40% en los costes

Según denuncia Bruselas, el bloque funcional de espacio aéreo (FAB, por sus siglas en inglés) entre Italia, Grecia, Chipre y Malta todavía está en fase de establecimiento formal, mientras que ya han entrado en vigor los acuerdos interestatales por los que se establecen los bloques entre España y Portugal, entre Reino Unido e Irlanda, entre Lituania y Polonia, entre Bulgaria y Rumanía, y el FAB entre Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Croacia.

"Los avances reales en la reorganización del espacio aéreo de estos FAB y en la eficacia de sus servicios de navegación aérea han sido lentos, lo que significa más retrasos, mayor consumo de combustible y, por tanto, más emisiones de gases de efecto invernadero, así como mayores cargas económicas para las compañías aéreas", afirma el Ejecutivo comunitario.

Además, Bruselas sostiene que "el estancamiento de los FAB está retrasando la plena implantación del Cielo Unico Europeo de la UE, lo que, a su vez, genera ineficiencia en todo el sistema de gestión del tráfico aéreo europeoaumentando entre un 30% y un 40% los costes totales de la navegación aérea y las cargas impuestas en Europa". Según sus cálculos, esto representa una pérdida de unos 5.000 millones de euros al año.

Otro expediente por retraso en el plan de pesca de arrastre en el Mediterráneo

El Ejecutivo comunitario también ha abierto otro expediente a España e Italia por ir con retraso en la aprobación de planes de gestión de pesca en el Mediterráneo y les ha dado un plazo máximo de dos meses para corregir la situación, bajo la amenaza de una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El reglamento de la UE sobre el Mediterráneo exige a los Estados miembros adoptar planes nacionales de gestión de la pesca realizada con redes de arrastre, redes de tiro desde embarcación, jábegas, redes de cerco y dragas en sus aguas territoriales. Estos planes deberían haberse adoptado antes del 31 de diciembre de 2007.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario denuncia que Italia y España no han adoptado todavía planes de gestión válidos para la pesca con dragas. Bruselas resalta que los planes nacionales exigidos constituyen importantes herramientas para garantizar la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, en el que, tradicionalmente, no se aplica una gestión de la pesca basada en cuotas.

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