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Portugal congela el gasto público e impone una autorización de Finanzas a los pagos

  • Solo se salvan los gastos de personal, agua, luz y las costas judiciales
  • Las restricciones se mantendrán hasta "nueva orden" del Ejecutivo

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En Portugal, el Gobierno ha prohibido cualquier nuevo gasto en las administraciones y servicios del sector público y ha impuesto una autorización especial del Ministerio de Finanzas para pagos imprevistos.

La medida, la más radical aplicada hasta ahora por el Ejecutivo conservador de Pedro Passos Coelho, es la primera que adopta tras anunciar el domingo pasado nuevos recortes sociales para cubrir 1.300 millones de euros en ahorros que ha declarado ilegales el Tribunal Constitucional.

En un despacho el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, señala que la restricción se mantendrá hasta "nueva orden" del Ejecutivo.

De la congelación solo se salvan tres tipos de gastos de importe variable: los pagos habituales de personal, los generados por los contratos en ejecución, como los pagos de servicios básicos de agua o luz, y las costas judiciales.

Situaciones críticas

Medidas similares adoptadas anteriormente por el Gobierno luso para no sobrepasar los márgenes de déficit fiscal, generaron situaciones muy criticadas en los servicios públicos que debían afrontar gastos imprevistos o superiores a los presupuestados.

Hubo hospitales que se quejaron de no poder renovar equipos y medicamentos, comisarías en las que faltaba el papel, trámites administrativos parados por falta de tinta en las impresoras o películas extranjeras que no podían ser subtituladas y se proyectaban en la filmoteca nacional en lenguas que nadie entendía.

La autorización de gastos no presupuestados en este ejercicio será además "excepcional", según Finanzas, y en principio solo para partidas que se notifiquen en un plazo tan perentorio que finaliza este martes.

La medida se toma para corregir los presupuestos por la sentencia, que consideró inconstitucional la supresión de una paga extra a los pensionistas y funcionarios, así como el recorte del 5 y 6% en los subsidios de desempleo y enfermedad.

Según el Ministerio de Finanzas, el dictamen del máximo tribunal luso, al que el Gobierno acusa de poner en riesgo la estabilidad financiera del país, crea "serias dificultades" al cumplimiento de las metas fiscales lusas, comprometidas con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate.

Control presupuestario

Por eso, argumenta, es "necesario" tomar medidas que refuercen el control presupuestario y la contención del gasto público para adaptarlo a una "nueva realidad".

Passos Coelho reaccionó el domingo a la sentencia con el anuncio de recortes en sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas, así como en los gastos de las administraciones.

El Ejecutivo luso revisa ahora contrarreloj qué recortar para equilibrar los presupuestos ante la próxima reunión del Ecofin y la visita extraordinaria de la troika.

Los ministros europeos de Economía y Finanzas deciden el viernes y sábado en Dublín la ampliación de los plazos de devolución del rescate luso, de 78.000 millones de euros, que Lisboa daba por hecha y ahora considera en peligro por la desconfianza de sus socios ante las consecuencias de la sentencia.

Los técnicos de la troika, compuesta por el FMI, la Comisión y el Banco Central europeos, que concedieron y vigilan la ejecución del rescate, harán un examen extraordinario del cumplimiento de sus compromisos en las próximas semanas, según fuentes oficiales. De ella depende que el país reciba otro tramo de la ayuda internacional -2.000 millones de euros- que de momento está bloqueado.

Portugal tiene así pocos días para hacer una lista de ahorros que resulte convincente ante los socios y organismos europeos, cuya reacción al dictamen del Constitucional luso ha sido peor que la mostrada en los mercados financieros, donde los intereses de la deuda lusa se han visto poco afectados.

Sin embargo, las declaraciones de autoridades, portavoces e incluso algún ministro europeo no han dejado de recordar al país rescatado, y con toda claridad, que del cumplimiento de sus compromisos depende tanto la mejora de los vencimientos del préstamo como la entrega de sus próximos tramos.

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