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El Gobierno recurre ante el TC el euro por receta en Madrid y pide su suspensión

  • "Afecta a las condiciones de igualdad", explica Sáenz de Santamaría

González respeta el recurso pero defiende sus competencias

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Soraya Saénz de Santamaría insiste que la medida del euro por receta vulnera el sistema previsto por el estado

El Gobierno ha acordado este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el cobro de un euro por receta médica en la Comunidad de Madrid y pedirá la suspensión automática de su aplicación.

Según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha acordado la solicitud al Consejo de Estado de la emisión de un dictamen en el plazo de cinco días, que llevará aparejada la petición de suspensión.

El Gobierno considera que el euro por receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles.

"Consideramos que afecta a las condiciones de igualdad de los ciudadanos", ha explicado la vicepresidenta. "Se trata de hacer un ejercicio de coherencia", ha apuntado Soraya Sáenz de Santamaría.

González respeta el recurso

El presidente madrileño, Ignacio González, ha dicho que es "muy respetable" que el Gobierno central recurra ante el Tribunal Constitucional el pago de un euro por receta en esta Comunidad, pero ha defendido la medida porque el Ejecutivo regional "actúa dentro de sus competencias".

En una visita a una empresa de café de Alcorcón, González ha hecho referencia de este modo al recurso de inconstitucionalidad que ha acordado presentar hoy el Consejo de Ministros contra la tasa de un euro por receta que se cobra a los madrileños desde el pasado 1 de enero.

El presidente regional ha insistido en que se trata de una medida "disuasoria" que busca "racionalizar el gasto sanitario" y que se aplica desde hace muchos meses" en Cataluña.

Ha indicado que el pago de esta tasa "entra dentro del margen de las competencias de las Comunidades autónomas" y que por tanto, éstas tienen "capacidad de regulación" en la venta de medicamentos.