El PP aprueba los recortes educativos para que las CC.AA. cumplan con Hacienda

  • Toda la oposición, menos el diputado de UPN, vota en contra del decreto
  • El ministro cree que estas medidas se tenían que haber acometido en bonanza
  • Wert pone en manos de las comunidades la adopción de las medidas
  • Crtitica que solo se han preocupado en invertir y poco en los resultados
SANTIAGO SÁNCHEZ MARTÍNSANTIAGO SÁNCHEZ MARTÍN 

El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ha explicado en el Congreso que muchas de las medidas que ahora ha tenido que acometer en el Real Decreto de racionalización de la Educación ya se tenían que haber asumido en épocas de bonanza econónomica. Estas medidas son una mera "cuestión  de eficiencia y seguramente tendrían que haberse adoptado mucho antes", ha justificado.

El Real Decreto se ha aprobado en el Congreso con los 179 votos a favor del PP y del único diputado de UPN, mientras que el resto de la cámara -135- ha votado en contra de la medida. Los recortes en Sanidad han sido aprobados con los mismos resultados, el grupo popular ha hecho valer su mayoría absoluta para sacar adelante ambas medidas.

"Esa no es la reforma educativa del Gobierno, esto se hace para que las autonomías cumplan con el déficit", ha afirmado Wert en la última exposición que se hará de las medidas incluidas en el Decreto.

Pretende ahorrar 3.000 millones de euros, con medidas, dice el ministro, que abren la posibilidad a las Comunidades Autónomas para adelgazar su gastos en educación y aumentar los ingresos, y así cumplir con los objetivos de déficit, que es una prioridad absoluta para el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Esta lógica no le gusta a nadie. Alguna medidas que para los profesores son penosas lo son también para mi", ha afirmado Wert, quien se ha mostrado comprensivo con la situación de los docentes que además de aumentar sus horarios lectivos han sufrido ya un recorte salarial.

Wert apunta que la reforma no es solo para lograr el equilibrio presupuestario sino que busca también la mejora de los resultados académicos y limitar el abandono escolar. En opinión del ministro, la inversión creciente en los últimos años en educación no se ha preocupado en cambio por los resultados. Ha señalado los malos resultados de nuestros estudiantes en el informe PISA y la alta media de abandono escolar con respecto a los países europeos.

Oposición del resto de partidos

El ministro ha insistido en que en estas medidas no hay improvisaciones ni ideologías sino criterios de eficiencia, y que comunidades no gobernadas por el Partido Popular ya se han mostrado favorables a adoptar alguna de estas "medidas de flexibilidad".

El diputado socialista Mario Bedera ha criticado que en este tipo de políticas no se haya buscado el diálogo con otros partidos y gobiernos. El PSOE ha votado en contra, pero se ha mostrado abierto al diálogo, aunque cree que la conovalidación de estas medidas hará que el futuro se afronte con "plomo en las aulas". Bedera calcula que 40.000 profesores perderán su empleo por estas medidas y ha calculado que el ministro de Educación recorta a ritmo de 1.000 millones al mes.

Álvarez Sostres, de Foro Asturias, ha criticado por "improvisado" el decreto. Joan Tardá, de ERC, sentencia que las medidas crearán "una educación para ricos y otra para pobres". Arantza Tapia, del PNV, pone el enfásis en lo que considera un apropio de las competencias autonómicas a las que Euskadi no pretende renunciar. Francisco Jorquera, del BNG, ha lamentado que se confunda a las personas con "activos tóxicos" en decretos como estos.Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha afirmado que el decreto solo busca el ahorro económico y cree que el decreto es "estrambótico".

Izquierda Plural y el grupo parlamentario catalán también han avanzado su oposición, lamentado el daño que se va a hacer el sistema educativo unos y el ataque competencial, otros.

El diputado de CiU Martí Barberá ha rechazado que se culpe a las comunidades del déficit, ha señalado que se "abusa" del decreto-ley y ha aludido a que se interfieren competencias.

Cándida García Álvarez, de la Izquierda Plural, ha dicho que es día de "luto ciudadano" porque es una "declaración de guerra" a la educación pública con medidas "arbitrarias" y un "retroceso sin precedentes".

"La respuesta estará en la calle -ha advertido- y nosotros estaremos con la gente de la calle".

Solo el grupo parlamentario popular ha defendido el Real Decreto por "absolutamente necesario" y cree que en España "se ha invertido en educación pero no se ha invertido bien", de lo que ha culpado a los gobiernos socialistas.

Ahorrar y mejorar los resultados

Aumento del número de alumnos por aula, aumento de las jornadas lectivas de los docentes, y límites a las sustituciones por baja, son las vías en la educación no universitaria para ahorrar. En el caso de la educación superior se abre la posibilidad de subir las tasas universitarias, disminuir el número de titulaciones y exigir criterios de estabilidad presupestaria.

Subraya que su objetivo es "ofrecer posibilidades a las comunidades autónomas", que podrán decidir en qué proporción aplican las distintas disposiciones contenidas en el texto, "según su déficit y sus necesidades".

Entre otros puntos, este real decreto-ley permite aumentar hasta un 20% los ratios máximos de alumnos por clase, incrementar la jornada lectiva de los profesores -25 horas mínimas en Primaria y 20 en Secundaria-, suprimir complementos retributivos, elevar de tres a 10 días el período máximo en que la baja de un profesor puede cubrirse sin contratar a un sustituto, eliminar la obligación de ofrecer más de dos modalidades de Bachillerato para los centros públicos Y retrasar a 2014 la implantación de los títulos de FP de 2.000 horas.

En cuanto a la Universidad, las comunidades Autónomas podrán acordar una subida de los precios públicos de la matrícula de hasta el 25% para los nuevos alumnos, que se incrementaría en función de las repeticiones; suprimir titulaciones y centros cuando la demanda de los estudiantes sea muy deficitaria, o modificar la carga de horas de docencia e investigación del profesorado, en función de su mayor dedicación a una u otra tarea.

Rechazos: huelga y recursos de inconstitucionalidad

Este decreto-Ley cuenta con el rechazo de los sindicatos de estudiantes, la oposición de izquierdas en el Congreso y los sindicatos de profesores, que han convocado una huelga general contra estas medidas el próximo 22 de mayo.

Uno de los escollos más importantes con los que se encontrará este decreto son los recursos de inconstitucionalidad presentados por Andalucía y País Vasco, a los que previsiblemente se añadirá Cataluña, por invasión de sus competencias.

Sin embargo, Wert asegura que que el artículo 149.1 de la Constitución habilita al Gobierno a decidir en estas cuestiones y el 86, por ser medidas en situaciones excepcionales, de "extraordinaria y urgente necesidad". Ambas condiciones, asegura, se dan en estas circunstancias, cuando es obilgado cumplir con los objetivos de consolidación fiscal acordados con Bruselas. 

En cualquier caso Wert ha vuelto ha advertir de que esta no es la reforma educativa que proyectan, sino la piedra básica sobre la que sustentará la próxima reforma.

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