El tanque Leopardo (Leopard) E2, del Ejército de TierraEJÉRCITO DE TIERRA/MINISTERIO DE DEFENSA
Las organizaciones españolas que participan en la campaña internacional "Armas bajo control", que busca poner límites al comercio de armas, han mostrado su "preocupación" por la posible venta de España a Arabia Saudí de 250 carros de combate Leopard por un valor de 3.000 millones de euros.
Las ONG (Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam) han pedido al Gobierno que dé "información pública y detallada sobre este asunto", que detenga la operación "de forma cautelar" y que la condicione "al establecimiento de salvaguardias y de sistemas de rendición de cuentas, para evitar que el material exportado pueda ser utilizado en la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos".
El informe recuerda que las autoridades de Arabia Saudí han reprimido a los manifestantes, prohíben las muestras de disenso y han participado en la represión de las protestas en el vecino Baréin.
Las ONG también denuncia que España vendió armas durante el primer semestre de 2011 a los países de la "primavera árabe", aunque no especifica en qué fechas.
Las negociaciones para vender el Leopard 2E (versión española del blindado alemán) fueron iniciadas por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero e impulsadas por su secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez. Según el diario ABC, aunque aún no se ha abierto el concurso las negociaciones estarían en una fase decisiva, y próximamente habrá una reunión mixta.
El pasado 14 de marzo, el ministro de Defensa actual, Pedro Morenés, declaró en el Congreso de los Diputados que España tiene una posición "razonablemente buena" para hacerse con el contrato, y que el Gobierno tiene una "relación permanente con Arabia Saudí".
El diputado del PSOE Antonio Ramón Trevín pidió a Morenés que "agilice" dicho convenio y concrete la adquisición para garantizar la producción a la empresa Santa Bárbara, fabricante de los carros.
General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas es la empresa fabricante de un modelo en el que participan otras empresas, como Indra, Amper o Tecnobit. El montaje final se realiza en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Cuando termine de entregar los tanques que le ha pedido el Ejército español, la fábrica quedará sin encargos, por lo que este contrato puede ser vital para su supervivencia: garantizaría su actividad durante seis años y 250 puestos de trabajo.
En este sentido, las organizaciones que forman parte de la campaña muestran su "preocupación por que los condicionantes comerciales se impongan a lo que estipula la regulación de la propia legislación española y comunitaria". Cualquier operación, dice el informe, debe ajustarse "escrupulosamente" a la normativa vigente y al control preventivo.
La oferta tiene, no obstante, dos problemas que sortear. La primera es la adaptación del modelo a las altas temperaturas del desierto saudí. La segunda es que Alemania, propietaria de la patente tecnológica, dé su visto bueno a la venta a terceros. Berlín se quedaría con el 30% de los ingresos del contrato.
El informe denuncia también que entre las operaciones "preocupantes" realizadas en el primer semestre de 2011 hubo algunas dirigidas a los países de la "`primavera árabe". Concretamente, a Baréin (6 millones de euros en municiones, dispositivos y componentes), Egipto (1.1 millones en vehículos terrestres) y la propia Arabia Saudí (3.5 millones en municiones, dispositivos y componentes). No obstante, el documento no da la fecha de estas dos operaciones, y pide más información al respecto.
El informe valora positivamente que el anterior Ejecutivo sometiera a revisión todas las licencias aprobadas desde 2006, especialmente las que estuvieran destinadas a países escenario de las protestas. Incluso se revocaron dos licencias hacia Libia.
La suspensión se levantó el 11 de mayo, y desde entonces las solicitudes a estos destinos han sido sometidas a escrutinio especial para que cumplan con las cautelas reflejadas en la ley 53/2007 para las exportaciones de defensa.
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