Argentina también expropiará Gas YPF y el Senado da luz verde al proceso parlamentario

  • La presidenta asegura que los argentinos están cambiando su historia
  • García-Margallo se reúne con Hillary Clinton para analizar el conflicto
AGENCIAS 

El Senado argentino ha dado ya el paso clave para aprobar el proyecto de ley que expropia el 51% de las acciones de YPF a Repsol, ya que este miércoles (madrugada en España) ha habilitado el debate de la iniciativa en el pleno de la Cámara alta. Además, se ha confirmado que la expropiación también incluirá   la nacionalización de YPF Gas, en manos del grupo español.

Dentro de la ofensiva diplomática del Gobierno español contra esta decisión, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se reune este jueves en Bruselas con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton.

Por otra parte, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha asegurado que están "cambiando una historia que muchas veces no quisieron escribir y que lo hicieron otros por ellos", aunque -ha añadido- "no hay que echarle la culpa a nadie".

Durante un acto en Buenos Aires, la mandataria recordó que su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner, dijo en 2003 que "el gran problema energético fue la desnacionalización y la venta de las acciones de YPF".

"Ahora se está recuperando ese instrumento estratégico", sostuvo la jefa de Estado.

Voces argentinas contrarias al proceso

La firma del dictamen para seguir adelante con la tramitación parlamentaria de la expropiación se ha producido tras dos días de discusiones entre los miembros de las tres comisiones parlamentarias, en las que también participaron los interventores de YPF; el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Este último, al que fuentes empresariales adjudican un especial protagonismo en el diseño del proyecto presentado el lunes por Cristina Fernández, anunció que Argentina no pagará los 10.000 millones de dólares que reclamó el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo.

En el debate de este miércoles participaron exfuncionarios, juristas y consultores en hidrocarburos que advirtieron de que expropiar la petrolera YPF al grupo español Repsol sin pago previo viola la Constitución argentina y apostaron por una negociación entre el Gobierno de Cristina Fernández y la compañía española para llegar a un precio justo.

"Aunque alguien diga me puedo quedar gratis YPF, sería confiscación y a nosotros nos conviene hacer una compra consensuada, con un precio justo y, si es posible, una negociación amigable", afirmó el ex ministro de Energía Jorge Lapeña.

Lapeña, que fue ministro de Energía durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989), recordó que el artículo 17 de la Constitución argentina declara que "la propiedad es inviolable" y "la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada".

"Necesitamos no hacer gestos que puedan ser interpretados fuera de nuestras fronteras como que no cumplimos los contratos. Hay que convencer a los inversores de que durante 30 años las reglas no se van a modificar", advirtió Lapeña.

También para el exsecretario de Energía Daniel Montamat -que se ocupó de la gerencia de YPF a finales de los años 80- es necesario que Argentina dé señales de confianza y diseñe una política para el sector energético, aunque expresó sus temores sobre el conflicto que se avecina por la tasación de las acciones que le serán expropiadas a Repsol.

Mientras avanzaba el debate en el Senado, las acciones de YPF se desplomaban en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hasta cerrar con una caída del 28,66%

Mientras tanto, los interventores de la petrolera han adelantado un paquete de medidas, entre las que se incluyen la puesta en marcha de una auditoría de la empresa y la decisión de aumentar su producción.

"Ningún malestar" de España con EE.UU.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García- Margallo, se reunirá este jueves con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, a quien trasladará "el malestar" del Gobierno español por "la arbitraria decisión que ha tomado el Gobierno argentino".

Este encuentro bilateral se realizará aprovechando la asistencia de ambos a una reunión en la OTAN y ha sido solicitado por la delegación estadounidense, según fuentes de Exteriores.

García-Margallo ha dejado claro que no existe "ningún malestar" por la reacción estadounidense a este conflicto con Argentina.

"No tengo ningún malestar con Hillary Clinton. Mostraré en todo caso la preocupación del Gobierno español por la arbitraria decisión que ha tomado el Gobierno argentino, y le manifestaré también que esta decisión no sólo afecta a los intereses españoles, sino que afecta a intereses de una empresa europea y afecta al principio de seguridad jurídica que afecta a todas a toda la comunidad internacional", ha explicado el propio ministro en declaraciones a la prensa, preguntado por el malestar del Gobierno por el apoyo insuficiente de Washington en el caso de Repsol-YPF.

Margallo aseguró el martes que la reacción de la jefa de la diplomacia estadounidense por el caso de Repsol "no ha sido todo lo entusiasta" que le hubiera "gustado" al Gobierno tras las gestiones del ministro para buscar el apoyo de la Administración de Barack Obama. La secretaria de Estado se limitó entonces a constatar en una rueda de prensa durante una visita a Brasil a principios de semana que Argentina debe "justificar" su decisión.

El Gobierno estadounidense, a través de un portavoz del Departamento de Estado que dirige Clinton, aseguró este miércoles que ha trasladado su preocupación al más alto nivel al Gobierno argentino por el caso de Repsol que Washington considera un "acontecimiento negativo" que le mantiene "muy preocupado".

"Francamente, cuanto más lo observamos, más vemos que es un acontecimiento negativo", aseguró el portavoz Mark Toner en una comparecencia ante la prensa. El portavoz  insistió en que dicha decisión puede tener "un efecto adverso en la economía argentina y podría dañar más el clima de inversión" en el país e instó a Buenos Aires "a que normalice sus relaciones con la comunidad financiera e inversora internacional".

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