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Preguntas y respuestas sobre la financiación de la sanidad pública española

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¿Cómo se financia la sanidad pública en España?

De las transferencias a las comunidades autónomas que hace el Estado a través de los presupuestos generales del estado y de impuestos especiales que van directamente a las propias CC.AA. (hidrocarburos, conocido como céntimo sanitario) que son quienes tienen transferidas las competencias, con carácter general, desde 1986. Es decir, en todo caso a partir de los impuestos. Solo en el caso de las mutualidades de los funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas) se financian en parte con cotizaciones (aportaciones a partir de la nómina).

¿Por qué se habla de que el sistema es deficitario?

Si la financiación llega esencialmente de los presupuestos de las comunidades y se dice que hay déficit, este se podría explicar porque hay desvíos (por ejemplo, en la construcción de infraestructuras, que cuestan finalmente más de lo previsto) o porque no se han destinado suficientes partidas. Es decir, en este caso sería por una decisión política, como es el hecho de que las prestaciones sean gratuitas y basadas en la solidaridad: cada uno paga con impuestos en función de su capacidad y recibe las atenciones que necesita.

¿Cuánto cuesta?

Las últimas estimaciones indican que España invierte en sanidad cerca del 10% de su producto interior bruto, incluida la privada. El sistema público se queda el 6,6% del PIB, es decir, cerca de 70.000 millones y algo más de 1.400 euros por persona.

En comparación con los países de su entorno, España invierte menos que la media europea por habitante y también en función al nivel de vida. Según un informe oficial, el gasto en términos de paridad del poder adquisitivo ronda los 2.300 dólares frente a más de 2.900 de media en los países de la UE a 15 (los occidentales, antes de las últimas ampliaciones. Informe de 2010 con datos de 2008).

¿Qué servicios cubre y a quiénes?

El sistema público de salud cubre casi todas las atenciones. De las básicas, solo se excluyen la atención dental y los artículos ópticos (gafas). Además, desde este año, ya no quedan excepciones y todos los residentes en España (nacionales y extranjeros) están cubiertos.

Por todo ello, es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, al menos en cuanto a lo que se denomina como cobertura universal. Según datos oficiales de la UE al respecto, España es el país con menos población excluida de una asistencia sanitaria completa (un 0,3% en 2008) solo por detrás del Reino Unido (con una financiación similar) y mucho mejor que países como Francia (4,9%), Italia (7,2%) o Suecia (1,2%).

¿Y los medicamentos?

Los medicamentos no son gratuitos, salvo los dispensados durante la estancia en un hospital o para el tratamiento de accidentes de trabajo (y enfermedades profesionales). Y a partir de ahora, para los parados sin ningún ingreso, según ha decidido el Gobierno. Hasta ahora también disfrutaban de ese beneficio los pensionistas, que pasarán a pagar en función de su prestación con un tope máximo de 18 euros al mes. Solo los que cobran pensiones muy bajas (no contributivas) seguirán recibiendo gratis los medicamentos.

En el caso de los trabajadores, que hasta ahora pagaban el 40% de cada receta, ahora lo harán en función de sus ingresos declarados. Seguirán haciéndolo en ese porcentaje las rentas inferiores a 22.000 euros al año, aumentará a un 50% para los que cobren entre 22.000 y 100.000 euros y un 60%, con un límite de 18 euros al mes, para los que superen ese nivel.

En 2011, el gasto público farmacéutico en España ha sido de unos 11.000 millones, y en términos comparativos es similar a los países del euro (menos en términos relativos, algo mayor con relación al poder adquisitivo).

¿Qué medidas se han tomado o anunciado y cuál es su coste?

El gasto farmacéutico ha sido precisamente una de las partidas del sistema en las que más se ha ahorrado desde que en 2010 empezaron los recortes por la crisis, con medidas como la prescripción generalizada por principio activo (genérico en vez de marcas). Así, el año pasado la factura de los medicamentos se redujo un 10%.

Por su parte, Cataluña acaba de aprobar una tasa de un euro por cada receta, aunque los grupos de izquierda, e incluso el anterior Ejecutivo, advirtió de que no tiene competencias para ello. Ahora esta tasa está en el aire, aunque su consejero de Economía ha dicho que se mantiene.

Esta comunidad ha sido precisamente la que ha adoptado más recortes en sanidad, entre otras con la reducción de horarios y días de funcionamiento de quirófanos o ambulatorios, recorte de salarios y reducción de personal (no renovación de personal interino), medidas estas últimas que han tomado todas las administraciones.

Este 18 de abril, la ministra Ana Mato ha explicado un conjunto de medidas para reducir 7.000 millones, es decir, el 10% del coste del sistema, aunque no ha detallado el ahorro de cada una. La principal (sin cuantificar) se supone que es el nuevo sistema de pago de medicamentos [explicado antes]. El Gobierno sí ha estimado que ahorrará 2.750 millones por el impulso de otras medidas en este ámbito, fundamentalmente por la dispesación más acorde al tratamiento o la central de compras, ambas aprobadas ya por el anterior Ejecutivo.

También ha anunciado un plan para atajar el denominado "turismo sanitario", que se ha evaluado en 1.000 millones. Y sin concretar (a la espera de un informe de expertos) ha quedado su anuncio de una redefinición de los servicios básicos (la llamada "cartera común"), lo que significa que algunas prestaciones dejarán de ser gratuitas y con lo que se prevén ahorrar 500 millones. Finalmente, en personal se prevé ahorrar 470 millones fomentando la movilidad de los especialistas.

Con estas cuentas, para completar los 7.000, el aumento en el pago por recetas debería reportar al sistema a 3.000 millones, algo que no cuadra teniendo en cuenta que el gasto total el año pasado fue de 11.000 millones.

¿Y entonces, las cuentas de la Seguridad Social...?

Desde mediados de los años 90, la Seguridad Social y la sanidad pública no tienen nada que ver. La primera es el organismo que recauda las cotizaciones de los trabajadores (y empresas) para pagar las pensiones y prestaciones de desempleo. No obstante, para los trámites sanitarios, los ciudadanos siguen identificándose con el número de afiliación a la Seguridad Social (el que se asigna cuando se firma el primer contrato de trabajo). La Seguridad Social también atraviesa dificultades financieras por la caída de la actividad económica, pero tiene una gran fondo de reserva y además en 2010 se aprobó una reforma para garantizar la viabilidad del sistema que incluía el retraso de la edad de jubilación y, a efectos prácticos, una reducción de la cuantía de las pensiones.

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