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España, a un paso de la sanidad universal

  • A partir del 1 de enero, los parados tendrán derecho a sanidad pública
  • Pero todavía quedarán unas 150.000 personas sin este derecho

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Por extraño que pueda parecer, todavía hay personas en España que no tienen derecho a prestación sanitaria gratuita. En todo el país, según las estimaciones del Ministerio de Sanidad, hay unas 200.000 personas que no pueden acudir al médico sin tener que pagar después la factura, y muchas de ellas, lo han descubierto a raíz de la crisis.

Sin embargo, en parte esta situación cambiará a partir del 1 de enero gracias a una de las últimas leyes aprobadas por el Gobierno de Zapatero, la Ley General de Salud Pública.

¿Y por qué la sanidad no era todavía del todo universal?

Esta situación se debe a que una ley, la de Sanidad de 1986, vinculaba el derecho a asistencia médica a la cotización por el empleo. Por eso, uno de los colectivos afectados era el de los parados que no cobraban ningún tipo de subsidio. Y la mayoría descubría que no tenía derecho a sanidad gratuita cuando acudía al médico.

Hasta ahora, a los desempleados sin prestación se les ofrecía tres opciones: solicitar la cobertura para personas sin recursos, pagar su asistencia al médico o inscribirse como beneficiarios en la cartilla de algún familiar.

A esta última opción se tuvo que acoger Diego Mateos, un parado sin derecho a prestación por desempleo, cuando quiso acudir a la consulta de su doctor de cabecera. "Era autónomo, pero al no tener trabajo, me di de baja y me inscribí como demandante de empleo. Un día llamé para para pedir cita y me dijeron que mi tarjeta sanitaria ya no era válida y que me podía poner en la cartilla de mi mujer. Y eso tuve que hacer”, explica a RTVE.es.

Otros colectivos afectados

Pero los parados sin subsidio no son los únicos. Tampoco los trabajadores de profesiones liberales, como abogados y arquitectos que cotizan en alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tienen este derecho. En España, son unas 90.000 personas. La solución para ellos pasa por mutualidades y seguros privados.

En el caso de los arquitectos, es la Hermandad Nacional de Arquitectos quien les presta dicha asistencia. "Tenemos una sanidad alternativa porque si vamos por ejemplo de urgencias a un hospital público, tenemos que pagarlo", asegura a RTVE.es José Antonio Granero, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.

Para los arquitectos, el poder tener derecho a acudir a la sanidad pública era una antigua demanda. "Hace unos años ya pusimos un recurso. Se trata de una reivindicación histórica", señala Granero.

Por su parte, los abogados y procuradores deben recurrir a seguros privados de salud, salvo en Cataluña, Extremadura y en algunas zonas de Castilla y León, donde ya disfrutan de sanidad pública gratuita gracias a normativas autonómicas.

"Aunque en la actualidad la sanidad se sufraga con los impuestos, y nosotros, los abogados, pagamos impuestos como todo el mundo, estamos excluidos. Otra cosa es que se pagara con las cuotas de la Seguridad Social, pero no es así. Es de justicia absoluta que tengamos derecho a prestación sanitaria gratuita", denuncia Carlos Suárez, del Colegio de Abogados de Madrid y ponente de la Abogacía General del Estado.

Tampoco disfrutan de sanidad pública los emigrantes retornados de países sin convenio, religiosos no integrados o personas con rentas superiores a 7.000 euros al año. En todo el país, se encuentran en esta situación unas 70.000 personas. Ángel Núñez, emigrante español y también parado, es una de estas personas. Descubrió que no tenía derecho a cobertura sanitaria cuando regresó de Perú con su mujer y su hija hace un par de años.

"Al regresar a España después de estar cuatro años en Perú me enteré cuando fui a la Seguridad Social que no tenía derecho a sanidad pública porque no cobraba prestación por desempleo. No lo entendía porque yo siempre he tenido mi propio número. Me tuve que poner en la cartilla de mi madre que es mayor. También mi hija pequeña está en la cartilla de su abuela. En cambio, a mi mujer, que es extranjera, si que le dieron la cartilla sin problemas", explica Ángel Núñez.

Una entrada en vigor por fases

La nueva ley de Salud Pública entrará en vigor por fases. Los parados que han agotado la prestación o subsidio de desempleo serán los primeros que se beneficien. Será a partir del 1 de enero cuando unas 40.000 personas recibirán asistencia sanitaria gratuita.

Para las arcas públicas, incorporar a todas estas personas supondrá un coste estimado de 56 millones de euros al año, una cantidad poco importante si se tiene en cuenta que el total de gasto sanitario público es superior a los 60.000 millones de euros.

El resto de colectivos perjudicados tendrá que esperar al desarrollo reglamentario que se realizará en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de dicha ley. "Esperamos que pronto podamos hacer uso de la sanidad pública como el resto de los españoles", concluye esperanzado el abogado colegiado Carlos Suárez.

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