Bruselas respalda los presupuestos de Rajoy, mientras Rubalcaba critica la 'amnistía fiscal'

  • Bruselas hará una revisión más profunda la próxima semana
  • Las patronales consideran los presupuestos "austeros y creíbles"
  • Los técnicos de Hacienda tachan la amnistía de inconstitucional
EFE 

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, considera que el presupuesto español para 2012, aprobado este viernes, con un ajuste por valor de 27.300 millones permitirá reducir el déficit del país hasta el 5,3% del PIB comprometido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Hemos escuchado con atención la presentación del ministro español, Luis de Guindos, y consideramos que el presupuesto confirma el 5,3% acordado recientemente", afirmó Rehn en la rueda de prensa final del Ecofin que se celebró hoy en la capital danesa.

En cambio, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha censurado la 'amnistía fiscal' que va a impulsar el Gobierno para aflorar las rentas nodeclaradas y ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado "consagran una subida de impuestos para trabajadores y una bajada para los defraudadores".

El líder del partido socialista ha señalado que ésa ha sido la razón por la que el PP ha tenido "escondido" el presupuesto bajo la "alfombra" hasta pasadas las elecciones andaluzas y asturianas.

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han acogido de forma positiva el anteproyecto de los presupuestos generales del Estado para 2012.

"Les faltan datos, pero se ha considerado el esfuerzo que está haciendo España", ha resaltado De Guindos. El titular de Economía ha querido señalar que los presupuestos son "creíbles y muestran el compromiso del Gobierno con la austeridad".

Rehn ha adelantado, no obstante, que Bruselas formulará una evaluación más completa a principios de la próxima semana, cuando haya visto todos los detalles de las cuentas españolas y de las regiones.

Desde el PP, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha defendido la amnistía fiscal aprobada porque la "penalización" del 10% sobre las rentas que afloren es mejor que la situación de fraude en la que se encuentran en la actualidad.

De las partidas para 2012 el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que sufre el mayor recorte, José Manuel García-Margallo, ha dicho que son "unos presupuestos de guerra en unas circunstancias absolutamente extraordinarias".

Críticas de las patronales

Las patronales CEOE y CEPYME han considerado  que el presupuesto del Estado para 2012 es "austero y creíble", pero han advertido de que el ajuste se basa "excesivamente" en elevar la presión fiscal que recae sobre las empresas.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2012, los más austeros de la democracia, con un ajuste de 27.300 millones que se conseguirá con medidas como reducir el gasto ministerial el 17% y subir el impuesto de sociedades para grandes empresas. Con las modificaciones introducidas en el impuesto de sociedades el Gobierno espera obtener unos ingresos de 5.300 millones de euros.

 Al respecto, CEOE y CEPYME dicen en una nota que hubiera sido "preferible un esfuerzo adicional por la vía del gasto no productivo" por los efectos que pueda tener sobre las empresas españolas y su liquidez.

En esta línea, ven "necesario" que el marco fiscal sea "estable y previsible" para que se garantice la necesaria seguridad jurídica de las actividades empresariales, ya que, de otro modo, se podría poner en peligro la inversión nacional y la atracción de inversión extranjera.

Ambas patronales destacan que comparten el objetivo del Gobierno de reducción del déficit y que la cuantía del ajuste para este año es "creíble" y está en línea con los compromisos adquiridos con Bruselas. Sin embargo, avisan de que el ajuste se concentra más en la parte de los ingresos que en la de los gastos, lo que "no favorece en el largo plazo la sostenibilidad de las cuentas públicas".

Preocupación por el "impacto social y económico"

El portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macías, ha reconocido que a su grupo le "preocupa el impacto social y económico" que puedan tener unos presupuestos "tan restrictivos" y ha condicionado su apoyo a que se pague a Cataluña lo que se le adeuda.

Por su parte, el PNV, a través de su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, ha asegurado que a su partido "no le gusta" el presupuesto por "cicatero", porque "no es el que necesita" la economía, porque no asume compromisos con la creación de empleo y porque reduce en un 36% el capítulo de inversiones públicas.

Menos todavía le gusta al portavoz en el Congreso de los Diputados del BNG, Francisco Jorquera, que ya ha anunciado que su partido presentará una enmienda a la totalidad (de devolución) porque provocará "más crisis y más paro".

El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha calificado de "verdadera provocación social" los Presupuestos y ha cargado duramente contra la "amnistía fiscal".

Para el sindicato UGT los Presupuestos van a traer más contracción económica, más paro y más regresión social ya que se prioriza la reducción del déficit en vez de la creación de empleo.

Crítica de los técnicos de Hacienda

Por su parte, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha considera que la amnistía fiscal anunciada este viernes por el Ejecutivo "enjuagará" la comisión de delitos fiscales "a un precio de saldo".

Para este colectivo, el graven especial del 10% que se establece es una tasa "blanda" de las cantidades defraudadas, ya que en el 72% de los casos provienen de grandes fortunas y corporaciones.

Gestha considera que esta amnistía fiscal atenta contra el principio constitucional de igualdad tributaria que, según el artículo 31 de la Comisión Europea, debe inspirar el sistema fiscal, ya que supone un "agravio comparativo" para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco pagando un 10% y evitando intereses, recargos y sanciones.

Asimismo, afirma que "esta teórica regularización fiscal" choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude, con el agravante de que será la cuarta amnistía fiscal de la democracia, "que a todas luces resultará tan ineficaz para acabar con la economía sumergida como lo fueron las tres anteriores".

Por otro lado, los técnicos de Hacienda consideran que las modificaciones anunciadas para el Impuesto de Sociedades suponen "un primer paso" dirigido a asegurar ingresos con los que cumplir los nuevos objetivos de déficit impuestos por Bruselas, pero creen que "deja en el tintero" muchos aspectos que necesitan ser replanteados en profundidad.

A su juicio la limitación de la aplicación de deducciones "no acaba con la falta de proporcionalidad del impuesto de sociedades", ya que las mayores empresas españolas --aquellas que facturan más de 1.000 millones al año-- continuarán disponiendo de múltiples "vías de escape" para tributar realmente al 16,88%, frente al 22% de las microempresas o el 20% de las pequeñas compañías.

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