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El Gobierno estudia medidas para salvar del desahucio a familias con ingresos bajos

  • De Guindos será interpelado este miércoles en el Congreso sobre la cuestión

  • El sector financiero está siendo consultado sobre cómo atajar el problema

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El Gobierno estudia medidas para que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, así como otras medidas que podrían beneficiar también a la banca, según han informado a Efe fuentes del sector.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, puede aprovechar este miércoles una interpelación del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU) en el Congreso para avanzar algunas de esas medidas.

Hace dos semanas, De Guindos ya anunció que se pondría en contacto con la banca para buscar fórmulas que "minimicen el coste social" que tienen los desahucios. Según los responsables financieros que cita la agencia, Economía les ha remitido una decena de medidas fiscales, sociales y económicas relacionadas con los desahucios para su consulta.

Siempre según esas fuentes, la medida más importante supone fijar un umbral de ingresos a partir del cual una familia que haya incurrido en el impago de su hipoteca quedaría protegida ante un desahucio, y podría permanecer en su casa.

Esta medida iría acompañada de otras iniciativas paralelas de tipo económico y administrativo, que podrían modificar también el régimen de provisiones (una especie de dinero en reserva) que tiene que tener un banco por si estos préstamos resultan impagados.

La Defensora del Pueblo pidió medidas excepcionales

El Gobierno respondería así en parte a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que el mes pasado reclamó "ayudas excepcionales" para los afectados por las deudas hipotecarias, como flexibilidad de las cuotas o moratoria en el pago, y en los casos más extremos, arrendamiento forzoso o la dación en pago.

Esta última opción, consistente en que la entrega de la vivienda salde la deuda, es la reclamación principal de numerosos colectivos, y que, en cierto modo, sí se ha facilitado a los promotores inmobiliarios (constructores) pero no a los particulares, que incluso cuando abandonan la vivienda siguen debiendo dinero al banco.

Recientemente, el Gobierno aprobó una reforma del sector financiero que no recogía estas medidas y que sí abordaba los problemas que tienen los bancos por sus inversiones en el ladrillo.

Según los últimos datos oficiales, los procedimientos de desahucio presentados en los juzgados españoles entre julio y septiembre pasados ascendieron a 10.869, un 14,2% más que en el mismo periodo del año anterior, aunque menos que los 16.464 desahucios que se produjeron entre abril y junio.

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