El Gobierno ampliará la ayuda de los 420 euros a los desempleados que agotaron su prestación por desempleo desde el 1 de enero, en lugar del 1 de agosto, como señala el decreto-ley que regula la ayuda, según han confirmado a RTVE.es fuentes del grupo parlamentario socialista.

Estas fuentes han asegurado que el PSOE ha alcanzado un acuerdo con una mayoría de "grupos parlamentarios que van más allá de la izquierda" para ampliar esta prestación extraordinaria que ha generado polémica desde su aprobación.
 
Tanto los sindicatos como los grupos de la oposición consideraban "insuficiente" que sólo los parados que perdieron su subsidio desde el 1 de agosto se beneficiaran de esta ayuda. Tras las numerosas peticiones al Ejecutivo para que se ampliase la ayuda, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, abrió la puerta a una posible modificación de su entrada en vigor.

Inicialmente el Gobierno planteó este martes una retroactividad de la medida hasta el 1 de junio, algo que los grupos consideraron insuficiente. Finalmente, un acuerdo parlamentario permitirá que todos aquellos parados que hayan agotado su subsidio desde el 1 de enero y que no tengan otros ingresos puedan cobrar esta ayuda extraordinaria.

El número total de beneficiarios aumenta a 600.000

El Ministerio de Trabajo e Inmigración calcula que la ampliación de la ayuda para desempleados que hayan agotado la prestación elevará el número de beneficiarios potenciales "entre 250.000 y 300.000" personas, según informa Servimedia.

En la última Comisión de Trabajo del Congreso, el ministro Celestino Corbacho expresó su confianza en que el real decreto sea convalidado por el Parlamento antes de la primera quincena de septiembre. En esa comparecencia, cifró en 5.000 las personas que habían solicitado la ayuda.  

En una entrevista previa, el ministro cifró en cerca de 100 millones de euros el coste que tendrá cada mes de retroactividad que se amplíe en las ayudas de 420 euros. De este modo, ampliar la ayuda hasta el 1 de enero de 2009 tendría un coste para el Estado de unos 700 millones de euros.