Madrid y Cataluña boicotean el plan del Gobierno de 2000 euros de ayuda directa al automóvil

Ni Madrid ni Cataluña aportarán los 500 euros correspondientes a la ayuda de 2.000 euros a la compra del automóvil propuesta por el Gobierno. 

Han manifestado su malestar por el hecho de que Zapatero anunciase la medida en el debate del estado de la Nación sin negociar antes con las comunidades autónomas.

Zapatero anunció entonces un plan de ayudas de 2.000 euros que prevé que el estado y las Comunidades Autónomas aporten 500 euros cada uno y los fabricantes los otros 1.000 euros. Pero según ha explicado el ministro de Comercio e Industria, Miguel Sebastián, las CC.AA. no están obligadas a contribuir en la medida.

La capital defiende las subvenciones regionales y critica que se trata de una medida que sólo afecta al 30% de los vehículos. Cataluña por su parte, asegura que no tiene dinero suficiente y denuncia que se "cumpla el Estatut" y se apruebe la nueva financiación.

Madrid lidera el boicot

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad  de Madrid, Antonio Beteta, ha afirmado que el Gobierno regional no se sumará a la ayuda directa para la compra de nuevos vehículos, anunciada por el presidente Zapatero, y defenderá  las subvenciones regionales existentes, como el descuento del 20% en el Impuesto de Matriculación.

Para el consejero madrileño, este plan es "de una eficacia muy limitada" ya que sólo afecta al 30% de los vehículos mientras que el 70% restante no se verán beneficiados por la medida.

También ha recordado que el coste que tendrá esta bonificación para la Comunidad de Madrid será "superior" al del plan del Gobierno central, ya que será mayor el número de coches que se beneficien de la iniciativa madrileña.

Barcelona no tiene dinero

El conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet,  ha acusado al Gobierno de "moroso" y ha asegurado que la Generalitat no se sumará al plan de ayudas a la compra de automóviles impulsadas  hasta que no se "cumpla el Estatuto" y se apruebe la nueva financiación.

"Una vez más, el Estado ha actuado desde una concepción centralista. Primero deciden y luego comunican. Habría que considerar si cambiando los presidentes de las comunidades por gobernadores civiles acabaríamos más rápido", ha manifestado Huguet.

En cualquier caso, "si la financiación llega a tiempo", la Generalitat podrá plantearse participar en la nueva medida.

El conseller ha recordado que la Generalitat ha querido apoyar desde un principio al sector del automóvil, clave en la industria catalana, y que para ello aprobó hace unos meses un plan de ayudas económicas destinado a los fabricantes y las empresas auxiliares.

La voluntad del gobierno catalán, ha precisado, ha sido "conservar puestos de trabajo productivos otorgando ayudas directas a los fabricantes".

Dudas de otras comunidades del PP

Aparte de Madrid y Cataluña, Galicia y Castilla y León también han mostrado sus dudas acerca del plan.

El consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Javier Guerra, ha expresado su malestar por que no se haya consensuado el plan y ha pedido al Gobierno que "reconsidere" la medida. "Ellos no tienen que entrar en las decisiones de nuestra economía", se ha quejado Guerra.

Por su parte, Castilla y León está estudiando si sumarse o no al plan estatal de ayudas para coches o crear uno autonómico, según el vicepresidente segundo de esta comunidad autónoma, Tomás Villanueva.

El vicepresidente de Castilla y León ha lamentado la "improvisación" de esta medida y ha pedido que las ayudas se extiendan a los vehículos ligeros industriales.

Por otra parte, el conseller catalán, Josep Huguet, ha explicado que las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que no puedan aportar el dinero previsto en el plan sufrirán "una cierta discriminación", ya que es probable que algunos ciudadanos viajen a otras regiones para beneficiarse de los 2.000 euros de descuento en la compra del coche.

Y es que, ha indicado Huguet, hay comunidades que "van sobradas" y "pueden permitirse alegrías", mientras que otras están "con los recursos al límite", independientemente de su color político.