El Tribunal Superior valenciano rechaza investigar a Mazón por la gestión de la dana al no apreciar delito

La jueza prorroga seis meses la instrucción penal

Este lunes también se ha conocido que la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la dana de 2024 ha acordado prorrogar la instrucción seis meses más, a partir del próximo 30 de abril. Así consta en un auto notificado a las partes, al que ha tenido acceso EFE, en el que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra expone que aún queda por oír a perjudicados, testigos y peritos cuya declaración ha sido acordada, así como por recibir informes y oficios.

También recuerda que está a la espera de que se puedan recuperar los whatsapps del exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, y sostiene que la causa "es de gran complejidad y su objeto es de extrema gravedad", por lo que su finalización "no es factible que tenga lugar en el tiempo que resta" hasta el 30 de abril, plazo en el que vencía tras la primera prórroga acordada.

La instructora abrió la causa al día siguiente de la tragedia, el 30 de octubre de 2024, inicialmente por los fallecimientos en su partido judicial, si bien desde finales de enero de 2025 pasó a centralizar todas las diligencias y desde marzo se dedica en exclusiva a esta causa penal sobre la gestión de la dana.

Tras un año de instrucción, se acordó una prórroga de seis meses, hasta el 30 de abril de 2025, que ahora se ha vuelto a ampliar medio año más, como "una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes", señala la resolución.

Envío del Es-Alert

Volviendo a la resolución del TSJCV, este tampoco ve elementos que acrediten la participación de Mazón en el Es-Alert que se envió a la población a las 20:11 horas el día de la dana en que murieron 230 personas y señala, además, que no es "insensible a la tragedia ocurrida", pero precisa que solo puede analizar la responsabilidad del exjefe del Consell "desde una perspectiva jurídico-penal" y no moral o política.

El escrito, que consta de 70 páginas, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat, para archivar las actuaciones respecto de él, pero no sobre la ex consellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.

Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia "no significa que el procedimiento no pueda continuar" en el juzgado de Catarroja: "Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio", expone el auto, que elogia el "esfuerzo y la laboriosidad" de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Los magistrados señalan que es indispensable que haya indicios "reforzados" de criminalidad y una "individualización concreta de la conducta" susceptible de reproche penal, pues "no basta cualquier sospecha o conjetura" ni son "suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas".

La Sala admite que las víctimas "están necesitadas de lograr el esclarecimiento de la verdad y de obtener justicia y reparación", pero insiste en que el único "instrumento de análisis" es el Código Penal y debe basarse en los "principios de legalidad y culpabilidad".

En este caso, indica, ha de determinar si los hechos que se atribuyen en la exposición razonada de la instructora respecto del aforado encajan con el delito de homicidio imprudente, en su modalidad de comisión por omisión, pues "no toda conducta política o socialmente discutible e incluso en su caso, reprobable, tiene encaje en un precepto penal".

Mazón no infringió la ley de emergencias

Y tras analizar la legislación aplicable, el Tribunal concluye que no se da en el aforado la posición de garante exigible para apreciar una actuación comisiva por omisión por su parte: "No cabe concluir que el president de la Generalitat infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal", indica en coincidencia con los argumentos de la Fiscalía Superior.

Según la Sala, la legislación autonómica no asigna al jefe del Consell unos deberes específicos dentro de la normativa relativa a la protección civil y a la gestión de emergencias, sino que hace recaer el mando único de la emergencia en el titular de la Conselleria competente en esa materia.

"Sin prejuzgar otras posibles responsabilidades, es claro que el president de la Generalitat no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito", señala la Sala, que aclara que la ley de Emergencias solo contempla la "facultad" del jefe del Consell de declarar la situación de emergencia catastrófica, pero esta "nunca fue declarada" por Mazón.

El envío del Es-Alert

Sobre la posible participación del expresident en el envío del mensaje de alerta la población, "que supondría la desaparición de la conducta omisiva para su transformación en activa", los magistrados consideran que las consideraciones de la instructora en su exposición razonada "se mueven en el terreno de la mera conjetura".

Para el Tribunal, esos argumentos están "huérfanos de la acreditación indiciaria que la asunción de la competencia por la Sala requiere", pues no cabe entender que ni el tono de los mensajes remitidos ese día a la consellera por el que era jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ni la proximidad personal y profesional entre ellos dos sirvan para "verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de la participación" del entonces president en el envío del Es-Alert.

"Consecuentemente, ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud, sobre la participación del aforado en el envío del Es-Alert, tampoco desde esta perspectiva podrá la Sala declararse competente para conocer de la causa", señala la resolución.

La comida de Mazón

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV también analiza otros aspectos de la exposición razonada de la instructora por los que ésta aprecia una posible responsabilidad penal del expresident, como la "prolongación de la comida" que mantuvo en un restaurante el 29 de octubre de 2024 y su "situación de ajenidad a los acontecimientos criticada en la exposición".

"Poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas. Pero no nos corresponde, como bien anota el órgano remisor, analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", indica.

En esa línea, la responsabilidad penal de Mazón "no puede derivar del cargo que ocupaba, en ningún momento se encontró en posición de garante, ni siquiera (…) en lo que respecta a la coordinación de las consellerias en caso de emergencias", indica.