Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

Desde que llegó a España, hace nueve años, Óscar ha trabajado pero nunca ha tenido un contrato. Pero no tener regularizada su situación también va más allá. "Mi hijo no puede ir al viaje de fin de bachiller".

Porque si sale del país, con su pasaporte argentino, no sabe si podrá volver a entrar. Una situación que también vivió Narcisa con su hijo. "Tengo un hijo que ya tiene treinta y piquito de años, le gusta mucho el fútbol, terminó jugando en el Mallorca. Recuerdo que había un viaje fuera del país y no pudo ir porque tenía su situación irregular". En la última regularización extraordinaria, en 2005, ella consiguió arreglar su situación. Ahora ayuda a otros en este proceso.

Solo en el primer día se registraron más de 13.000 solicitudes online. Desde este lunes hay habilitadas más de 400 oficinas con cita previa. En 24 horas se han pedido casi 20.000 citas.

Para solicitarlo es necesario llevar en España desde antes del 1 de enero y un certificado de antecedentes penales. Este documento es el que más está costando conseguir, especialmente para algunos países.

Foto: Carlos Luján/Europa Press — Oficina de Correos de Palos de la Frontera, en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes España propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación: "Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE", ha asegurado Sánchez este domingo en un acto en Gibraleón (Huelva) junto con la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Foto: EFE/Alberto Díaz

Tras casi cuatro meses de negociación, PP y Vox alcanzan un pacto para la constitución de un nuevo Gobierno en Extremadura, donde las elecciones autonómicas se celebraron el pasado 21 de diciembre. El documento recoge muchas de las exigencias de Vox, sobre todo en materia de inmigración. El PP se ha comprometido, además, a impulsar una reforma de la Ley de Extranjería.

El Ejecutivo, por su parte, advierte a PP y Vox de que llevará a los tribunales cualquier recorte de derechos que se desprenda del pacto en Extremadura.

Imagen: EFE/ Jero Morales

Ha empezado el plazo para que presenten sus solicitudes los extranjeros sin papeles que viven y trabajan en España y aspiran a acogerse a la regularización extraordinaria.

En este primer día se han visto largas colas en los consulados y también se ha multiplicado el trabajo para las entidades que les están ayudando en el proceso. Las ONG acusan la falta de manos y han organizado grupos de voluntarios.

Son muchas esperanzas puestas en unos simples papeles que van a cambiarles la vida. La falta de documentación les obliga, por ejemplo, a trabajar en negro y vivir siempre con incertidumbre.

Se enfrentan a multitud de gestiones, no siempre fáciles de cumplimentar. Tareas de información o documentación traducción para aquellas personas que no hablan nuestro idioma.

FIRMA IMAGEN: EFE / Clara Antón

El proceso de regularización de migrantes que ha entrado en vigor este miércoles centra el choque político entre el Gobierno y la oposición. Desde la Moncloa insisten en que el certificado de antecedentes penales es un requisito obligatorio y ve al PP desubicado, creen que pone obstáculos para tratar de boicotear al Ejecutivo, que considera que se trata de una medida "humanitaria" dirigida a personas que ya conviven de forma cotidiana en nuestro país. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado del "efecto llamada" que considera que puede provocar y ha dicho que ningún migrante que haya entrado con antecedentes penales en España debería ser regularizado y ha confirmado que las comunidades autónomas recurrirán la decisión: "Que el Gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España aún teniendo antecedentes policiales no tiene precedentes". Foto: Eduardo Parra / Europa Press.

El PP ha concluido este miércoles que el "único responsable" del apagón que dejó sin suministro eléctrico el pasado 28 de abril a la península ibérica fue el Gobierno de Pedro Sánchez.

La formación ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para plantear sus conclusiones en la comisión de investigación sobre estos hechos y ha señalado directamente a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, para las que ha exigido su cese.

Foto: GETTY IMAGES