Hacer legal lo normal, eso es la séptima regulación de inmigrantes
- Esta semana, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la regularización de miles de inmigtantes
- Vox ha quebrantado el reglamento del Congreso subiendo a la tribuna por la fuerza
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¿Quién no ha necesitado o conoce a gente que ha necesitado del trabajo de un inmigrante para sí mismo, o para sus padres, para sus hijos, para su empresa? ¿Quién no ha tenido un compañero de estudios o de trabajo inmigrante o hijo de inmigrante? Pues eso.
Se trata de normalizar, de legalizar, lo que ya es normal en nuestras vidas y en nuestras calles, en nuestros colegios, en nuestras empresas....
Se trata, desde el punto de vista mas egoísta, de que, al ser legal su estancia, paguen más impuestos, que rejuvenezcan nuestra envejecida población española de nacimiento, que nos aseguren las futuras pensiones, que hagan los trabajos que los españolitos ya no queremos hacer como recoger fresas en Huelva, ser trabajadores domésticos, albañil, manitas para todo o camarero, por ejemplo.
Se trata de reconocer sus derechos a quienes ya viven entre nosotros y así poder exigirles que cumplan con sus obligaciones, como todos nosotros.
Lo del "efecto llamada" no parece viable. Solo los que ya están aquí, como mínimo, desde el 1 de enero, podrán pedir los papeles. Y lo de la compra de votos no será posible ni aunque quieran. El permiso de residencia que se les concederá no les permite votar en las elecciones generales. Y una tercera polémica es si la regularización es una puerta abierta a delincuentes. No sería fácil, ya que es requisito indispensable que los aspirantes a regularizar su situación presenten el certificado de antecedentes penales.
Es la séptima regulación de inmigrantes desde la recuperada democracia. Lo hicieron antes los presidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, gobiernos de izquierda y de derecha. ¿Les parece que se ha roto España o se sienten ustedes invadidos? ¿Hemos perdido nuestra identidad, nuestras costumbres? Por cierto, unas señas de identidad, las españolas, que son el resultado de la mezcla entre las culturas cristiana, judía y musulmana. Si en la Edad Media pudimos convivir pacíficamente y aprender unos de otros, sacar lo mejor de cada uno para dar como resultado lo que somos en la actualidad, ¿qué motivo hay para no hacerlo ahora cuando además los necesitamos?
Nos enriquecemos desde el punto de vista económico gracias a ellos. O eso dicen los empresarios que aseguran que el crecimiento económico de España se debe en buena medida a los inmigrantes que ya viven con nosotros y, añade la patronal, que se necesitan más si queremos seguir creciendo. Y en eso también están de acuerdo los sindicatos. Representan el 10% de aportación a la Seguridad Social y solo un 1% de gasto por prestaciones. No parece que esté mal la balanza para los españoles nacidos en España.
La Iglesia católica también apoya esta regularización. De hecho, fue Caritas, la organización de la Iglesia, la que empezó a mover la regularización.
Su propuesta terminó viéndose reflejada en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por nada menos que 700.000 firmas. Se votó en el Congreso y consiguió el apoyo de todos los diputados, excepto los de VOX.
Pero, curiosamente, el PP se ha pasado de bando y ahora dicen que no a la regularización. Tal vez sus negociaciones con los de Santiago Abascal les condicione, ya que el decreto que sale ahora del Consejo de Ministros no difiere mucho de la ILP.
Todo a pesar de que dar papeles a los inmigrantes nos salga a cuenta a los españoles que nos creemos españoles fetén.
La ultraderecha vuelve a violentar la tribuna del Congreso
Se ha sugerido que la imagen del diputado de VOX, José María Sánchez, subiendo sin permiso a la Mesa del Congreso recordaba el peor momento, el más grave, para la recuperada democracia. Todos sabemos a qué momento se refieren aunque no lo mencionen, al 23F. Desde entonces, desde 1981, nadie había violentado la presidencia del Segundo Poder del Estado.
Lo que hizo Sánchez, el de VOX, es, cómo mínimo, una falta de respeto a la soberanía del pueblo español allí representada, es decir, una falta de respeto a cada uno de nosotros.
Hace 35 años fue un militar con armas y, por tanto, no es en absoluto comparable, pero el martes fue nada menos que un juez. Alguien supuestamente formado e informado de las leyes. Alguien que ha jurado o prometido cumplir la legalidad vigente. No hizo honor su palabra.
El juez y diputado de un partido, VOX, que se presenta como defensor del "orden" intentó subvertir el orden en el Poder Legislativo consagrado por la Constitución.
El presidente en funciones del Congreso en ese momento se mantuvo firme aunque reconocía después que temió ser golpeado.
Y se preguntarán ustedes, ¿se arrepintió José María Sánchez o el partido de Abascal ha pedido disculpas? Pues no a todo. No hay arrepentimiento, al menos público
Ni una palabra crítica tampoco del líder del PP al día siguiente se semejante atropello. A pregunta de los periodistas sobre qué opinaba de la situación, Alberto Núñez Feijóo, rechazaba responder. Ni mu. Tuvieron que pasar 48 horas del incidente para conseguir una respuesta. "Es evidente que nosotros no podemos compartir, en ningún caso, cuál ha sido la actitud del diputado de Vox. Es evidente, no hay que profundizar mucho en este asunto". Efectivamente, no es una valoración muy profunda, nos parece.
Recordemos el contexto: el PP está en plena negociación con la ultraderecha para formar los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León. Tal vez eso explique la reacción de Feijóo, tal vez tema que una crítica a los de Abascal arriesgue los hipotéticos acuerdos autonómicos que tanto les está costando.
El PP, además, junto con VOX y UPN se negaba a que se leyera una declaración institucional, propuesta por el PSOE, en contra de actitudes "intimidarorias", antidemocraticas que se habían vivido en el Congreso. Los populares defendían su "no" a la declaración institucional argumentando que los socialistas no admitieron, como ellos querían, que se cambiara en el texto "soberanía popular" por " soberanía nacional". El rechazo a la declaración institucional podría hacer pensar a algunos que a los populares, el Grupo Parlamentario mayoritario en el Congreso, no les preocupa la coacción que Sánchez, el de VOX, intentó contra la presidencia del Congreso.
Decía el presidente en funciones en aquel momento, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que esa violenta situación es "una agresión a la democracia, menor -comparada con el 23F- pero de igual ideología, la ultraderecha". El diputado de Abascal, de momento, solo ha sido expulsado del hemiciclo esta semana. La democracia siempre es más generosa que quienes no la respetan.
