La UE da luz verde definitiva a la creación de centros para migrantes en terceros países
- España ha sido el único país que ha votado en contra del llamado 'Reglamento de retornos'
- La UE alude a Ceuta: "Europa necesita herramientas para responder ante movimientos masivos"
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La Unión Europea ha dado el último paso para la entrada en vigor del Reglamento de Retornos, que permitirá, entre otras cuestiones cosas, crear centros de migrantes en terceros países, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria. Era el trámite que faltaba para sacar adelante esta medida que ya contaba con la luz verde del Parlamento Europeo y de la Comisión, y que ha recibido el aval definitivo en un Consejo de ministros europeos de Interior, celebrada en Luxemburgo, con el voto en contra de España y la abstención de Bélgica.
El titular de Exteriores español, Fernando Grande-Marlaska, ha votado en contra siguiendo la línea marcada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que duda de la compatibilidad de estos centros con el Derecho europeo e internacional. El resto de socios, a excepción de la abstención de Bélgica, ha respaldado la nueva norma. Los Veintisiete siguen así los pasos que dio en primer lugar el Gobierno de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, con el traslado de inmigrantes a Albania, una medida que ha sido cuestionada por la Justicia italiana.
Según lo establecido, estos centros podrán ser utilizados como destino final de los migrantes que entren en el territorio de la UE o como centros de tránsito para su posterior regreso a su país de origen o a un tercer país. Los menores no acompañados no podrán ser transferidos a estos centros. Este reglamento complementa al Pacto sobre Migración y Asilo —que entró en vigor de manera efectiva en junio— y, según Bruselas, permitirá su implementación efectiva. Los Veintisiete continúan así una política con la que buscan endurecer sus fronteras y generaliza los retornos.
"Europa necesita medios para responder cuando ocurran movimientos masivos como Ceuta", ha afirmado el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, que además se ha presumido de cómo ha mejorado el control fronterizo europeo en los últimos años. "Las reformas están funcionando. En los últimos dos años hemos vivido un decrecimiento del 55% en cruces fronterizos ilegales".
Asimismo, el Consejo de la Unión Europea ha anunciado la implantación de un "marco de trabajo europeo en respuesta a la inmigración", para poder responder cuando ocurran movimientos masivos como el que sucedió en la ciudad autónoma española el pasado mes de julio. "Esto no es un tema de inmigración, es un tema de seguridad. Los eventos de este verano en Ceuta reflejan que la gente es engañada con falsas esperanzas, y la inmigración es usada para dañar Europa", ha declarado en rueda de prensa Jim O'Callaghan, ministro de Asuntos Internos de Irlanda, país que actualmente asume la presidencia rotatoria del consejo.
El nuevo reglamento se aplicará en un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor, aunque algunas disposiciones, como el aval para los centros de deportación en terceros países y el apoyo a la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE). El texto endurece las condiciones para los migrantes y obliga a los demandantes de asilo a cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue este derecho.
Asimismo, el reglamento recoge que los repatriados pueden ser detenidos hasta 24 meses (con una prórroga de seis meses más) si no cooperan con las autoridades o si estas consideran que existe riesgo de fuga. Hasta el momento, solo se contemplaba una detención de hasta seis meses por riesgo de fuga o obstaculización del proceso de expulsión, con una prórroga de 12 meses. Aunque solo como "medidas de último recurso", estos plazos también podrán ser aplicados a menores no acompañados y a familias con niños pequeños.
"Esta importante regulación acelerará los procedimientos de retorno de aquellos que no tienen derecho legal a permanecer en la UE, completará el Pacto de Migración y Asilo y contribuirá a su implementación efectiva, al tiempo que se respetan los Derechos Fundamentales", ha asegurado Jim O'Callaghan antes de la votación.
A mediados de junio, 19 líderes de los Veintisiete enviaron una carta —impulsada por Dinamarca e Italia— a los miembros del Consejo en la que pedían "avanzar con rapidez" en la creación de centros de repatriación de migrantes en terceros países. España, que ha mostrado durante meses su firme oposición a esta medida, se desmarcó de la petición.
Cinco países negocian los primeros centros
Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos llevan a cabo desde hace meses negociaciones para establecer un primer centro de deportación en un país ajeno a la UE —probablemente África —y sus ministros de Interior se han reunido en Luxemburgo para discutir este asunto en los márgenes de la reunión de este jueves.
Para el ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt, el establecimiento de estos centros es una "solución innovadora" que debe quedar "blindada legalmente". Su homólogo danés, Morten Bodkov, ha hablado de "transformar" la política migratoria y de asilo y ha defendido que esta medida tendrá "un enorme efecto de presión" sobre los traficantes.
No han hablado de fechas concretas, aunque en reuniones previas estos cinco miembros han marcado la segunda mitad de 2027 como el objetivo para su puesta en marcha. De hecho, el ministro de Migración de Grecia, Thanos Plevris, ha asegurado este jueves que, durante su presidencia del Consejo, quiere abrir uno de estos centros en África para ese año. Aunque solo se ha referido al continente y no a un país concreto, la prensa griega ha mencionado a Uganda y Ruanda como posibles emplazamientos. Ninguno de los dos está en el listado común de la UE de países de origen seguros, utilizado en los criterios para denegar o aceptar el asilo.
Además, Grecia ha instado a la UE a desarrollar un mecanismo de emergencia para suspender temporalmente las solicitudes de asilo en caso de crisis migratorias graves como la de Ceuta, algo que ya planteó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la UE, cuando habló de "flexibilizar temporalmente" los procedimientos en circunstancias de emergencia. Plevris cree que el Pacto de migración y asilo ha ayudado a frenar las llegadas y a aumentar los retornos, pero considera que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para escenarios como el que se vivió en la frontera de El Tarajal.
Cuando entró en vigor el Pacto de Migración y asilo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) trasladó su "preocupación" tanto por su contenido como por las políticas posteriores de la UE porque desde entonces la agenda legislativa no se ha detenido. "Tiene un enfoque restrictivo de derechos y aborda las migraciones desde un enfoque de seguridad, cuando la realidad cotidiana recoge muchos más aspectos que el estricto control de fronteras", explicó su director, Mauricio Valiente, a RTVE Noticias.
