Jueces y fiscales progresistas muestran su preocupación por la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
- Cuestionan la "proporcionalidad" de la medida, que quita el derecho a voto a los nacionalizados por esta vía
- Piden no convertir al censo ni a las personas afectadas en "objeto de confrontación partidista"
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Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su "honda preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelamente el derecho a voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', una medida que juzgan desproporcionada puesto que afecta a un derecho fundamental.
Así lo han trasladado a través de un comunicado conjunto en el que, si bien muestran su respeto hacia el alto tribunal, se alinean con la tesis expuesta por la magistrada María Alicia Millán Herrandis en el voto particular discrepante que ha emitido desmarcándose de la decisión adoptada por sus compañeros de sala.
El Tribunal Supremo considera que el "incremento extraordinario" del censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) por la ley de nietos -408.262 electores desde las elecciones generales de 2023- y una instrucción posterior, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".
Por eso, aplican esta medida cautelar -la suspensión de estas nuevas altas- tras detectar un "riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica".
Cuestionan la "proporcionalidad" de la medida
En el comunicado, la principal crítica de ambas asociaciones reside en la "proporcionalidad" de la medida al afectar esta "al ejercicio de derechos fundamentales". En este contexto, se quejan de que, mientras "el riesgo" que se invoca el Supremo "se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados", el "perjuicio que ocasiona la suspensión es, en cambio, inmediato y concreto".
"Cuando una medida cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas, resulta necesario que la ponderación se realice con un rigor especialmente intenso", enfatizan ambas asociaciones.
Las dos asociaciones de jueces y fiscales coinciden con Millán Herrandis en que los recursos interpuestos contra la 'ley de nietos' no se dirigen a las inscripciones en el censo CERA, sino a una decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que en julio dijo que no era competente para analizar reclamaciones al respecto.
Y por ello piden que el Supremo resuelva "a la mayor celeridad posible" los recursos, sobre todo antes de que haya un proceso electoral, y que las administraciones implicadas ofrezcan una "información clara y accesible" a las personas afectadas sobre su situación sin convertir "el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista".
De este forma, critican que las medidas cautelares adoptadas por el Supremo, atendiendo la petición de Vox y Iustitia Europa, proyectan sus efectos electorales sobre la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para desarrollar la 'ley de nietos' un documento que, recalcan, no ha sido impugnado "directa ni indirectamente" en este procedimiento.
"Diferencia de trato" entre españoles
Las dos asociaciones denuncian también que el Supremo priva del derecho constitucional de sufragio a personas que "son españolas en virtud de actos firmes, dictados por los órganos competentes con arreglo a la normativa vigente" y que lo hace, además, sin que el colectivo afectado "haya sido parte en el proceso y sin que se haya realizado un examen individualizado de su situación".
Según la resolución judicial, estas personas no podrán votar hasta que el Supremo dicte sentencia salvo que acrediten que son descendientes de exiliados por motivos políticos. Para los jueces y fiscales progresistas, esta excepción "depende de una certificación" que los afectados "no pueden instar", lo que genera "una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad, circunstancia que exige una especial cautela desde la perspectiva del principio de igualdad".
También destacan que la existencia de posiciones discrepantes, también en el seno de la JEC, pone de manifiesto la existencia de una "controversia interpretativa legítima" que, a su juicio, debe "resolverse en el enjuiciamiento del fondo, con plena contradicción y con todas las garantías".
"Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales reafirman su compromiso con la integridad de los procesos electorales y, con igual firmeza, con la garantía efectiva del derecho de sufragio de todas las personas que ostentan la nacionalidad española", finaliza el comunicado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha hecho eco del comunicado de ambas asociaciones de jueces y fiscales criticando que la decisión del Alto Tribunal es "muy discutible jurídicamente". Además, ha pedido "respetuosamente" al Supremo que resuelva esta cuestión antes de las elecciones de 2027: "El censo no puede alterarse sin base legal sólida".
