El Gobierno prepara medidas contra la temporalidad en el empleo público y limita a 200.000 los interinos
- El Ejecutivo estudia un sistema de alertas que detecte si una persona encadena contratos más de tres años
- También valora la posibilidad de endurecer las sanciones a las empresas públicas que cometan este abuso
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El Ejecutivo estudia acciones contra el abuso de los contratos temporales en el sector público. Una situación que ya le ha costado varias amonestaciones de la Unión Europea y dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictaminan que España no actúa contra el problema.
El Gobierno ha asegurado que, en estos momentos, el abuso de temporalidad afecta a menos de 200.000 trabajadores, algo que se da cuando la persona lleva más de tres años con contratos de duración determinada. En total, la Administración emplea a 900.000 personas de manera temporal. Según datos de 2025, el 32% de los trabajadores del conjunto de las administraciones concatenaron contratos en 2025, unos 3,1 millones, según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
El área que dirige el ministro Óscar López trabaja con las comunidades autónomas para intentar paliar esta situación. Así, estudia un sistema de alertas que avise a las empresas cuando algún trabajador supere los tres años enganchando contratos.
Además, valora la posibilidad de endurecer las sanciones a aquellas empresas públicas que cometan estos abusos de temporalidad.
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