Un juzgado investiga la compra del ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid
- El tribunal abre diligencias tras la denuncia que interpuso la organización Iustitia Europa
- La Fiscalía remite al juzgado otras cuatro denuncias, la presentada por el PSOE y tres de particulares
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El juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto diligencias de investigación por la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid. El inmueble, adquirido por 6,3 millones de euros, según publicó El País, tenía por objeto servir de oficina temporal de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mientras se ejecutaban unas obras en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.
El juzgado ha abierto diligencias tras la denuncia que interpuso la organización Iustitia Europa el pasado jueves. Además, la Fiscalía le ha remitido otras cuatro denuncias, la presentada por el PSOE y tres de particulares. El Ministerio Público, al estar abierto ya un procedimiento, se ha inhibido y ha trasladado todo lo recibido al juzgado, según han trasladado fuentes jurídicas a RTVE Noticias.
Iustitia Europa considera que la operación de compra del piso, ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid y cuyo expediente no se ha hecho público, puede ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de administración desleal.
La entidad exige en su denuncia que el juez requiera el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, los acuerdos de la empresa pública Planifica Madrid, la posible intervención de la Consejería de Presidencia, la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos con las que el Ejecutivo regional ha justificado la compra del inmueble o la comisión inmobiliaria, entre otras cuestiones, informa EFE.
También el PSOE, que remitió su denuncia directamente a la Fiscalía, aseguraba que la empresa pública podría haber incurrido con la operación inmobiliaria en sendos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. El partido señaló en su escrito que con la compra del ático se ha producido "una gravísima irresponsabilidad negligente" ya que la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid impide su uso como una oficina.
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