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Los ataques rusos reducen al 35% los ucranianos con acceso regular a la sanidad en zonas de guerra

  • La OMS registra 2.811 ataques contra la atención sanitaria desde el inicio de la guerra
  • Médicos Sin Fronteras denuncian ataques rusos "frecuentes y precisos" a instalaciones médicas ucranianas
Equipos de rescate trabajan en el lugar de un ataque ruso a la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia
Equipos de rescate ucraniano trabajan en el lugar de un ataque ruso a la ciudad de Zaporizhzhia en busca de personas atrapadas EPA/DARYNA NAUMOVA

En medio de los ataques de Rusia a Ucrania, que comenzaron el 24 de febrero de 2022, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha publicado un informe —llamado «No Safe Place to Heal», no hay lugar seguro para curarse— en el que documenta los ataques a la atención sanitaria y al personal médico ucraniano como estrategia deliberada en el conflicto bélico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado 1.373 ataques a la sanidad, alcanzando a trabajadores, pacientes, infraestructuras médicas, transportes o materiales sanitaros, solo en 2022. Una cifra a la que se suman los 370 ataques de 2023 y los 580 en 2025. Según la OMS -cita el informe-, tres cuartos de los ataques —que ellos mismos han verificado que tenían como objetivo el sistema sanitario ucraniano— se dirigieron a instalaciones hospitalarias y casi un cuarto a los transportes médicos como las ambulancias.

Según han indicado en el informe, MSF ha perdido acceso a más de 80 poblaciones a las que prestaban apoyo médico —en seis regiones diferentes— con clínicas móviles de atención primaria.

"Estos ataques son demasiado sistemáticos, demasiado frecuentes y demasiado precisos como para ser circunstanciales”, asegura el coordinador de MSF en Ucrania, Robin Meldrum. “Se trata de un patrón y detrás de los patrones hay una intención”, aclara. Una encuesta realizada a casi 200 civiles en zonas cercanas al frente de guerra ha revelado que, aquellos que tenían un acceso a la atención sanitaria “siempre” o “la mayor parte del tiempo”, se redujo del 72% —antes de 2022— al 35% —desde el inicio del conflicto—.

Graves consecuencias por el hostigamiento a la sanidad ucraniana

Las consecuencias de estos ataques evitan que personas con enfermedades tratables, como las cardiovasculares, la diabetes o la epilepsia, puedan mantenerlas bajo control. Una interrupción de los tratamientos que se traducen en miedo o, en algunos casos, la muerte por la falta de o atención sanitaria.

Para entender mejor la consecuencia de estos ataques, MSF ha indicado, en su informe, que un hospital que cuenta con su apoyo en Jersón, al sur de Ucrania, ha visto el número de médicos reducido en un 66% desde que empezó la guerra.

Según este informe, los que más se ven afectados, a parte de los heridos, son las personas de mayor edad. Suelen padecer enfermedades crónicas o movilidad reducida, lo que dificulta o casi imposibilita el traslado a los centros de salud, un camino que de por sí supone poner en riesgo la vida. El 78% de los pacientes en zonas cercanas a la guerra se marchan de los centros de salud sin la medicación necesaria.

Los sanitarios viven con los continuos ataques de drones de visión en primera persona (FPV), un tipo de armamento que permiten una mayor precisión a la hora de identificar y atacar.

Precisamente estos drones han sido los que dejaron herido y con una pierna amputada a un director de un centro de salud que se encontraba junto a una enfermera entregando medicamentos y claramente identificados. El Derecho internacional humanitario es claro en estas situaciones: atacar deliberadamente a personal o vehículos médicos claramente identificados puede constituir un crimen de guerra.

El personal de MSF, que se encuentra cerca del frente, es testigo del incremento de ataques con drones, que dificultad la capacidad de respuesta médica antes una creciente cantidad de heridos con traumatismos, heridas con mayores tasas de infección y casos de sepsis.

Desde Médicos Sin Fronteras recuerdan que la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) —que cumple 10 años desde su aprobación— vela por la protección del personal humanitario y médico, una resolución que piden se aplique a Rusia y que sea investigada y denunciada públicamente.