Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y otra veintena de personas por presuntos amaños en empresas públicas
- La causa incluye también a tres trabajadores de la empresa vasca Tubos Reunidos, en el foco por el caso Leire Díez
- En total hay 25 personas imputadas y es una pieza derivada del caso Leire
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado este lunes a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas más, entre ellas varios dirigentes de la empresa vasca Tubos Reunidos por el presunto amaño de contratos en empresas públicas.
Según el magistrado, hay "indicios de criminalidad" de los 25 investigados y acepta así la petición que la Fiscalía Anticorrupción de que fueran investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada con ánimo de lucro.
Además de Gualda, entre los que tendrán que declarar se encuentran el expresidente de la empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga; Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha; el que fuera presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, y su director general, Carlos López de las Heras. También, el fundador y expresidente de Forestalia, Fernando Samper, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), Julián Mateos-Aparicio, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere, entre otros.
Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025, después de la detención de la exmilitante y supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar, Antxón Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La UCO cree que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha. Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".
Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado Hirurok, que compartía información sobre rescates a través de un chat de WhatsApp. Considera que estaba "junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".
Las operativas bajo sospecha están vinculadas a Tubos Reunidos, Mercasa, Enusa y el Parque Empresarial Principado de Asturias —todas ellas entidades en el ámbito de la SEPI— y, finalmente, el grupo empresarial Forestalia, dedicado al desarrollo de proyectos de energías renovables. En total, se concedieron ayudas y contratos públicos por valor de 132,9 millones de euros de las que, según los investigadores, el grupo Hiroruk se embolsó 750.614 euros en comisiones a través de dos empresas: Servinabar, la mercantil de la que son dueños Antxón Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que ya está en el punto de mira por la presunta trama de amaño de obra pública del caso Koldo; y Mediaciones Martínez, otra sociedad propiedad de Antxon Alonso; y Next Generation Caliope Innova.
Tubos Reunidos: origen de estas nuevas imputaciones
Respecto a la presidenta de la SEPI, Beatriz Gualda, la Fiscalía la relaciona con el rescate a Tubos Reunidos, que se solicitó en enero de 2021 y se concedió en julio de ese año por 115 millones de euros mediante un crédito participativo. La UCO cree que el grupo liderado por Leire Díez cobró 114.950 euros en comisiones por esta operación. Considera que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, se valió de su influencia para obtener ilícitamente información interna sobre el estado de tramitación del expediente. La usó para asesorar a los directivos de la empresa en los pasos a seguir para obtener la ayuda. Fernández habría compartido en el chat de Hirurok un archivo en el que “consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos” sobre el rescate de la firma vasca.
El Gobierno mantiene su apoyo a Gualda, Feijóo habla de "minuto e imputado"
El Gobierno ha expresado su confianza en Beatriz Gualda y en "el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos". Advierte que no hay nada en las diligencias que la comprometa. Desde el respeto a las decisiones judiciales, la Moncloa destaca "la integridad de los profesionales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales" y defiende "el rigor de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)". Recuerdan que ese Fondo ha garantizado la viabilidad de 30 empresas y se han salvado 62.000 empleos. Subrayan además, que este se ha sometido a las auditorias y controles obligatorios.
Desde el PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que "el sanchismo tiene tantos imputados como diputados, 121", comparando los escaños que tiene el PSOE en el Congreso con las causas judiciales que le rodean.
"Es el presidente con más sospechas de corrupción de nuestra historia. Tiene 16 sumarios, 210 tipos delictivos diferentes y peticiones que acumulan en el Código Penal 2300 años de prisión. Es imposible seguir el minuto de imputado de Sánchez, ha asegurado Feijóo en un acto en Murcia en un símil deportivo en pleno Mundial de fútbol.
Hirurok presuntamente amañó contratos públicos e informes
Al margen de Tubos Reunidos, las operaciones bajo sospecha del grupo Hirurok incluyen el cobro de casi 576.000 euros por mediar para que el Parque Empresarial Principado de Asturias adjudicase un contrato público por valor de casi 3 millones de euros a la empresa Erri Berri para el desmantelamiento de las baterías de coque de Avilés. La trama hizo pasar la "comisión" como trabajos de mantenimiento en Pamplona. En el caso de Forestalia, su filial Arapellet pactó pagar al grupo investigado 200.000 euros a cambio de ayudarles a conseguir una inversión de más de 17 millones de euros de la SEPI.
Otro informe en el punto de mira es el que se hizo para favorecer el cambio de sede de Mercasa que costó 18.000 euros. Respecto a Enusa, empresa pública de la que Leire Díez fue responsable de comunicación, se investiga el pago de otro informe por valor de 17.545 euros, para favorecer la concesión de activos a Acciona.
