Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y otra veintena de personas por presuntos amaños en empresas públicas
- También hay tres trabajadores de la empresa vasca Tubos Reunidos, en el foco por el caso Leire Díez
- En total hay 25 personas imputadas y es una pieza derivada del caso Leire
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado este lunes a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas más, entre ellas varios dirigentes de la empresa vasca Tubos Reunidos por el presunto amaño de contratos en empresas públicas.
Según el magistrado, hay "indicios de criminalidad" de los 25 investigados, entre los que además de Gualda se encuentran el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga o Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha y el que fuera presidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta y su director general Carlos López de las Heras. El fundador y expresidente de Forestalia, Fernando Samper, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), Julián Mateos-Aparicio, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere, entre otros.
Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de la exmilitante y supuesta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La UCO cree que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha. Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".
Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok", que compartía información sobre rescates a través de un chat de WhatsApp'. Considera que estaba "junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".
Las operativas bajo sospecha están vinculadas a Tubos Reunidos, Mercasa, Enusa y el Parque Empresarial Principado de Asturias —todas ellas entidades en el ámbito de la SEPI— y, finalmente, el grupo empresarial Forestalia, dedicado al desarrollo de proyectos de energías renovables. En total, se concedieron ayudas y contratos públicos por valor de 132,9 millones de euros de las que, según los investigadores, el grupo Hiroruk se embolsó 750.614 euros en comisiones a través de dos empresas: Servinabar, la mercantil de la que son dueños Antxon Alonso y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que ya está en el punto de mira por la presunta trama de amaño de obra pública del caso Koldo; y Mediaciones Martínez, otra sociedad propiedad de Antxon Alonso; y Next Generation Caliope Innova.
