La UCO registra la empresa vasca Tubos Reunidos y pide información a la SEPI por orden de Pedraz
- Pedraz investiga la presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno
- La SEPI otorgó un rescate de 112,8 millones de euros al grupo industrial en 2021
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este jueves las instalaciones de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio y Bilbao y ha acudido además a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en Madrid, para pedir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Así lo han confirmado a RTVE fuentes del caso y de la empresa pública, desde la que reiteran su "total colaboración con la justicia".
Pedraz dirige la investigación de una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante del partido Leire Díez. Esta semana, el juez ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la causa, aunque ha mantenido bajo reserva una pieza separada, en el marco de la cual es en la que la UCO lleva adelante las diligencias de este jueves.
Tubos Reunidos, que perdió 118 millones en 2025, arrastra una deuda financiera de 263 millones, de los que unos 150 se los debe a la SEPI, su principal acreedor. La sociedad estatal otorgó en 2021 un rescate a la empresa por 112,8 millones de euros. Una operación que aparece en el sumario del ya conocido como 'caso Leire', en el que se hace referencia, entre otras cuestiones, a una reunión el 13 noviembre de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz, entre Cerdán, Díez y dos directivos de la compañía vasca.
En el registro de este jueves a las oficinas del grupo, tanto en Amurrio (Álava), como en la capital vizcaína, se busca documentación sobre una operación patrimonial que pudo servir para desviar 10 millones de euros a la trama que investiga la Audiencia.
Ya en diciembre pasado, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó la detención de la exmilitante del PSOE; el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación en la que se investigaba si los tres cobraron más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.
Ya entonces se especificó que, a partir de las indagaciones de la UCO, se supo que los tres pertenecían a un grupo autodenominado Hirurok que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".
La resolución de diciembre señalaba que, en el caso del rescate a Tubos Reunidos, desde el grupo Hirurok habrían realizado acciones de "intermediación" para que se otorgara esa ayuda, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez".
Una reunión en Ferraz con directivos de la empresa
En el sumario conocido esta semana, se detalla que "las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión".
"Una vez concedida, se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos (Cerdán)", agrega la resolución judicial.
Es a ese respecto que se menciona la reunión celebrada en 2024 en el despacho del entonces secretario de Organización del PSOE, en la sede de Ferraz, junto a Díez y dos directivos del grupo industrial vasco. "Con razón de esta operativa, Vicente (Fernández) habría facturado 40.000€ a Tubos Reunidos", indica el sumario.
"Reunión Tubos Reunidos" es una de las anotaciones en una libreta de notas azul incautada a Leire Díez y que obra en el sumario.
Tubos Reunidos, que perdió 118 millones el año pasado, arrastra una deuda financiera de 263 millones, de los que unos 150 se los debe a la SEPI por un préstamo recibido tras el covid.
La dirección de Tubos Reunidos ya ha avisado de que la situación es muy complicada y que, si no se generan las condiciones necesarias para que alguien esté dispuesto a invertir, el concurso de acreedores podría conducir al cese de la actividad y a la extinción de todos los contratos de trabajo.
Son 1.300 operarios en todo el grupo, de los que 870 están en la planta principal, en Amurrio.
