Los aduaneros de Huelva en la puerta de la droga: de patrulla nocturna con la 'Alcatraz' en busca de narcolanchas
- Los 122 kilómetros de la costa onubense son el punto caliente de la entrada de alijos en Europa
- Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) cuentan su experiencia en peligrosas persecuciones
En el muelle de Levante de Huelva, junto al embarcadero de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), se ven por todas partes los restos de su guerra contra el tráfico de drogas. Una guerra que empieza cada día sin nunca acabar, como la pesada piedra de Sísifo. Son restos a veces trágicos: en un remolque reposa la narcolancha, de 14 metros de eslora y cuatro motores Yamaha de 300 caballos cada uno, con la que mataron a dos guardias civiles e hirieron a otros cuatro en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024. Su piloto espera juicio acusado de arrollar adrede la pequeña zódiac de los guardias. En el agua y en tierra hay al menos otras veinte narcolanchas y barcas de suministro de gasolina incautadas a los transportistas ilegales.
Atracada al embarcadero está la patrullera interceptora de la Guardia Civil Río Antas, que alcanza 60 nudos de velocidad, unos 110 kilómetros por hora. Es el modelo más veloz. Se aprecian unos arañazos en la proa. Son la huella del choque que la Río Antas sufrió con otra embarcación semirrígida de la Guardia Civil el 8 de mayo, mientras las dos perseguían a 80 millas náuticas de aquí en el Atlántico (unos 150 kilómetros) a una lancha rápida sospechosa de ir cargada con un alijo de hachís, cocaína o ambos. Murieron dos guardias de la lancha más frágil, el capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González. Un tercero, el cabo Vicente, sufrió heridas graves, mientras que otro compañero salvó la vida con heridas leves. Los ocupantes de la narcolancha lograron escapar.
Ese mismo día, el 8 de mayo, la tripulación de la patrullera Alcatraz, del SVA, se cruzó con sus compañeros guardias civiles horas antes de la tragedia. El agente aduanero Devi (prefiere dar solo su apodo) recuerda que en el río Guadalete, en El Puerto de Santa María (Cádiz), se habían incautado de centenares de garrafas con gasolina, abandonadas en su huida por los petaqueros que abastecen de combustible a las narcolanchas.
"Regresábamos a nuestra base en Huelva cuando nos cruzamos con las dos embarcaciones de la Guardia Civil que esa mañana temprano salían a perseguir a una narcolancha detectada por el radar", cuenta. Una parecida a la que en el Guadalete se había dado a la fuga horas antes al verse frustrada la operación de trasvase de gasolina. Los aduaneros de la Alcatraz y de otra patrullera pequeña, la Fénix, desistieron de perseguir a la narcolancha del Guadalete porque su propia velocidad máxima, treinta nudos por hora (sesenta kilómetros), es la mitad de la de sus rivales.
El mapa de operaciones
Doce días después, en la noche del 20 al 21 de mayo, un equipo de TVE se embarca en la patrullera Alcatraz para conocer desde dentro el trabajo policial antinarcóticos de los aduaneros de Huelva. El SVA cuenta con 70 miembros en la provincia onubense, 40 de ellos en su unidad marítima. Son menos que en las bases de Málaga, Cádiz y Algeciras, pese a que es por la costa onubense por donde entra ahora buena parte de los alijos.
El SVA, dependiente de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, dispone de 46 embarcaciones y algo más de 2.200 agentes para vigilar e impedir el contrabando y los delitos fiscales a lo largo de los 7.900 kilómetros de costa de España. En ese inmenso territorio, una zona crítica son los 122 kilómetros del litoral onubense.
El agente Devi, antiguo miembro de la Armada, enseña su mapa de operaciones en la pantalla del potente radar: abarca desde la desembocadura del río Guadiana, en la frontera con Portugal frente a Ayamonte, hasta la desembocadura del río Guadalquivir, en el límite con la provincia de Cádiz. De un extremo al otro se pasa por los intrincados laberintos de caños del río Carreras, en Isla Cristina; del río Piedras, entre Lepe y Punta Umbría; de las rías del Odiel y del Tinto, junto a Huelva capital y Palos de la Frontera, y por las playas vírgenes que discurren de Mazagón a Matalascañas y de aquí hasta Sanlúcar por el Parque Nacional de Doñana.
Esta orografía complicada y la ubicación geográfica de la provincia facilita que los mercaderes de la droga elijan Huelva para introducir el hachís y la cocaína que se demanda y consume en Europa. Es la puerta de América desde tiempos de Cristóbal Colón y está cerca del Estrecho de Gibraltar y Marruecos.
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Disparos de advertencia
Esta noche será tranquila en la Alcatraz. Pero las probabilidades de entrar en acción son muy altas: "De cada siete noches, en dos por lo menos tenemos persecuciones", dice el agente Devi. Explican que los momentos más peligrosos son las persecuciones y los abordajes. "Tuvimos que hacer disparos de advertencia para evitar que una lancha nos embistiera", dice un agente sobre una reciente operación.
Pero después de que logren detener a algunos peones del narcotráfico (pilotos, auxiliares, barqueros que les llevan combustible), la situación se relaja mientras los llevan a puerto en cubierta, dice Devi. Entonces, a veces hablan y les cuentan sus motivaciones para dedicarse a este oficio clandestino. "Alguno vacila de sus éxitos, otros dicen que lo hacen porque no tienen otra formación".
La diferencia de los sueldos a un lado y otro de la ley es abismal: "Cobramos al mes unos 1.450 o 1.500 euros", dice un aduanero joven, con la cara cubierta con pasamontañas y pistola al cinto. Los pilotos de narcolanchas cobran más de 25.000 euros por viaje, señala el jefe de la unidad combinada del SVA en Huelva, Carlos Rodríguez. Y un punto, como se llama a los vigilantes que otean la costa para avisar de la presencia policial, gana hasta 900 euros por servicio.
Rodríguez destaca, como sus compañeros, que los transportistas habituales de hachís de Huelva (que no son los propietarios) están dedicándose cada vez más a introducir también cocaína, que vale ocho o diez veces más, ocupando menos espacio. Y que el miedo a perder una mercancía tan valiosa, sobre todo a manos de otros grupos criminales que se la arrebaten en robos conocidos como "vuelcos", a veces disfrazados de policías, ha aumentado el peligro de las operaciones. Se resisten más que nunca a obedecer la orden de "¡alto!" y se han vuelto más veloces y temerarios en sus maniobras.
Para proteger los alijos en los desembarcos, los dueños de la droga subcontratan escoltas armadas con armas de guerra, como subfusiles Ak-47. España prohíbe desde 2018 la tenencia de narcolanchas no registradas, y castiga el abastecimiento de gasolina en garrafas, o petaqueo, bajo la consideración legal del peligro de explosión. Pero estas barreras no han impedido que continúe el lucrativo negocio.
Calcula Carlos Rodríguez que las incautaciones alcanzan como mucho un diez por ciento del total de envíos de cocaína desde Suramérica y de hachís desde Marruecos, y estima que la cocaína supone ya un tercio del volumen total. Un porcentaje que sigue creciendo.
Esperando a la Audaz
El jefe aduanero de Huelva dice que lo más práctico y seguro para detener las narcolanchas no es dispararles a los motores, pues a alta velocidad el riesgo de accidente o de muerte es alto, ni tampoco asaltarlas o interceptarlas en marcha, sino atacarlas "por su punto débil": el nivel de combustible. "Perseguirlas hasta que se les agoten las garrafas y se paren".
Para ello, coinciden todos, necesitan que el SVA les dote de una de las patrulleras súper rápidas tipo Audaz como las que ya han llevado a otras bases de Andalucía y España. Una Audaz sí puede igualar y superar por velocidad y autonomía a las narcolanchas, eliminando así su ventaja. La buena noticia, nos informa luego Carlos Rodríguez, es que le acaban de comunicar que este agosto de 2026 llegará una Audaz a la base de Huelva.
Esta incorporación ayudará a reducir el déficit que denuncian en Huelva, donde, asegura Rodríguez, tanto SVA como Guardia Civil y Policía Nacional disponen de "un treinta por ciento menos de efectivos" que otras provincias costeras. Eso sí, Rodríguez subraya que la provincia, para la población en general, es "muy segura", pese al impacto social que producen las imágenes de aparente impunidad de transportistas de droga que trabajan incluso a plena luz del día. Aclara que "los dueños de la droga" no están aquí sino "en Málaga, Sevilla, Barcelona o Madrid", y que su negocio persistirá mientras haya quien la compre.
El fiscal jefe de Huelva
En su despacho en la Audiencia Provincial de Huelva, su fiscal jefe, el veterano Alfredo Flores Prada, coincide con el responsable del SVA en el diagnóstico sobre el aumento del transporte de cocaína y hachís en Huelva como ruta de entrada en España hacia el resto de Europa. La violencia y resistencia empleada para proteger la mercancía crece en proporción a su valor. Pero ello no quiere decir que les salga gratis. "Las incautaciones han aumentado", defiende Flores para señalar, citando las memorias de la Fiscalía, que el Estado ha redoblado también su respuesta.
En 2025 las autoridades confiscaron 271 narcolanchas y embarcaciones auxiliares en la provincia de Huelva, a una media de más de veinte al mes, y 2026 avanza a un ritmo mayor aún. La fiscal delegada antidroga de Huelva, Ana Laso, alerta de que la infiltración del narcotráfico incluso en cuerpos de seguridad amenaza con convertir a España en un narcoestado. Su compañero Flores matiza en cambio que la corrupción de agentes se da en "casos aislados" y castigados.
En la cubierta de la Alcatraz del SVA, cuatro nuevos agentes en prácticas se preparan para intervenir. Son trigo limpio. Al dinero abultado y peligroso de transportar cocaína, ellos prefieren su modesto sueldo de agente de la ley. Y la adrenalina de perseguir a su presa volando en el mar a cien kilómetros por hora.
