La Justicia británica avala la decisión del Gobierno de ilegalizar a la organización Palestine Action
- El Tribunal de Apelaciones considera ahora que las restricciones impuestas al grupo son compatibles con la ley
- Los defensores de la organización alegan que se trata de la criminalización de la solidaridad con Palestina
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El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha avalado este lunes la prohibición de Palestine Action, el grupo propalestino ilegalizado el año pasado por sus acciones contra empresas vinculadas a la industria armamentística israelí, al concluir que la medida adoptada por el Gobierno fue proporcionada y ajustada a derecho.
La resolución revoca un fallo anterior que había cuestionado la legalidad de la proscripción de la organización y supone un respaldo a la posición defendida por el Ejecutivo laborista desde julio de 2025, cuando incluyó al grupo en la lista de organizaciones prohibidas bajo la legislación antiterrorista.
El Gobierno justificó entonces la decisión por las acciones llevadas a cabo por Palestine Action para obstaculizar el suministro de armamento a Israel. Según las autoridades, esas campañas incluyeron ocupaciones de instalaciones, actos de sabotaje y daños materiales contra empresas del sector de defensa.
La sentencia corrige el criterio mantenido meses atrás por el Alto Tribunal, que había advertido de posibles vulneraciones de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y de manifestación. El Tribunal de Apelaciones considera ahora que las restricciones impuestas son compatibles con la ley dada la naturaleza de las actividades atribuidas al grupo.
La policía detiene a manifestantes a las afueras del Tribunal de la Corona de Woolwich, durante una audiencia en la que activistas de Palestine Action serán sentenciados por allanamiento de la sede de la empresa israelí de defensa Elbit Systems DPA via Europa Press DPA
Denuncian límites al derecho a la protesta
La decisión llega en medio de un intenso debate político y social en Reino Unido. Diversas organizaciones de derechos civiles han cuestionado la ilegalización de Palestine Action por considerar que puede limitar el derecho a la protesta, mientras que el Ejecutivo sostiene que la medida responde a razones de seguridad y no a la defensa de una determinada causa política.
Desde que el grupo fue ilegalizado en julio de 2025, más de 3.000 personas han sido detenidas por participar en concentraciones o exhibir mensajes de apoyo a la organización, según datos citados por activistas y recogidos por medios británicos.
La prohibición convirtió a Palestine Action en la primera organización de acción directa proscrita bajo la legislación antiterrorista británica, una decisión que sus críticos consideran un precedente de gran alcance para futuros movimientos de protesta. Durante meses, organizaciones de derechos civiles, juristas y grupos de defensa de las libertades públicas han advertido de que el caso podría redefinir la frontera entre la desobediencia civil y el terrorismo.
Los partidarios de la medida sostienen, por el contrario, que las acciones del grupo fueron más allá de la protesta pacífica al incluir daños deliberados contra instalaciones militares y empresas del sector de defensa, mientras que sus defensores argumentan que se trata de una criminalización de la solidaridad con Palestina.
