El juez Peinado decidirá en los próximos días si retira el pasaporte a Begoña Gómez, como pide la acusación popular
- Solicitan medidas cautelares para la mujer del presidente y su asesora, Cristina Álvarez, pero no para Barrabés
- El magistrado les ha comunicado el fin de la investigación y tiene tres días de plazo para dictar el auto con su decisión
El juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su asesora Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a una audiencia preliminar a la que tenían "obligación de comparecer" en persona de cara al posible juicio con jurado popular en el que se sentarían en el banquillo. Tras la vista, en la que la acusación popular ha pedido cautelares para Gómez y Álvarez, el juez decidirá ahora si decreta o no algunas de esas medidas, entre las que están la retirada del pasaporte o la comparecencia cada 15 días en el juzgado. Peinado tiene tres días de plazo para dictar el auto con su decisión.
La audiencia preliminar ha comenzado pasadas las 18 horas y se ha alargado más de tres horas. Gómez ha entrado a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje, con una fuerte presencial policial, mientras que los otros dos investigados lo han hecho por la puerta principal. Con este vista se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. Este organismo será el que decidirá si el caso se cierra con un juicio con jurado popular contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Hazte Oir ha pedido como medidas cautelares para Begoña Gómez la retirada del pasaporte y la comparecencia en el juzgado cada 15 días. "Entendemos que hay riesgo de fuga, sino no pediríamos medidas cautelares", ha dicho ante los medios el abogado de la esta organización. Des de Vox han añadido para la esposa del presidente medidas económicas como la prohibición de acercarse a la empresa para que no haga uso del programa informático de la Univesidad Complutense de Madrid.
Del mismo modo que para Gómez, según Hazte Oir, se ha solicitado para Cristina Álvarez la retirada del pasaporte y la comparecencia en el juzgado cada 15 días. En cambio, para el empresario Barrabés no se han pedido medidas cautelares .
Las defensas de los tres acusados y también la Fiscalía han pedido que no se abra juicio oral, argumentando que no existen delitos para ser juzgados. Tras escuchar a todas las partes, el juez Peinado decidirá en los próximos días sobre las peticiones de la acusación popular.
Inicialmente, la citación era para el 9 de junio, pero el juez Peinado la retrasó después de que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, pidiera un aplazamiento alegando que tenía otro procedimiento que le coincidía con la fecha original. El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.
Peinado investiga un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés
Además de los investigados y sus defensas, a la audiencia preliminar han sido citadas la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular.
El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no, han informado a EFE fuentes jurídicas.
En el marco de esta causa, el instructor investiga un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
La defensa y la Fiscalía piden la absolución de Gómez
En su escrito de defensa, la esposa de Sánchez reclamó su absolución en caso de que la causa llegue a juicio al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones. También la Fiscalía pidió al magistrado el archivo del caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.
Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para Álvarez por "presunta malversación" y su papel de "cooperadora necesaria" en los delitos atribuidos a Gómez, mientras que reclaman seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El juez Peinado ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el software que se creó en su seno, y las labores que ejercía su asesora y que, según el juez, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez.
