El juez Calama agrupa las acusaciones populares del caso Plus Ultra bajo la dirección letrada del PP
- Vox fue la primera en presentarse, pero el juez considera la "mayor representatividad" del PP
- La agrupación de las acusaciones populares busca "favorecer la tramitación de la instrucción"
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El juez de la audiencia nacional José Luis Calama ha acordado la agrupación de las acusaciones populares del denominado caso Plus Ultra en la representación legal y dirección letrada del PP con el fin de preservar "el buen orden del procedimiento" y "favorecer la tramitación de la instrucción". Calama investiga, dentro de este caso, una presunta trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea, principalmente para la consecución de la ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, en cuyo "vértice" sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la posibilidad de agrupar de las acusaciones populares, algo que según el auto "no supone la eliminación el ejercicio de la acción popular, sino una modulación funcional de su ejercicio". En todo caso, está destinada a "garantizar la eficacia del proceso y la correcta administración de justicia".
La primera acusación en personarse, según indica el juez, fue la de Vox, que presentó su solicitud a las 16:13 horas del 11 de diciembre de 2025. Aunque el criterio establecido por el tribunal Supremo sería la de priorizar la primera acusación que se personó, el magistrado aclara que "la de Vox no se trató de una personación válida y plenamente eficaz, pues carecía de los requisitos procesales indispensables para su plena eficacia, en particular, la aportación del correspondiente apoderamiento que acreditara la representación invocada".
Calama indica que la segunda acusación que se personó en las actuaciones, "apenas instantes después" que la primera, fue la del PP, que según el auto llegó a las 17:33. En este caso, el auto señala que sí cumplía íntegramente las exigencias legales, con la aportación de "la totalidad de los documentos procesales necesarios". "Desde esta perspectiva -asegura-, no cabe sino concluir que la primera comparecencia procesalmente idónea y eficaz fue la realizada por dicha formación", algo que "justificaría por sí solo la atribución a la misma de la representación unificada de las acusaciones populares".
"Mayor representatividad institucional y social"
El juez señala que, aún en la hipótesis de considerar "que las referidas actuaciones pudieran situarse en un plano de proximidad temporal que relativizara la aplicación estricta de dicho criterio, procedería atender a elementos complementarios que, sin desnaturalizar la regla general, permitan alcanzar una solución acorde con la función que la acusación popular está llamada a desempeñar en el proceso penal y con las exigencias de ordenación de este".
En concreto, según Calama, resulta "razonable" tomar en consideración la "mayor representatividad institucional y social de las entidades concurrentes, en cuanto manifestación objetiva de su capacidad para vehicular el interés general cuya defensa legitima el ejercicio de la acción popular".
Ello, según Calama, no puede basarse en "consideraciones de naturaleza ideológica o de oportunidad política", sino que ha de reconducirse a parámetros "objetivos", entre los que destaca la presencia en las Cortes Generales. "Desde esta óptica, el Partido Popular presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares".
Para el magistrado, agrupar las acusaciones en torno al PP es "la solución que mejor se acomoda a los principios de ordenación procesal y a la finalidad propia de la institución de la acusación popular".
En el marco de esta causa, el magistrado sitúa al expresidente Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias e investiga si se pudo beneficiar económicamente de su supuesto papel como supuesto mediador en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.
El exlíder socialista, que era partidario de unificar las acusaciones "para evitar retrasos en el proceso", ha sido citado a declarar como investigado en este proceso en los próximos días 17 y 18 de junio.
