La Ley de Economía Social entra en vigor para modernizar el sector y potenciar la inclusión de colectivos vulnerables
- La nueva norma refuerza la igualdad, digitaliza las cooperativas y blinda el modelo de las empresas de inserción
- El Gobierno destaca que el sector emplea a 2,5 millones de personas, mientras CEPES celebra este avance jurídico
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Este viernes, 10 de abril, ha entrado en vigor la nueva Ley de Economía Social tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La normativa, que recibió el respaldo definitivo del Congreso de los Diputados el pasado 26 de marzo, busca modernizar el ecosistema legislativo de un sector que, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, da empleo a más de 2,5 millones de personas en España.
La ley nace con el objetivo de "democratizar" y "humanizar" la economía, según palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante el debate parlamentario, Díaz defendió que con esta norma "damos una lección a la ciudadanía, diciendo que podemos seguir trabajando por el bien común".
Un impulso al bien común
La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIIES) modifica cuatro textos legales clave: la Ley de Cooperativas, la de Empresas de Inserción, la de Economía Social y la de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
La vicepresidenta ha celebrado el consenso alcanzado tras un año y medio de tramitación: “Hoy hemos demostrado que, a pesar de las diferencias políticas, somos capaces de ponernos de acuerdo en tres normas con una ley integral”. No obstante, el texto final no incorporó la mayoría de las 40 enmiendas propuestas por el PP en el Senado, las cuales fueron rechazadas en su última votación en el Congreso.
Transformación de las cooperativas
Uno de los pilares de la reforma es la actualización de la Ley de Cooperativas para adaptarla al siglo XXI, permitiendo, entre otras cosas, la celebración de asambleas por medios telemáticos. Además, se refuerza la igualdad de género mediante la creación de Comisiones de Igualdad y el fomento de una presencia equilibrada en los órganos sociales.
La ley también introduce medidas para combatir el intrusismo, endureciendo las causas de descalificación administrativa para aquellas entidades que operen bajo apariencia cooperativa pero vulneren sus principios. Como novedad, se exige a las cooperativas de más de 500 socios disponer de una página web corporativa, aunque para este punto se ha otorgado un margen de un año para su entrada en vigor.
Apoyo a colectivos vulnerables
En lo que respecta a las empresas de inserción, la norma ajusta su definición para garantizar su competitividad y evitar la estigmatización de los colectivos vulnerables. Según el texto legal, estas empresas operan "con la singularidad de atender a una función social esencial para luchar contra las desigualdades".
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha valorado positivamente que la ley establezca que solo los centros especiales de empleo de iniciativa social y carácter no lucrativo sean considerados entidades de economía social. Asimismo, se reconoce el papel "singular" de la ONCE como agente del Tercer Sector y de la economía social.
Reacciones del sector
Desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), su presidente Juan Antonio Pedreño calificó la aprobación como un "gran avance" y un "salto cualitativo" para el sector. CEPES destaca especialmente la simplificación administrativa y la clarificación del catálogo de entidades.
Sin embargo, no todas las valoraciones han sido unánimes. El presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), Luis Miguel Jurado, lamentó que la norma sea una "oportunidad perdida" para el cooperativismo de trabajo, al considerar que su modelo específico "ha quedado diluido en un marco excesivamente amplio".
