En busca de responsabilidades un año después del accidente en la mina de Cerredo
- La investigación sigue en marcha tras doce meses de actuaciones técnicas, judiciales y políticas
- Cuatro personas vinculadas a la empresa matriz Combayl han sido imputadas
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El 31 de marzo de 2025 se tornó trágico en el concejo asturiano de Degaña desde primera hora de la mañana. Una explosión de grisú en el interior de la mina de Cerredo, gestionada por la empresa Blue Solving, terminaba con la vida de cinco trabajadores y dejaba heridos a otros cuatro. Cuatro de los cinco fallecidos procedían del valle de Laciana y el quinto residía en Torre del Bierzo, también en León.
Doce meses después -mientras los homenajes se suceden- las pesquisas técnicas, judiciales y políticas siguen su curso para intentar despejar todas las incógnitas: ¿pudo haberse evitado la mayor tragedia de la minería asturiana en tres décadas? ¿En quién recaen las responsabilidades penales y administrativas?
En este tiempo, tanto algunos de los supervivientes como el Servicio autonómico de Minas han constatado que se estaba extrayendo carbón cuando la compañía no tenía autorización para ello ni guardaba las condiciones de seguridad.
Frente judicial
El Juzgado de Cangas del Narcea mantiene como investigados por cinco delitos de homicidio por imprudencia y otros cuatro de lesiones a Jesús Rodríguez Morán, dueño de la empresa matriz Combayl, a su mujer Ana María Rodríguez y a su hijo Adrián Rodríguez, así como al director facultativo y, por tanto, máximo responsable de la seguridad de la mina, José Antonio Fernández Casillas.
También ha prorrogado la instrucción por la falta de informes y declaraciones, aunque levantó el secreto de sumario a mediados de febrero, unos días antes de que la Comisión constituida en el parlamento asturiano recabase los últimos testimonios.
Frente político
Depurar responsabilidades políticas. Ese es el objetivo de la Comisión de Investigación de la Junta General del Principado, por la que durante siete meses han desfilado más de 70 comparecientes. La que ha sido su presidenta, la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos, Covadonga Tomé, estima que emitirán un dictamen a finales de este mes de abril tras analizar toda la documentación recabada.
Comisión de investigación parlamentaria del accidente en Cerredo
En el punto de mira están la Dirección General de Minas, sus inspecciones y los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) con los que autorizaba la extracción de carbón que no tuviese destino térmico, que en el caso de Blue Solving contaban con una subvención del Instituto para la Transición Justa (ITJ). La cuestión es si estos fueron utilizados como 'tapadera' para seguir extrayendo mineral. Cabe recordar que la mina de Cerredo reabrió en 2022 pese a haber recibido ayudas europeas para su cierre, y que en ese mismo año otro trabajador murió allí.
Tras la remodelación de la Consejería de Transición Ecológica, consecuencia de la dimisión de su entonces titular Belarmina Díaz, el actual director General de Minas mantiene el argumento compartido desde el primer momento: si hubiesen sabido que allí se extraía carbón clandestinamente, "no cabe duda de que se hubiese actuado", ha declarado Javier Cueli en RNE.
Javier Cueli, Director General de Minería del Principado
Las actuaciones del Servicio de Minas del Principado están siendo objeto de un informe encargado a la Inspección General de Servicios de la administración asturiana, con el que se pretende aclarar si hubo errores y cómo puede mejorarse. Este documento aún no ha visto la luz.
A todo ello se suma la polémica desatada tras desvelarse que, hasta hace un año, el Ministerio para la Transición Ecológica desconocía que en Asturias se seguía picando carbón. Un fallo de comunicación que el Gobierno del Principado asegura haber subsanado ya.
