La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre 'Anboto', podrá salir de prisión en régimen de semilibertad

• Detenida en 2004, cumplió 16 años de condena en Francia y seis en España, por lo que acumula 22 años de prisión
• La AVT califica la decisión como un "mazazo": "Se está utilizando como un tercer grado encubierto"

La exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, Anboto, durante su comparecencia en la Audiencia Nacional en 2021. EFE

El terror de ETA dejó más de 850 personas asesinadas, según datos del Ministerio del Interior. También miles de heridos y décadas de extorsión, exilio y miedo en la sociedad española. En 2018 llegó el fin de este negro periodo de nuestra historia reciente a través de un comunicado leído por tres encapuchados, entre ellos Soledad Iparraguirre 'Anboto' y Josu Ternera.

Histórica militante de la banda terrorista ETA, Anboto cumple una condena de más de 400 años en la prisión donostiarra de Martutene y se le imputan más de una docena de asesinatos. Desde este lunes podrá salir de la cárcel durante el día, y volver solo para dormir. Un régimen de semilibertad que ha concedido el Gobierno Vasco y que ha de confirmar la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Aparece contemplado en el artículo 100.2 del Reglamento de Prisiones. No es un es un tercer grado, sino una fórmula dirigida a la "preparación" para la salida de prisión del reo y ayudarle en su resocialización, y puede adoptarse cuando el cumplimiento de la condena está avanzado.

Para conseguirlo, el interno debe entregar un "plan de ejecución" en el que acredite que va a trabajar o llevar a cabo labores de voluntariado, y comunicar los horarios correspondientes. La decisión será ratificada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta el informe no vinculante de la Fiscalía. Sin embargo, la decisión del Gobierno Vasco es "ejecutiva" puede hacerse efectiva desde este mismo lunes. Este régimen fue concedido recientemente al ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

Iparraguirre fue detenida en Francia en 2004

Nacida en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961, Iparragirre estuvo vinculada con la banda armada desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987, y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993. Se le imputan más de una docena de asesinatos como el comandante del ejército Luciano Cortizo o el cartero Amurrio Estanislao Galindez. Además se le investiga en las causas relacionadas con las muertes de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, entre otros.

Iparraguirre llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto a al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salis-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En ese momento, supuestamente era encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista. Procesada por la juez antiterrorista Laurence Le Vert por un delito de dirección u organización de banda terrorista, en diciembre de 2010 fue condenada junto a su pareja, Mikel Albisu, a 20 años de cárcel por el Tribunal de lo Criminal de París.

Reclamada desde 2004 por la justicia española por delitos de pertenencia a banda armada y por su presunta participación directa en numerosos atentados cuando formaba parte del "comando Araba", Francia la entregó el 4 de septiembre de 2019 para responder ante los tribunales de nuestro país.

En su primer juicio en España, en 2020, fue condenada a una pena de 122 años de prisión por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León. Su segunda causa fue como cooperadora necesaria en un atentado con granadas en la Comisaría de Policía Buenavista de Oviedo, en 1997. Aunque la fiscalía pidió 71 años de prisión, en enero de 2021 la Audiencia Nacional la absolvió al considerar que ya había sido condenada en Francia por su pertenencia a la dirección de ETA y por preparar atentados en España estando en el país galo, donde se instalaba la cúpula etarra.

En su tercera vez en el banquillo en España, se enfrentaba a una petición del fiscal de 488 años de cárcel por su presunta participación en un atentado frustrado contra un dispositivo de la Policía Nacional en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria) en 1985. Aunque en un principio fue absuelta de ese delito, posteriormente el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio. En la nueva vista fue condenada a 425 años de cárcel por este atentado.

Fue condenada también a 39 años de prisión por el asesinato del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galindez el 26 de junio de 1985 y a 46 años de cárcel por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de Eskoriatza (Gipuzkoa) que finalmente no causó víctimas.

Y sancionada a otros 15 años de prisión en septiembre de 2021 por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.

En 2018 Anboto, junto a Josu Ternera, daba voz al comunicado que bajo el título "Declaración final de ETA al pueblo vasco", la organización terrorista ponía fin a su trayectoria con la intención de "para favorecer una nueva fase histórica". Terminó su mensaje con la frase "ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él".

Txeroki obtuvo el mismo régimen en febrero

Anboto podrá beneficiarse desde este lunes de la misma medida penitenciaria que el exjefe de la banda terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', quien desde el pasado mes de febrero puede salir en régimen de semilibertad de la prisión de Martutene, en San Sebastián. Txeroki puede salir de la cárcel durante el día, entre semana, pero debe pernoctar en el centro penitenciario, donde permanece los fines de semana.

La medida para Txeroki fue autorizada por el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Martutene, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento, aunque permanece en segundo grado, sin que se le haya concedido el tercero.

En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldó esta decisión del Ejecutivo del del País Vasco respecto a Txeroki: dijo encontrar "procedente" la aplicación de este régimen aunque solicita al mismo tiempo que pida perdón a las víctimas causadas en Francia.

La AVT recibe la noticia como "un mazazo"

La abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, ha calificado la aplicación de este régimen a Anboto como "un mazazo". En declaraciones a RTVE Noticias, Ladrón de Guevara ha explicado que esta decisión "se suma" a otras en política penitenciaria, que según explica "está mas centrada en sacar a los etarras de la cárcel que en hacerles justicia".

"No deja de ser duro", ha incidido, "que cada semana amanezcamos con un nuevo 100.2 o nueva progresión al tercer grado". Según la letrada, esta posibilidad del ordenamiento jurídico se introdujo "como medida excepcional, pensando en razones médicas" para reclusos que no podían someterse a tratamientos médicos en el centro penitenciario y necesitaban salir para obtenerlo. Sin embargo, continúa, "en los últimos años se aplica de forma generalizada a todos los presos". Y denuncia que "en el caso de los presos etarras se está utilizando como un tercer grado encubierto, como un paso previo a aquellos etarras que no cumplen con requisitos para acceder al tercer grado". Con la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario pueden, estando "en segundo grado, salir todos los días de prisión". "A las victimas del terrorismo les cuesta entenderlo y a sus abogados nos está costando explicárselo", insiste.

En el caso de Anboto, añade la abogada, se ha visto beneficiada por la ley aprobada por el Parlamento hace un año "que permitía el reconocimiento de las penas cumplidas en Francia". En el país galo Iparraguirre cumplió 16 años, y otros seis en España: "en total 22". "Esa es la referencia que se está tomando" para aplicar el precepto legal, por lo que, explica Ladrón de Guevara, "en el momento en que se reconoce la pena francesa el computo cambia mucho".

Contra esta decisión, además, no cabe recurso, una reivindicación, reconoce la abogada, que pide la AVT: "la posibilidad de que las víctimas podamos recurrir el tercer grado o estos 100.2".

También la asociación Dignidad y Justicia ha criticado la decisión, que califica como "el resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa". "Todos estos terceros grados encubiertos solo reflejan que el Estado de Derecho no funciona, que la reinserción es mentira y que existe un pacto entre Bildu y el PSOE que parece estar por encima de la ley, de las víctimas del terrorismo, de la democracia y de los ciudadanos", ha subrayado la organización en un comunicado.

El PP acusa a Sánchez de "utilizar la política penitenciaria" para "mantenerse en el poder"

En la mima línea, la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno de "utilizar la política penitenciaria como instrumento político para mantenerse en el Poder". En una rueda de prensa, Gamarra ha recordado que "fue el propio Otegui el que dijo que si había que apoyar presupuestos para que los condenados por terrorismo estuvieran en las calles, los apoyaría". La popular ha insistido en que "cuando hablamos de Sanchismo hablamos de corrupción política moral", y de todas ellas, "la más grave es su acuerdo con Bildu": "Hoy en las calles del País Vasco hay condenados por terrorismo que han obtenido beneficios penitenciarios a cambio de que Bildu ha apoyado a Pedro Sánchez".

"Hoy", ha continuado Gamarra, "es una consejera del Partido Socialista de Euskadi, que forma parte del Gobierno vasco, quien apoya de esta manera la política penitenciaria para que estén en las calles, sin arrepentirse y sin colaborar con la justicia".

La popular ha acusado al presidente del Gobierno de "abandonar a las víctimas por mantenerse en el poder". Por eso desde la oposición, dice, "vamos a denunciarlo" y también presentarán en el Congreso una proposición no de ley para revisar la política penitenciaria "tanto para la prisión permanente revisable como para el artículo 100.2"