El Gobierno da el primer paso para aprobar las medidas anticorrupción anunciadas por Sánchez tras el caso Cerdán

• Los condenados no podrán acceder a beneficios penitenciarios hasta que devuelvan íntegramente las cantidades extraídas
• Según Montero, es una legislación "muy amplia" que entrará en vigor antes de que acabe la legislatura

El Gobierno da el primer paso para aprobar las medidas anticorrupción anunciadas por Sánchez tras el caso Cerdán

"Vengo a proponer medidas para que no vuelva a pasar". Así defendía Pedro Sánchez el pasado verano su Plan Anticorrupción, en pleno estallido de los presuntos casos de corrupción en torno a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE. El anuncio se empieza a materializar, ocho meses después, en la Ley Orgánica de Integridad Pública, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Un texto que podría llegar al Congreso de los Diputados antes del verano y que, el Ejecutivo confía, entre en vigor antes de agotar la legislatura.

La norma, que ha recibido este martes el impulso del gabinete de Sánchez, incluye según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un total de 84 medidas que modifican 18 leyes, seis de ellas orgánicas. Es por tanto, según Montero, una regulación "muy ambiciosa" y también "muy amplia", con medidas que incluyen el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos.

Cambios en la contratación pública y controles para los partidos

La Ley Orgánica de Integridad Pública introduce cambios en materia de contratación pública, como hacer "público y accesible" el registro de empresas con prohibiciones para contratar con la administración. Además, se incrementarán las condenas de inhabilitación para acceder a estos contratos públicos para aquellas empresas condenadas por prácticas corruptas. Actualmente, esa pena es de 15 años, pero el nuevo texto legal la extenderá hasta los 20. Durante ese periodo, además, "no podrán recibir subvenciones o beneficios fiscales", según ha relatado Montero.

Además, se endurecerán los controles en torno a las donaciones que reciban partidos políticos y fundaciones. Tendrán que informar en el plazo de un mes por aquellas que superen los 2.500 euros en vez de los 25.000 euros actuales.

Y se establece para los partidos la obligación de realizar "auditorías independientes" de sus cuentas. Aquellos que incumplan esta medida recibirán los efectos de un "endurecimiento del régimen sancionador", con la aplicación de "sanciones graves o muy graves", equivalentes "al doble de la donación no publicada", según ha explicado la ministra.

Por otra parte, se creará la Agencia Independiente de Integridad Pública. Un nuevo organismo que será el responsable de coordinar en España la protección de los intereses financieros contra el fraude, diseñará mapas de riesgo, gestionará el canal de denuncias, tendrá un sistema de protección de las personas informantes, instruirá procedimientos sancionadores y gestionará el registro de grupos de interés. Esta agencia integrará a tres organizaciones: la Oficina de Conflicto de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Ampliación de la prescripción de los delitos de corrupción

Con esta nueva norma, según Montero, "se podrá dedicar más tiempo a investigar delitos complejos", ya que se amplía la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años.

Y se trabajará para recuperar el dinero malversado a través de la "oficina de recuperación y gestión de activos" y la capacidad del Estado para embargar bienes desde el inicio de la investigación a través de figuras como el "decomiso sin condena" y el "decomiso de riqueza no justificada". Ambas contarán, según ha indicado la vicepresidenta, con "garantías judiciales" y se basarán "en la trasposición de normativa europea".

Además, la nueva norma quiere establecer que los condenados por delitos de corrupción no puedan acceder a beneficios penitenciarios, ya sean permisos de tercer grado o libertad condicional, hasta que hayan devuelto íntegramente las cantidades extraídas del erario público y sus respectivos intereses, según han informado fuentes del Gobierno a RTVE.

Del mismo modo, el anteproyecto plantea regular la figura de los lobbies o grupos de presión, lo que la ley denomina "huella normativa". Según han comentado fuentes gubernamentales, en todos los proyectos de ley que se vayan a aprobar, habrá un informe que recoja todas las reuniones en las que los responsables de la elaboración de esa ley han tenido con representantes de grupos de presión. Además, se reflejará quién y qué ha propuesto, de ahí el título de huella normativa.

Por último, también se establecerá límite a los contratos menores, y se endurecerá la ley para limitar su repetición y encadenamiento. Además habrá un mayor control y exigencia para la contratación de emergencia.

El Gobierno confía en que la ley esté en vigor antes de agotar la legislatura

El texto del anteproyecto, que está en primera vuelta, volverá a pasar por el Consejo de Ministros antes del verano para remitirse al Congreso durante el presente periodo de sesiones y que la Cámara Baja comience la tramitación a la vuelta de las vacaciones. Por lo que, preguntada por la fecha de su aprobación, la vicepresidenta primera del Ejecutivo cree que "dará tiempo para hacerlo durante la legislatura, que, como saben, durará hasta mediados del 27".

María Jesús Montero se ha mostrado optimista respecto al apoyo de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, ya que tras la ronda que se hizo con todos ellos, fue "unánime" la opinión de que debe existir un "organismo independiente" que proteja el anonimato y pueda realizar las prácticas necesarias hasta que esos delitos puedan llegar a los juzgados.