El coordinador de la Abogacía de la Generalitat avaló confinar a la población ante el riesgo de la presa de Forata
- Ignacio Lleó confirma una llamada del subsecretario de Justicia para consultar la viabilidad jurídica de la medida
- La jueza de la dana cita a los escoltas de Mazón y a mandos de la UME para reconstruir la tarde del 29 de octubre
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La instrucción judicial sobre la gestión de la dana en la Comunitat Valenciana ha sumado este martes un testimonio clave. El coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó, ha declarado como testigo que dio el visto bueno jurídico a un posible confinamiento de la población durante la tarde de la catástrofe.
Según fuentes jurídicas, Lleó ha detallado que la consulta se produjo mediante una llamada telefónica realizada por el entonces subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García, alrededor de las 20:45 horas del 29 de octubre de 2024. En esa comunicación, se le trasladó la situación crítica de la presa de Forata y se le preguntó por la legalidad de ordenar confinamientos o traslados forzosos de ciudadanos.
La vida como "bien supremo"
Durante su declaración, el abogado ha ratificado que su respuesta fue afirmativa y estrictamente verbal, sin que se llegara a solicitar un informe por escrito. Lleó ha argumentado ante el magistrado que la protección de la vida humana debe prevalecer sobre cualquier otro derecho constitucional, lo que habilitaba jurídicamente a la Administración para tomar medidas excepcionales de restricción de movimientos en un contexto de emergencia climática.
Esta declaración coincide con los datos que ya constan en la causa penal, donde se investiga si hubo negligencia en el aviso a la población. El testigo, no obstante, ha precisado que desconoce cómo obtuvo Ricardo García la información sobre el estado de la presa o qué medidas concretas se estaban debatiendo en ese momento en el seno del Cecopi.
Consultas telefónicas sin rastro documental
El informe de la Abogacía de la Generalitat aportado a la causa subraya que no existió ninguna consulta formal por escrito por parte de las consellerias de Justicia, Medio Ambiente o Presidencia. Sin embargo, el rastro de las llamadas telefónicas confirma la inquietud en el Palau de la Generalitat durante las horas críticas de una tragedia que dejó 230 víctimas mortales.
Además de la llamada de Lleó, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, también contactó con el abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez, para avisarle de que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas —actualmente investigada en la causa penal—, podría necesitar un informe urgente para dictar resoluciones de emergencia.
Pese a la disponibilidad mostrada por los servicios jurídicos, tras esos contactos telefónicos no se volvió a recibir ninguna petición de informe adicional ni se llegó a formalizar resolución alguna en ese sentido.
Los escoltas de Mazón y la UME, nuevas citaciones
La titular del Juzgado de Catarroja ha dado un nuevo impulso a la investigación judicial sobre la gestión de la DANA con una batería de citaciones en calidad de testigos. Entre los llamados a declarar destacan tres escoltas del expresident Carlos Mazón, fijados para el próximo 9 de febrero, así como su chófer y el subinspector jefe de seguridad, que comparecerán el día 20 del mismo mes.
La magistrada busca determinar si el personal de seguridad pudo escuchar llamadas o comentarios relevantes durante la tarde del 29 de octubre, especialmente en lo referente a las comunicaciones entre Mazón y la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, también investigada en la causa.
Asimismo, el calendario de comparecencias se extenderá durante el mes de marzo con testimonios clave para reconstruir la respuesta de los servicios de emergencia. La jueza ha citado a dos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para los días 4 y 5 de marzo, además del diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, cuya declaración está prevista para el día 2.
Estas diligencias, notificadas este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), pretenden esclarecer la coordinación entre las distintas administraciones y los mandos militares en las horas críticas de la catástrofe.
