Ocho de cada diez docentes alertan del aumento de agresiones de los alumnos hacia el profesorado
- Una macroencuesta, realizada a más de 13.000 profesores, revela problemas como la falta de recursos
- El 96%, perteneciente a centros públicos, se siente "agotado" y "sepultado" por la burocracia
El 96% de los docentes de centros públicos españoles confiesa que está "agotado" y "sepultado" por la burocracia, sobre todo en el ciclo de secundaria, y además de no sentirse respaldados por la administración ni valorados por la sociedad, advierten de que el elevado número de alumnos por aula les impide dar una atención adecuada.
Un estudio publicado este lunes por los Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), y que ha sido elaborado sobre una encuesta a 13.213 profesores y profesoras de toda España, muestra que la causa principal del malestar de los docentes se debe al papeleo administrativo, a las elevadas ratios en las aulas y a un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado e incluso por parte de las familias. Ocho de cada diez docentes preguntados percibe que se están incrementando las agresiones del alumnado al profesorado.
"Si queremos conciliar calidad, equidad e inclusión, rebajar el altísimo porcentaje de repeticiones y la tasa de abandono educativo temprano, no queda más remedio que incluir más de un profesional docente en aquellas aulas que lo requieran", señala el informe entre sus propuestas para mejorar la situación, mientras revela que este contexto estaría provocando un notable incremento de los problemas de salud mental y de las bajas laborales entre el profesorado.
"Exigimos la publicación urgente de un protocolo de prevención de agresiones que elimine cualquier violencia hacia el docente", señala, al tiempo que recuerda que el 86% del profesorado de la escuela pública cree que la administración no les respalda lo suficiente. "La educación se ha convertido en rellenar hojas con protocolos infinitos", afirman algunos de los profesores entrevistados mientras otros inciden en que se han convertido en "administrativos con escolares alrededor" y ocupan más de la mitad de su jornada en justificar actividades en vez de en preparar clases.
"Empeoramiento claro de la convivencia escolar"
En la presentación del informe ante los medios, STEs ha subrayado que los resultados reflejan un "empeoramiento claro de la convivencia escolar". El 82,62% del profesorado valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, por encima de la media se encuentran algunas comunidades, como Extremadura (90,48%), Ceuta (87,04%) y Canarias (87,52%).
En relación con las agresiones por parte del alumnado, el 83,15% del profesorado percibe un aumento de las agresiones verbales, que en algunos casos llegan a ser físicas y se producen con una frecuencia cada vez mayor. Esta percepción es especialmente significativa entre los docentes de Navarra (95,65%), Ceuta (92,59%), Extremadura (90,48%) y en Cataluña (85%).
Asimismo, el estudio indica que el 76,66% del profesorado se muestra de acuerdo con la afirmación de que existen actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de las familias, una percepción especialmente compartida por el profesorado de Euskadi (95,00%) y Ceuta (83,33%), y que contribuye a incrementar la tensión cotidiana en los centros educativos.
"Fatiga crónica"
El profesorado percibe que debe actuar como psicólogo, asistente social, enfermero, informático o administrativo "pese a carecer de formación y recursos para ello", avisan tras explicar que la carga extra es de más de 10 horas semanales. "Se ha generado una fatiga crónica", subraya el informe ,que recuerda que las elevadas ratios chocan con la realidad de unas aulas cada vez más diversas y complejas.
La nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, será la encargada de llevar al Parlamento la nueva ley que plantea bajar esas ratios y reducir la jornada lectiva de los profesores, aunque los sindicatos insisten en que su implantación debe ser inmediata y no progresiva, al mismo tiempo que inciden en que tiene que afectar a todo el alumnado con necesidades de apoyo y no solo con necesidades educativas especiales (NEE).
"El incremento de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea por discapacidades, trastornos, situación de vulnerabilidad o desconocimiento del idioma, no ha venido acompañado de los recursos de apoyo necesarios", recalca STEs, que también se hace eco del insuficiente salario de los docentes.
"Ofensiva privatizadora"
Cataluña y Euskadi son las comunidades con más quejas por exceso de burocracia, elevadas ratios y pérdida de poder adquisitivo, mientras que en Extremadura el profesorado es el que se ve más abandonado por la administración. Con este panorama, STEs advierte de la "alarmante escasez" de profesorado para cubrir vacantes, debido "a la degradación de la profesión" que "está provocando un abandono inédito".
El estudio recuerda que en 1977 apenas se invertía el 2% del PIB en educación y hoy en día no se supera el 4,5%: "Exigimos que se invierta el 7% del PIB". Además, siete de cada diez docentes encuestados denuncia la "ofensiva privatizadora" y exige mayor inversión, también en la Formación Profesional.
Para STEs, la FP de centros públicos requiere un impulso ya que "los equipamientos están obsoletos y las instalaciones muy deterioradas por la falta de mantenimiento". Critican que la OCDE promueva programas denominados 'Fast-Track' para contratar docentes y señalan que "degrada la docencia" al sustituir la formación pedagógica por cursos acelerados en enseñanzas no regladas "y privadas". "Ocurre en la FP, donde se llega a contratar personal sin titulación universitaria bajo el eufemismo de expertos en el sector productivo", recalca este sindicato.
A ello se suma la pérdida continuada de poder adquisitivo. El 91,89% del profesorado considera que su salario no se ha revalorizado adecuadamente, y el 88,34% estima que no es acorde a sus responsabilidades, con una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 20%. En este apartado, el desacuerdo se percibe principalmente entre los docentes de Cataluña (97,50%), Euskadi (95,00%) y Aragón (92,57%), lo que evidencia el malestar salarial generalizado en el conjunto de España.
