Excarceladas otras 87 personas detenidas en las protestas de 2024 tras la tercera elección de Maduro en Venezuela
- Las liberaciones se produjeron durante la madrugada de Año Nuevo en el penal de Tocorón
- Los familiares exigen una amnistía general ante la continuidad de los procesos judiciales
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El Comité de Madres en Defensa de la Verdad ha informado este jueves, 1 de enero de 2026, de la excarcelación de 87 personas que permanecían recluidas en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado de Aragua.
Estos ciudadanos habían sido arrestados en el contexto de las movilizaciones sociales que sacudieron el país tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Las liberaciones, producidas de madrugada, representan el primer movimiento de este tipo en el nuevo año, tras la paralización de las revisiones de casos que se mantenía desde marzo del año pasado.
El colectivo de familiares ha calificado este avance como un "logro de la movilización popular", aunque advierte de que se trata de una libertad condicionada. Los excarcelados mantienen abiertas sus causas judiciales y permanecen sujetos a medidas cautelares. Por ello, el comité ha insistido en la necesidad de una amnistía general que otorgue la "libertad plena" a quienes consideran detenidos arbitrariamente por motivos políticos.
Liberaciones que se suman a las de Navidad
Estas cifras se suman a la última tanda de liberaciones registrada el pasado 25 de diciembre. En aquella ocasión, el Gobierno venezolano elevó el número de beneficiados a 99 personas, mientras que las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal situaron la cifra verificada por encima de los 60. La disparidad en los datos ha sido una constante desde que se inició la crisis política derivada de los comicios de 2024.
El origen de este conflicto se remonta a la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer mandato, resultado que fue calificado de "fraude" por la oposición mayoritaria liderada por Edmundo González Urrutia.
Según la Fiscalía venezolana, más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas de delitos de terrorismo durante los disturbios posteriores. Sin embargo, las ONG denuncian que se trata de presos políticos que han pasado más de un año en prisión sin garantías procesales.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro mantiene su postura oficial asegurando que en Venezuela no existen presos políticos, sino personas procesadas por la comisión de delitos graves. Pese a esta retórica, el goteo de excarcelaciones sugiere una reactivación del proceso de revisión de expedientes que los familiares de los detenidos llevaban reclamando desde hace meses ante la parálisis administrativa y judicial.
