Políticas migratorias más duras, rechazo a los "cordones arbitrarios" y menos impuestos: el PP marca su hoja de ruta
- El partido no había debatido su ideología y su posicionamiento social desde su último congreso ordinario en 2017
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La gran cita del PP este fin de semana no solo buscaba revalidar el liderazgo de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sino también actualizar sus bases y establecer su hoja de ruta política para tratar de llegar a la Moncloa. Por ello, en el marco de su XXI Congreso Nacional, los 'populares' han aprobado por unanimidad su nueva ponencia política, en la que se han reivindicado como un "partido de centro-reformista" frente al "Gobierno corrupto" que tiene sumida a España en el "desaliento".
Según el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, el nuevo ideario como "una puerta abierta" a la "inmensa mayoría de españoles que quieren pasar página del caos" y construir el futuro desde "la moderación, el diálogo y la empatía". Un mensaje que encaja con la encomienda que los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy han hecho a Feijóo: lograr una "mayoría ancha" que le lleve al Gobierno.
El partido no había debatido su ideología y su posicionamiento social desde su último congreso ordinario –que tuvo lugar en 2017 con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y del PP– y en la ponencia política que han alumbrado este sábado refleja cómo han cambiado ocho años después las discusiones políticas.
Entre otras cosas, en el nuevo ideario recopilan los argumentos que el PP ha venido enarbolando desde la llegada de Feijóo a la Presidencia del partido: establece la "política como un servicio" o defiende que España es una nación igualitaria, sin españoles "de primera y segunda". También abordan temas más específicos y de rigurosa actualidad: recogen compromisos como el de ser implacable con las denuncias falsas sobre violencia machista, hablan de la crisis de acceso a la vivienda y, a nivel internacional, ponen el foco en la guerra comercial con China o la situación en Gaza.
Estas son las claves de su ponencia:
Rechazan los "cordones arbitrarios" y el nacionalismo "egoísta"
En su ponencia, los 'populares' comienzan exponiendo su política institucional, centrados especialmente en los ámbitos de la democracia y la justicia. Así, como punto de partida, plantean la necesidad de establecer "un proyecto nacional, coherente y libre de imposiciones", con un "gran acuerdo" que refuerce los consensos.
A través de sus propuestas y sus planteamientos, dejan entrever mensajes directos y velados contra el Gobierno del PSOE, al que acusan de querer imponer "cordones arbitrarios" a otros partidos y usar "el marco competencial" como "un zoco en el que comprar mayorías parlamentarias". "El socialismo actual lleva años queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático", afirman. Un guiño que abriría la puerta a pactar con Vox en el futuro, como ya han hecho en varias comunidades autónomas. Al mismo tiempo, muestran su rechazo por los nacionalismos, que aseguran que "nacen del supremacismo" y de "una visión egoísta de la patria".
Los 'populares' también cargan contra la corrupción tachándola de "fractura moral" y defienden que "la independencia judicial es intocable" y no puede estar "sometida ni a los vaivenes políticos ni a las presiones de ningún Gobierno". Entre otras cosas, afirman que el indulto "no volverá a ser un privilegio político".
Por otro lado, subrayan que el Estado de derecho necesita "instituciones sólidas" y aseguran que garantizarán "la neutralidad de los presidentes, directores y responsables de organismos independientes del Estado", como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo o el CIS, entre otros. Además, se adentran en la política fiscal y apuestan por una financiación autonómica "transparente y equitativa" ante las "inconsistencias del sistema".
De la violencia machista al endurecimiento de la política migratoria
En el ámbito social, el PP ha dejado de fijar un posicionamiento sobre el aborto, un tema que tradicionalmente ha creado división en el seno del partido. Como ocurrió con el matrimonio igualitario, que terminó naturalizando y aceptando pese a que también lo recurrió ante el Constitucional, el PP obvia su anterior oposición a la interrupción voluntaria del embarazo. En cambio, apunta ahora que "la decisión de tener un hijo tiene que ser personal" y se enfocan en facilitarla, con medidas como la de apoyar la congelación de óvulos o tener en cuenta al "concebido no nacido" de cara a los beneficios familiares. Además, reivindican "el papel fundamental del padre" en la estructura familiar.
En esta parte de la ponencia también exponen el problema de acceso a la vivienda y consideran que hay que ampliar el suelo edificable, eliminar burocracia, reducir impuestos y facilitar el acceso a la hipoteca. Asimismo, inciden en que "la ocupación y la 'inquiocupación' son una anomalía en Europa", por lo que establecen como una prioridad "devolver la seguridad jurídica a la propiedad privada" endureciendo las penas y permitiendo "que el desalojo sea inmediato".
En materia de igualdad, el PP sustituye el término de violencia de género por el de violencia machista y promete una respuesta firme contra este delito estructural, al tiempo que incorpora críticas a "las defectuosas reformas parciales" acometidas en la ley del solo sí es sí. Por ejemplo, pide combatir la violencia machista "sin criminalizar a los hombres por el mero hecho de serlo" o "ser implacable con las denuncias falsas": "La justicia consiste en juzgar a los culpables, no en condenar a los inocentes".
También aborda los derechos del colectivo LGTBI abogando por proteger a los menores y "retrasar al máximo cualquier tratamiento de cambio de sexo" para que esas decisiones se tomen "solo con plena madurez y con el acompañamiento psicosocial y médico adecuado". Además, rechazan que la autodeterminación de género pueda establecerse en el Registro Civil sin la exigencia de informes ni tratamientos, ya que consideran que esta posibilidad provoca inseguridad jurídica y profundiza "en el borrado de las mujeres".
En cuanto a migración, apuesta por endurecer la política migratoria y desligar el empadronamiento de personas en situación irregular con las prestaciones económicas. También promete tolerancia cero con los migrantes que cometan delitos, apuesta por el control de fronteras y rechaza el burka o el niqab al considerar que "invisibilizan u oprimen a la mujer" y que colisionan con la seguridad. No obstante, subrayan que "el inmigrante no debe ser estigmatizado, porque no es ni víctima ni verdugo".
Además, la ponencia aboga por derogar la ley de memoria histórica y avanza reformas legales para que no puedan concurrir en las listas electorales aquellos que hayan cometidos delitos de sangre, lo que afectaría a los condenados por terrorismo.
Impuestos, gestión del agua y transición ecológica
En materia económica, el PP establece cuatro aspectos: el apoyo a los autónomos para "impulsar la competitividad", reformar el mercado laboral para beneficiar "la cultura del esfuerzo" y "disminuir el absentismo laboral"; la gestión del agua y la energía, y las políticas fiscales, con una bajada de los impuestos.
Sobre el primer punto, el partido sostiene que la innovación no es solo "un aspecto accesorio", sino "clave para recuperar la soberanía económica". Por ello, aboga por reducir la burocracia y la sobrerregulación, y garantizar un acceso seguro y sostenible a las materias primas fundamentales para favorecer la industria. En cuanto a los salarios, insisten en que "esto va de que suba el salario medio, no solo de que el Estado aumente el mínimo". "El salario mínimo debería ser el menos frecuente de los salarios, y no el más habitual entre los trabajadores", agregan.
En el documento, el PP vuelve a pedir un Pacto Nacional en materia de agua basado en el consenso con "todas las comunidades autónomas" e insiste en que abordar el cambio climático no puede "construirse a costa del bienestar", por lo que apuesta por una transición ecológica "ordenada, realista y justa" con los ciudadanos. Además, muestran su apoyo a la prórroga de la energía nuclear.
Por último, defienden impuestos bajos para todos, aunque incidiendo especialmente "en las rentas más modestas, los jóvenes, las familias y las clases medias", con el fin de que "puedan elegir libremente a qué dedican ese dinero". De este modo, avanzan que incorporarán el 'derecho al error' en el ordenamiento tributario español para "minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales".
Marcan la seguridad y los vínculos con la OTAN como una "prioridad"
En la política internacional, marcan la seguridad y la defensa como una "prioridad". "Buscamos un retorno: proteger a nuestros ciudadanos, ayudar a nuestros aliados y defender nuestros valores", afirma la ponencia, que ve el vínculo con la OTAN "indispensable". Por ello, instan a desarrollar "una industria de defensa europea competitiva y avanzada que garantice nuestra autonomía estratégica" y cumplir con los compromisos de inversión asumidos en el seno de la Alianza Atlántica "con el aval del Congreso de los Diputados", una de las exigencias que han trasladado de manera reiterada al Gobierno.
Por otra parte, reivindican la soberanía española de Gibraltar. "No puede entrar en la UE por la puerta de atrás", critican, en referencia al acuerdo cerrado hace unas pocas semanas sobre el estatus del peñón cinco años después del 'Brexit'. A juicio de los 'populares', es "imprescindible" garantizar los derechos de los trabajadores españoles, acabar con la "competencia fiscal desleal" y el blanqueo de capitales.
También hacen alusión a socios estratégicos, como los vecinos europeos o los lazos con Latinoamérica. En este punto, subrayan que "debemos estar atentos y actuar unidos" ante China, especialmente en cuestiones económico-comerciales. "Tenemos que utilizar todos los instrumentos para evitar distorsiones provocadas por malas prácticas chinas", apuntan.
Por último, en relación a Gaza e Israel, afirman que el "drama humano es insostenible", piden que los rehenes sean liberados "inmediatamente" y que la población civil en Gaza sea "protegida y ayudada sin la opresión de la organización terrorista Hamás". Todo ello apostando por la solución de los dos Estados "siempre que existan interlocutores válidos y reconocibles" y "sin imposiciones unilaterales".
