Colombia contra su pasado: el atentado a Miguel Uribe reabre las heridas de la violencia política en el país
- El Estado sudamericano ha sido testigo de un acto de violencia directo contra un político por primera vez en más de 30 años
- El ataque se inscribe en un clima hostil de polarización y violencia armada en plena campaña electoral
El atentado contra el senador del partido Centro Democrático Miguel Uribe Turbay el pasado sábado en Bogotá ha hecho saltar las alarmas en Colombia. El ataque, perpetrado por un menor de edad durante un acto de campaña, ha reabierto las heridas en un país que las creía parcialmente cerradas tras el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por primera vez en más de tres décadas, el Estado sudamericano vuelve a presenciar un acto de violencia contra un político en plena contienda electoral.
La historia de Uribe Turbay, nieto de un expresidente e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en uno de los capítulos más oscuros del conflicto con el narcotráfico de Pablo Escobar, es uno de los muchos ejemplos del legado de los 'años de plomo' colombiano. El ataque, aunque insólito, es también reflejo de una Colombia que desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia ha vuelto a mostrar síntomas de una revitalización de la violencia armada.
"Cabe decir que, en el marco de la campaña electoral en la cual resultó electo el presidente Gustavo Petro, ya se produjo un ataque con arma de fuego a su carro cuando era candidato", precisa el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil Ramírez.
De igual forma, hechos más recientes como los disparos contra el coche oficial de la vicepresidenta, Francia Márquez, en 2024, sumadas a decenas de homicidios contra líderes sociales en lo que va de 2025, confirman la tendencia de que la democracia colombiana corre el riesgo de quedar bajo fuego cruzado.
"Por lo general, las elecciones nacionales no son violentas, pero sí se mantiene un patrón de violencia política a nivel subnacional", establece el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Manuel Camilo González. "Solo en 2023, que fue la última elección local-regional en Colombia, el 60% de los candidatos subregionales se sintieron inseguros o sufrieron algún tipo de victimización", subraya.
El ataque contra Turbay se inscribe en un clima crecientemente hostil. La polarización política se ha intensificado, el discurso público se ha radicalizado y la violencia armada ha vuelto a la campaña electoral.
Una violencia fragmentada
Tras el acuerdo de paz con las FARC, muchos imaginaron un país en proceso de reconciliación. "Tras su desmovilización en 2016, el país había entrado en un cierto nivel de apaciguamiento; pero en los últimos cinco años, el vacío que [las FARC] dejaron ha creado un proceso creciente de acciones militares en los territorios del país, protagonizadas por grupos como el Ejército de Liberación Nacional [ELN]", expone Gil Ramírez.
Formaciones más fragmentadas y violentas como el Estado Mayor Central (EMC), el Clan del Golfo y el ELN han expandido su influencia territorial, multiplicando sus fuentes de ingreso a través de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.
En 2024, y en base a informes de la Defensoría de Pueblo colombiano, el ELN estaba activo en 232 de los 1.100 municipios de Colombia frente a los 189 de 2022, mientras que el Clan del Golfo operaba en 392, un 54% más que hace dos años.
"Lamentablemente, el copamiento territorial que se esperaba por parte del Estado después de la desmovilización y reintegración de las FARC ha fracasado", reconoce Gil Ramírez. "Hay razones que dan a su vez fe de las dificultades para controlar ciertos territorios muy vastos o con una geografía muy abrupta, donde también hay una ausencia histórica del Estado", añade.
El caso en la región de Catatumbo, en el noreste del país, es paradigmático. La ofensiva del ELN contra el EMC y Frente 33 a principios de 2025 rompió un pacto tácito de no agresión que había reducido parcialmente los enfrentamientos entre 2022 y 2024. Dicho territorio, clave para el tráfico de cocaína hacia Venezuela, está controlado actualmente en un 90% por el ELN.
Solo en el primer trimestre de la ofensiva se contabilizaron cientos de muertos y más de 90.000 desplazados, según Naciones Unidas. Este es el mayor evento de desplazamiento masivos en Colombia desde 1997, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Desde el inicio de la crisis, el Gobierno colombiano ha decretado en Catatumbo el Estado de excepción y la Fuerza Pública ha desplegado a más de 10.000 uniformados. En mayo, el presidente, Gustavo Petro, anunció una "zona de paz" en la región tras llegar a un acuerdo con Frente 33, aunque con resultados ambiguos.
"Un punto importante que destacan los estudios de seguridad de Colombia es que se ha perdido la capacidad de inteligencia para prevenir el delito tras ser desmantelada por usarse principalmente para perseguir a opositores políticos", distingue González. "Por eso estamos ante este escenario de mayor violencia, donde realmente no sabemos cuántos grupos criminales tenemos ni su modus operandi", razona. El lunes, la Fiscalía de Colombia señaló que un grupo criminal organizado planeó el atentado contra el senador Turbay.
La fallida política de 'paz total'
Por el momento, la política de 'paz total' impulsada por Petro está en zozobra tras numerosas mesas de diálogo fallidas. Su apuesta por negociar simultáneamente con los grupos armados ha terminado en el limbo, con treguas parciales que han sido sistemáticamente violadas.
"El Gobierno, en su afán de sacar la paz adelante, lo que está haciendo es incrementar el poder y la influencia territorial de las organizaciones criminales", recalca González. "Pese a darles beneficios y garantías para que se puedan desmovilizar, ellos mantienen sus negocios ilícitos y rutas de narcotráfico, lo que hace que la gente vea que el Estado no está haciendo nada", aduce.
Pero no solo los grupos criminales han roto con las negociaciones. El pasado 6 de junio, el Ejército colombiano atacó a una de las disidencias de las extintas FARC en la vereda Puerto Pores de Cartagena de Chairá, después de abandonar los contactos con las unidades del llamado Estado Mayor de Bloques y Frente, grupo que gobierna Calarcá (región del centro-oeste del país).
En este escenario de constantes desacuerdos, los secuestros han crecido un 79% y las extorsiones un 96%, según datos de mayo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos Los homicidios, por otro lado, han tenido un tibio descenso, en torno a un 4%, si bien este porcentaje excluye las muertes en operativos militares y policiales.
De hecho, los grupos armados no han dejado de mantener la presión para alimentar su influencia en los municipios que controlan. Ello explica el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales y representantes de los los Consejos de Acción Comunal en los últimos meses.
"La necesidad que tienen estos grupos es la de alcanzar una posición ventajosa en la mesa de negociaciones con tal de replicar o incluso mejorar lo que tuvo las FARC", sostiene González. "Si tú quieres entrar a la política, obviamente tienes que renunciar a todo lo ilícito. Estas agrupaciones ya están acostumbradas a la lógica criminal, muy lucrativa, y donde puede que lo político no sea necesariamente una respuesta a sus intereses", argumenta.
Una democracia amenazada
El atentado contra Miguel Uribe ha demostrado que la violencia ha llegado al corazón de las ciudades y a la esfera institucional. "La violencia en Colombia es una violencia de la periferia, que sucede en aquellos territorios con una conexión geográfica muy importante con el mercado de las drogas o la minería ilegal, pero no necesariamente en centros grandes como Bogotá, Medellín o Cali", reitera González. "Este intento de asesinato ha traído a colación que la violencia se está desbordando", aventura.
El evento, además, ha exacerbado aún más las disputas políticas en la democracia colombiana. "El propósito no es otro que ensuciar la campaña, teñirla de sangre al atacar a una persona que además es un representante muy claro de la élite histórica, política y económica del país", considera Gil Ramírez. "Esto le ha generado un problema gravísimo de gobernabilidad a Petro, pues muchos sectores de derecha y de centro derecha han acusado al presidente de ser el responsable de este atentado por el ambiente de pugnacidad en el cual se ha embarcado con sus discursos", añade.
Con todo, el foco de la violencia sigue teniendo como objetivo predilecto a la población civil de la periferia. Según detalla un informe de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), los grupos más expuestos son los agricultores, quienes enfrentan mayores amenazas en aquellas zonas aptas para el cultivo de coca, y los ganaderos, quienes son un blanco preciado para los secuestros.
"En las ciudades, con la excepción de este último caso, la sensación es que la violencia no es un problema que tenga que ver con ellos", concibe Gil Ramírez. "Esa es una historia que ya tiene un antecedente, y es que cuando se votó el plebiscito en el año 2016 para el acuerdo de paz, la inmensa mayoría de la población de la ciudad votó por el 'no', frente al 'sí' de la la gente de las zonas rurales", rememora.
El intento de asesinato de un precandidato presidencial es una alarma encendida que no puede ser ignorada ni relativizada. La violencia política, que durante décadas marcó el pulso del país, ha vuelto con fuerza y ha desviado la agenda política del Ejecutivo de Petro.
"La agenda social del Gobierno ha pasado a un segundo plano, y ahora estamos hablando de seguridad, de todas estas opciones de militarizar el orden público al estilo Bukele", comenta González. "Con el acuerdo con las FARC, uno pensaba que se había pasado la página, pero esto de alguna forma ha dejado otros temas totalmente relegados frente a la demanda de la población para que exista una mayor seguridad", concluye.
