Endesa e Iberdrola presentan al Gobierno una propuesta para extender la vida útil de las nucleares
- La carta no ha sido firmada ni por Naturgy ni EDP, las otras compañías que suscribieron el cierre pactado en 2019
- El protocolo alcanzado prevé la clausura del parque nuclear español entre los años 2027 y 2035
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Endesa e Iberdrola han presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares, según han indicado fuentes ministeriales.
No obstante, el Gobierno ha considerado que la carta "es una declaración de intenciones que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal", dictadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
En concreto, estas líneas rojas pasan por el hecho de que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. Según ha informado este viernes Cinco Días, las eléctricas han presentado una propuesta de revisión del calendario nuclear.
De esta manera, se pide ampliar la central extremeña de Almaraz, la primera que tiene previsto su cierre en 2027 un grupo y el otro en 2028. Este protocolo fue acordado por las empresas y Enresa, hasta 2030, lo que implicaría una bajada de la denominada tasa Enresa, los pagos para financiar el coste de gestionar los residuos y desmantelar las centrales, del 18% al dividirse la recaudación por más años de producción, añade el diario.
Naturgy y EDP no firman esta propuesta
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han confirmado que han recibido una carta relativa a la prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola. A pesar de esto, la carta no ha sido firmada ni por Naturgy ni EDP, las otras dos compañías que suscribieron el protocolo de cierre alcanzado en 2019, que prevé la clausura del parque nuclear español entre 2027 y 2035.
En varias centrales, como la de Almaraz que forma parte de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación. Iberdrola es el accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital, mientras que Endesa participa con un 36% y Naturgy con un 11,3%.
Fuentes ministeriales han subrayado que esta carta es una declaración de intenciones, condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales, "en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, han abierto en los últimos tiempos la puerta a estudiar una ampliación de la vida útil de las nucleares.
A principios del pasado mes de mayo, Sánchez afirmó en el Congreso de los Diputados que la prórroga de la actividad de las centrales nucleares más allá de 2035 dependía de los tres criterios mencionados anteriormente.
Ampliación de Almaraz hasta 2030
Tanto Iberdrola como Endesa se han mostrado ya claramente dispuestas a ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz, siempre que se den las condiciones propicias para ello. También Naturgy ha respaldado una ampliación de esta central hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España.
No obstante, la fiscalidad que pesa sobre la nuclear es uno de los grandes temas que las compañías propietarias piden poner sobre la mesa a la hora de abordar esta extensión.
Un reciente estudio de Ernst & Young, señala que España es el único país que cuenta con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares, como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas. Todos estos tipos impositivos suponen 9,2 euros por megavatio hora (MWh).
El estudio compara la fiscalidad y los mecanismos de financiación del desmantelamiento y la gestión de residuos radiactivos en siete países europeos con programas nucleares consolidados (España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Finlandia, Suecia y Suiza). Este análisis destaca que el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y las ecotasas, que no hay en otros países, no tienen como destino específico cubrir ningún coste asociado a la operativa nuclear.
Estos tributos forman parte de la carga que tienen los operadores de España, la cual se estima en un total de 27,3 euros/MWh brutos (28,6 euros/MWh netos), según los cálculos del informe.
