El ex número 2 de Interior Francisco Martínez desempeñó un "rol central" en la red de ciberataques que lideraba Alcasec

• Martínez y Alcasec ingresaron en prisión provisional el pasado jueves tras ser detenidos en la llamada operación Borraska
• Francisco Martínez fue secretario de Estado de Seguridad entre 2011 y 2016 durante el Gobierno de Mariano Rajoy

Francisco Martínez, el ex número dos de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz. EFE/Fernando Alvarado

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga una presunta trama que robó y vendió datos de organismos públicos y privados, considera que Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, desempeñó un "rol central" en la red de ciberataques que presuntamente lideraba el hacker José Luis Huertas, alias Alcasec.

"Su función abarcaría el diseño y la operación del blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos del grupo, en especial a José Luis Huertas, operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente", gracias a la asesoría de Martínez, abogado en ejercicio y que asistió a Alcasec en su primera detención en 2021 cuando era menor de edad.

Así se desprende de fuentes jurídicas a las que ha tenido acceso RTVE, después de que la magistrada enviara el pasado jueves a prisión a Francisco Martínez.

"Su perfil profesional, que combina conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política, debido a los cargos de dicha naturaleza desempeñados por él en el pasado, lleva a inferir, a tenor del resultado de las investigaciones, que es él quien brindaría cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada, liderando también las acciones de blanqueo de imagen y legitimación pública", señala la jueza.

El investigado conocía "las actividades ilegales del grupo"

Según fuentes jurídicas, las consultas realizadas por Martínez "tienden a satisfacer sus propias necesidades de información, lo que evidencia su utilización consciente de los recursos ilícitos de la organización para fines personales o profesionales". Martínez habría realizado incursiones, gracias a las herramientas implementadas por Huertas, a bases de datos obtenidas ilícitamente (como las de la DGT o CNMC).

Este acceso, otorgado por Huertas, "revela no solo una relación de confianza operativa, sino también un conocimiento concreto por parte del investigado de las actividades ilegales del grupo".

La investigación de estos hechos partió de una denuncia por el acceso a los servicios informáticos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la filtración masiva de datos personales correspondientes a titulares de líneas de telefonía móvil.

La investigación ha evidenciado "una red compleja que integra estructuras empresariales, conexiones personales e institucionales, y profesionales que garantizan la continuidad y expansión del entramado criminal".

Uno de los elementos clave de este entramado es su "capacidad para almacenar, organizar y cruzar grandes volúmenes de datos", mediante la utilización de plataformas tecnológicas especializadas en el análisis masivo de información, previamente usurpados mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas durante años a organismos públicos y privados.

"Comercialización de información sensible"

"A partir de esta acumulación progresiva, la organización ha construido perfiles detallados de personas e instituciones, con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible", siempre según fuentes cercanas a la causa que se mantiene en secreto.

El núcleo tecnológico está constituido por un servidor ubicado en Suiza, con sede en Zúrich, contratado mediante criptomonedas y correos electrónicos temporales para garantizar el anonimato y dificultar la identificación de los responsables.

La administración remota del servidor se realiza desde múltiples ubicaciones, entre ellas el domicilio de Huertas, la sede social de la empresa Horus y locales comerciales vinculados a sus actividades, "lo que evidencia un esquema descentralizado y compartimentado".

Martínez y Alcasec ingresaron en prisión provisional el pasado jueves tras ser detenidos dos días antes en la llamada operación Borraska junto a otra persona, Adrián M., que también fue a prisión, y un cuarto detenido en Andorra, el youtuber Álvaro Martín, respecto al que la Fiscalía ha pedido a la juez que reclame su extradición.

En su declaración ante Tardón, Martínez aseguró que no se ha enriquecido con los datos con los que presuntamente comercializaba el hacker, y que solo intentó ayudarle, primero como abogado y luego como referente, a entrar en entornos profesionales o a crear dos sociedades, de las que ha asegurado que desconocía su evolución.

El ex número 2 de Interior entre 2011 y 2016 se encuentra pendiente de juicio por el caso Kitchen de presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, en el que se enfrentará a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, y está imputado en la causa en la que se investiga un presunto espionaje a miembros de Podemos, si bien hasta ahora no se había decretado su ingreso en prisión provisional en ninguna de estas causas.