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El PSOE niega una operación para acabar con la UCO y el PP acusa al Gobierno de "perseguir" a la Guardia Civil

  • El Confidencial publica que personas ligadas al PSOE habrían buscado información comprometedora de Antonio Balas
  • Se trata del teniente coronel de la UCO responsable de las pesquisas a la mujer y el hermano de Sánchez y del caso Koldo
  • La autora del audio ha reconocido a RTVE la veracidad, pero los enmarca en un trabajo de investigación para escribir un libro
El PSOE niega una operación para acabar con la UCO y el PP acusa al Gobierno de "perseguir" a la Guardia Civil
RTVE.es

El PSOE ha desmentido “de forma categórica” que exista una operación clandestina de los socialistas para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía, a raíz de una información publicada en las últimas horas. "Es falso", sentencian, y prevén iniciar acciones legales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que esta publicación refleja “la decadencia más absoluta” de la política.

Este lunes, el diario El Confidencial ha hecho público un audio en el que supuestamente personas ligadas al PSOE solicitan a Alejandro Hamlyn, un empresario que es juzgado en la Audiencia Nacional, información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo, el fiscal general del Estado y las investigaciones en torno a Begoña Gómez y David Sánchez, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.

Según el digital, la conversación tuvo lugar en una reunión telemática celebrada en febrero, a la que asistió una antigua teniente de alcalde socialista llamada Leire Díez Castro. Señala que trabaja en Ferraz, que fue jefa Comunicación en la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024). Junto a ella están el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y según el diario también "colaborador de Ferraz" y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros letrados que no participaron en la conversación, aunque pueden verse en una imagen publicada.

La publicación desvelada por El Confidencial apunta que con quien estas personas conversan es con Alejandro Hamlyn, un industrial detenido por la UCO en abril de 2019 por un fraude en la venta de combustible que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros y cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia.

En una conversación con RTVE, la propia Díez ha reconocido la veracidad de los audios, pero los enmarca en un trabajo de investigación para escribir un libro sobre el caso Hidrocarburos. Además, ha defendido que no tiene ninguna vinculación contractual ni orgánica con el PSOE, sino que solo es militante de base y que no es la número dos ni la "fontanera" del secretario de organización del partido, Santos Cerdán.

El PSOE lo desmiente y critica la "ofensiva diaria contra los socialistas"

El Partido Socialista ha asegurado que relacionar al partido con las personas que aparecen en los audios "solo busca un salto más" en lo que entiende como una "ofensiva diaria contra los socialistas". Además, denuncia que se le imputan unas actividades "de forma falsa e interesada".

“El PSOE se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas, ante una publicación que considera difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido”, prosiguen las fuentes.

Avisan además de que "ninguna de las personas" que aparece en la grabación que publica el diario digital "está en nómina en el PSOE": "Decir lo contrario solo busca un salto más en esta ofensiva diaria contra los socialistas".

Posteriormente, fuentes socialistas han incidido en que la grabación "en ningún momento habla en nombre del PSOE" y confirma que tomarán acciones legales contra El Confidencial.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado tras la publicación de la noticia su confianza en la UCO. "Yo confío en todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional", ha asegurado el ministro, que ha pedido no olvidar que son funcionarios públicos que trabajan, en este caso, como Policía Judicial bajo las directrices de jueces o de la Fiscalía y bajo los principios de "neutralidad y objetividad".

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado a preguntas de los periodistas en un encuentro económico que el Gobierno "actúa siempre en colaboración con la justicia, con total transparencia y con total contundencia". Una actitud y una "contundencia", ha dicho, que echa de menos en el PP ante casos como el de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al que se ha referido como "presunto defraudador fiscal".

“Cada día que pasa, la ‘nada’ contra el PSOE va a más, pero estamos fuertes y no nos van a quebrar”, ha denunciado por su parte la portavoz socialista, Esther Peña, que ha asegurado que estas formaciones están destinadas a “causar un daño reputacional” al Partido Socialista. Se ha remitido al comunicado de su formación y ha subrayado que “ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están ni han estado nunca en nómina”.

Y ha sido muy dura contra el PP y contra el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, por sus "exabruptos", y les han dicho que son ellos los "expertos en cloacas". Dicho esto, ha recordado "la guerra sucia contra Podemos" o la 'operación Kitchen'.

Feijóo: "Cuando un Gobierno persigue a la Guardia Civil algo ha fallado"

En el PP, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha sido preguntado por esta información en una entrevista en Telecinco. “En la España en la que yo creo a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama”, ha proclamado.

Además, ha criticado que “cuando un Gobierno protege a un fiscal general que ha borrado pruebas y se persigue a la Guardia Civil, algo ha fallado” y sitúa esta noticia “en la decadencia más absoluta” de la política, por lo que ha asegurado que “conviene un corte quirúrgico y empezar una nueva etapa”.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha calificado “de tal gravedad” los hechos que cree que “son comportamientos más propios de una organización de carácter mafioso” que de un partido político. Ha asegurado que “esta operación nace en el PSOE”, ya que a su juicio no podría haberse llevado a cabo “sin que lo sepa su secretario general”, Pedro Sánchez.

"Ha afirmado que “quien es inocente no se afana en borrar pruebas” y ha criticado que Sánchez “se ha puesto demasiado del lado de quienes delinquen frente a quienes persiguen delitos”. Ha dicho que “ha convertido al PSOE en un aparato de presión institucional” y que está dispuesto a “reventar el Estado de derecho” para protegerse a él “y a su entorno”.

Pero ha avisado de que “toda la verdad se sabrá, caiga quien caiga”. Ha llamado además a que “alguien” del PSOE “levante la voz y exija que esto pare”: “¿Qué institución va a dejar libre de mancha este Gobierno?”.

También se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que ha asegurado en la red social X que “las cloacas de Ferraz” están “a pleno rendimiento para difamar a los guardias civiles que investigan su vertedero de corrupción”. “Sánchez no tiene límites y la degradación es total, pero no logrará torcer el brazo a la democracia y al Estado de derecho. Somos muchos más los que trabajamos por defender lo que él quiere someter a toda costa”, ha añadido.

Y el alcalde madrileño, el ‘popular’ José Luis Martínez Almeida, ha publicado en la misma red social: “El PSOE se querelló contra mí por llamarles organización corrupta, no parece que estuviera muy equivocado”.

Fuentes del Partido Popular han confirmado que llevarán a la comisión de investigación del Senado a Leire Díez, a quien tachan de "fontanera sanchista" por haber "tratado de extorsionar al jefe de Delincuencia Económica de la UCO". Asimismo, el partido también analizará "en clave jurídica" los audios publicados sobre esta operación "de acoso y derribo a la Guardia Civil" y advierten de la opción de ponerlos a disposición judicial ante la posibilidad de que sean constitutivos de delito.

Asociaciones de la Guardia Civil muestran "preocupación" por los audios

Varias asociaciones de la Guardia Civil han trasladado su “preocupación” tras la filtración de estos audios. En concreto, Jucil ha denunciado en un comunicado la “purga sistemática” que ha estado realizando el Gobierno durante los últimos años en el seno de la Guardia Civil, “en especial contra la UCO”, la unidad que ha demostrado “mayor independencia y valentía” a lo largo de su historia.

En ese sentido, indican que ahora “se pretende apartar” al actual teniente coronel de la UCO, “responsable de investigaciones clave que afectan al entorno del presidente del Gobierno”, después de la destitución en 2018 de Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la UCO, y de Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, en ambos casos cesados por el Ministerio del Interior por “pérdida de la confianza”.

Por otra parte, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) aseguran que “todo es muy preocupante” y defienden la “profesionalidad” de los agentes de la UCO, a quienes “hay que dejar trabajar con independencia y pleno sometimiento al Estado de derecho y a los dictados de las autoridades judiciales”.

En una misma línea se ha pronunciado Independientes de la Guardia Civil, quienes también han manifestado su "máxima preocupación" por los audios: "La UCO representa una de las unidades más prestigiosas y eficaces en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Su independencia debe ser defendida sin ambigüedades. Cualquier intento de condicionar o desmontar su labor es un ataque directo al corazón del Estado de derecho".